Dato mata relato
Sí, la inmigración irregular está relacionada con la delincuencia. Y mirar para otro lado es algo que ya no hacen ni en Alemania
El 98,7 % de los nuevos internos en cárceles españolas son extranjeros, de los cuáles un 16,5 % proceden de países de la Unión Europea: el 83,5 % restante vienen de países del Magreb o subsaharianos. El incremento anual de la población penitenciaria ha sido de en torno a un 5 %, hasta situarla en número de una ciudad mediana española, del tamaño de Cuenca, por ejemplo.
De los 56.698 reclusos que cumplen condena o están en prisión preventiva en alguna de las 69 cárceles distribuidas por toda España, el 31,2 % proceden de otros países, lo que arroja una conclusión irrebatible: si el 13 % de la población total de España asume un tercio de los delitos penados, la inmigración sí está relacionada con la delincuencia y sí es responsable en buena medida de la inseguridad ciudadana. Su tasa delictiva es más del doble que la autóctona.
No es una opinión: es un dato y una conclusión irrebatible con las cifras oficiales incluidas en la memoria del Ministerio del Interior, al que pueden y deben añadirse todos los matices, explicaciones, contextos y causas que se quiera, pero sin esconder la evidencia matemática.
Una ayuda a entender el fenómeno: buena parte de esa delincuencia no procede del inmigrante integrado, con papeles, deseoso de trabajar y encantado de participar en el sistema de derechos y obligaciones que permite la subsistencia de algo parecido a un Estado de bienestar: en esos casos, las tasas de delincuencia son similares o inferiores a la nativa, lo que demostraría que la causa fundamental del delito es, antes que la nacionalidad, la raza, la cultura o las creencias; las circunstancias.
Pero si se acepta esta explicación, que es cierta salvo en algún tipo de delito relacionado íntimamente con los valores medievales de quienes los cometen, con la mujer como víctima por su subordinación «cultural» en origen; se tiene que asumir a la vez que la inmigración descontrolada está detrás de la delincuencia.
Y que, por tanto, las políticas migratorias consistentes en desvanecer las fronteras y facilitar las invasiones, desde un falso humanitarismo que mete en el mismo saco al maliense huyendo de un drama que al magrebí buscando fortuna, incrementan espectacularmente la delincuencia en España.
Da igual que sea porque algunos vienen con esa intención, desde su experiencia previa en sus países de origen, o porque al llegar aquí se encuentran con que la tierra prometida es en realidad un pequeño infierno de marginalidad que les aboca a echarse a las calles, sin permisos de ningún tipo, para ganarse la vida a costa de amenazar la del resto.
Son los datos que matan siempre al relato. Y no se trata de usarlos para acusar, sino para estimular una política decente que, además de garantizar la primacía del Estado de derecho y la innegociable seguridad de los ciudadanos, ofrezca un camino real a quienes vienen y ahuyente el fantasma de la llamada xenofobia, que es como llaman los frívolos a algo tan humano como el miedo a los peligros ciertos.
En Alemania, los socialistas acaban de anunciar que, a partir del 16 de septiembre, controlarán el paso por sus fronteras, lo que de facto suspende el tratado Schengen de libre tránsito para los ciudadanos europeos: es la manera de frenar la delincuencia transfronteriza, la inmigración masiva y el terrorismo fundamentalista. Lo dicen ellos.
Pero también de fijar unas normas, conocidas e innegociables, que acaben con una sorprendente excepción: la de inaplicar al que viene las mismas condiciones exigidas al que está, desde un falso humanitarismo que en la práctica solo provoca estropicios, sospechas, problemas y, por supuesto, delincuencia.
