Majaderos e inmorales

Escribió Ortega y Gasset que quien solo se ocupa de política y todo lo ve políticamente es un majadero, pero que quien nunca se ocupa de política es un inmoral. No es esta, ciertamente, la única causa de inmoralidad. Estamos gobernados en general por una coalición de majaderos e inmorales en la que no faltan los que pueden adscribirse a las dos condiciones.

Vivimos hoy una de esas épocas en las que no ocuparse de política constituye una grave inmoralidad. Padecemos una intensa crisis de legitimidad. Esto es algo que puede ver todo el que no se niegue a mirar. El Gobierno no reconoce legitimidad a la oposición, ni esta al Gobierno. Es esta una cuestión de hecho sobre la que es inútil disputar. Otra cosa es a quién le asista toda o la mayor parte de la razón. Ni siquiera la legitimidad de origen del Gobierno es pacífica, pues abundan, y no sin razón, quienes consideran que el Ejecutivo puede ser legal, pero, al apoyarse en grupos que aspiran a la destrucción de la Constitución y alguno es heredero del terrorismo que nunca ha condenado, ha perdido la legitimidad de origen. La pérdida de la de ejercicio resulta aún más clara.

Con la legitimidad se nos escapa la democracia. Este escape tiene varios puntos de hemorragia que es urgente cortar. En primer lugar, la existencia de pactos ilegítimos, alguno secreto, con fuerzas políticas totalitarias o enemigas de la Nación, o ambas cosas. El PSOE ha dejado de ser un partido constitucionalista y está operando un golpe de Estado desde dentro del Estado. De la ley a la ilegalidad. El caso del Ayuntamiento de Pamplona lo prueba por sí solo y constituye una indignidad y una traición a la democracia y a los derechos fundamentales. No es un Ayuntamiento «progresista», si esta palabra tiene todavía algún sentido, sino un Ayuntamiento apoyado por delincuentes condenados por terrorismo. En segundo lugar, el ataque o eliminación de los principios fundamentales en los que se asientan las democracias: el respeto a los derechos, la división de poderes y la independencia del Poder judicial. Y, en tercer lugar, y la relación bien podría continuar, el hostigamiento a la oposición. Una cosa es defenderse de las críticas de la oposición o, incluso que, en alguna ocasión, esta pueda extralimitarse, pero lo que no puede hacer nunca un Gobierno democrático es hostigar y deslegitimar a la oposición. Sin esta, no hay democracia. Entre los medios de combatir el despotismo democrático están el Poder judicial, los derechos individuales, la Prensa libre, el aprecio de los ciudadanos a su libertad, el control ejercido por la oposición y la educación.

Sobre la oposición del PP, la que no aspira a contribuir al barullo, cabría hacer algunas observaciones, que pueden esperar a otro comentario, pero siempre debe existir una coherencia entre el diagnóstico y las medidas que se adopten. Si uno estima, y no faltan motivos para pensarlo, que asistimos a un golpe de Estado, incruento y con apariencia de legalidad, la oposición debe actuar como se actúa ante un golpe de Estado, de manera incruenta también, pero utilizando todos los instrumentos de que dispone. Y, desde luego, nunca tratando al Gobierno como si fuera democrático, constitucional y normal. Los ciudadanos, esclavos felices, que miran hacia otro lado y a quienes no les importa la deshonra mientras disfruten del bienestar, acabarán por tener deshonra y miseria.

Algunos se sorprenden de que la izquierda haya traicionado a la Nación. No hay sorpresa. El guion estaba escrito. Véase el libro de César Alonso de los Ríos La izquierda y la Nación. Por lo demás, la cosa está muy clara en los clásicos de la izquierda radical. Vuelve la vieja sombra de la anomalía española y el alejamiento de Europa. Solo en España sucede algo así. Comunistas en el Gobierno, separatistas apoyando y pactando con él, sometimiento del Poder judicial al Ejecutivo y ensayos de cancelación de la oposición. Todo ello a manos de una coalición de majaderos e inmorales.