La agonía de la Constitución

La Constitución ha cumplido cuarenta y cinco años y no es seguro que vaya a cumplir uno más. La celebración del miércoles tuvo un cierto aire funeral. Le sucede como a esos enfermos graves que, en su cumpleaños, se aventura sobre si llegarán a celebrar el siguiente. Los síntomas son agudos. Existe un proyecto deliberado para acabar con ella. La enfermedad surgió bajo el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Entonces se emprendió un proceso para incorporar a ETA a la vida pública y excluir al PP. Cuando la organización terrorista estaba derrotada por el Estado de derecho, el Gobierno socialista la rehabilitó. Hoy gobierna con su apoyo. Se trataba de romper la concordia e impugnar la Transición desde la izquierda. Grave irresponsabilidad del PSOE. El proyecto de Sánchez no es sólo un ambicioso plan de ambición personal, sino la continuación del emprendido en los años infames de Zapatero. Si no se considera esto, es imposible entender lo que está sucediendo.

Desacreditada la Transición, la Constitución se convierte en un estorbo, en una inaceptable herencia franquista que debe ser demolida. A esto asistimos. Algunos ignorantes o felices. Muchos, heridos, pero no abatidos. He aquí los principales síntomas de la enfermedad.

La ley de amnistía presentada al Congreso no es constitucional. No hace falta que la Carta Magna explícitamente la excluya. Es suficiente el rechazo a los indultos generales. Si lo menos está excluido, con razón mayor lo estará lo más. El indulto perdona el delito; la amnistía lo elimina. En este caso, no perdona a los golpistas catalanes; considera que no delinquieron y, por lo tanto, que los poderes del Estado obraron injustamente contra ellos. No es reconciliación; es sumisión.

Ningún atentado contra la unidad de España ni, por lo tanto, ningún reconocimiento del derecho de secesión de una de sus partes es compatible con la Constitución. Su artículo 2.1 afirma que ella se fundamenta en la unidad de la nación española, patria común e indivisible de los españoles. No sólo la unidad está garantizada por ella; es que se fundamenta en esa unidad. No es posible negociar la unidad de España sin destruir la Constitución. Las concesiones del Gobierno a los separatistas son incompatibles con el artículo 14 de la Constitución que establece el principio de la igualdad de los españoles ante la ley. Los pactos realizados y las decisiones políticas ya adoptadas destruyen el principio de la separación de poderes y la independencia del poder judicial.

El establecimiento de una negociación entre España y Cataluña, como si de dos naciones en conflicto se tratara, entablada fuera del territorio nacional y tutelada por un mediador extranjero, además de una humillación a la nación, entraña una vulneración del principio establecido en el artículo 1.2 de la Constitución: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». El futuro de España ya no se decide en el Parlamento, sino en una negociación secreta realizada entre dos partidos políticos, en realidad, entre el Gobierno y el separatismo catalán, fuera de España y con un supervisor extranjero. La soberanía ya no reside en el pueblo español, sino en un lugar de Suiza en el que el Gobierno de la nación negocia de tú a tú con parte de una parte de ella. Porque no negocia con Cataluña, sino con su porción separatista.

En su cuadragésimo quinto aniversario, la Constitución agoniza. Eso no significa que vaya a morir. Significa que lucha por no morir. Pero está amenazada de muerte. Es natural que uno mire hacia la institución que tiene como misión defenderla, pero ella se encuentra bajo sospecha de parcialidad. No está descartado que el médico pueda ser el asesino. El Tribunal Constitucional podría estar en vísperas de adoptar la más extravagante de las decisiones: que destruir la Constitución es constitucional. Una Constitución suicida.