No es por Dani Alves, pardillos

Todos o casi todos hemos entrado al trapo sucio de María Jesús Montero, que es a la Justicia lo que Jack el Destripador a la medicina. Ella, borracha de empoderamiento, ha soltado por esa boquita que la presunción de inocencia debe desaparecer cuando una mujer joven denuncia y que, por eso, la absolución de Dani Alves es inaceptable.

La otra mitad de las Azúcar Montero, Irene, ha completado el relato de «Las brujas de Zugarramurdi» atacando a la Justicia en general, plagada de jueces machistas que ya estropearon su brillante 'Ley del sí es sí', demoledora contra el piropo, mucho más grave que los delitos sexuales cometidos por 1.300 salvajes auxiliados por el nuevo Código Penal impulsado por aquel Ministerio de Igualdad y aceptado por el conjunto del Gobierno «más feminista de la historia».

Más allá de que sorprende la perspicacia de la eurodiputada de Podemos empadronada en Galapagar para saber lo que pasó en la zona privada de un área reservada de un espacio VIP de una discoteca en Barcelona a altas horas de la madrugada pero no vio lo que hacían en sus narices Monedero o Errejón; el parloteo de ambas Montero difiere en un punto sustantivo que quizá no hemos visto venir.

La pareja de Pablo Iglesias perora sobre el asunto en cuestión sin salir de su universo delirante, ése en el que un señor de Cuenca de 47 años lleva un violador potencial dentro pero un fundamentalista tapa la cara a su mujer por costumbres culturales respetables. Y morirá políticamente con ese discurso, rodeada de partisanas convencidas de que, hasta su advenimiento, las mujeres de España eran tontas, enfermas o débiles y solo gracias a ellas han comenzado a levantar un poco el vuelo.

Pero la socialista andaluza va más lejos y Alves y su denunciante son mero atrezzo de una función superior, perfectamente sintonizada con la estrategia de su patrón, director de la orquesta que desafina al unísono bajo su batuta autoritaria: se trata de señalar a estos jueces para señalarlos a todos los que adopten decisiones contrarias a sus intereses.

A los que van a Europa a denunciar al Tribunal Constitucional por anular la sentencia de los ERE con una cacicada escandalosa; a los que discuten la constitucionalidad de la Ley de Amnistía con la que Sánchez se compró la Presidencia negada por las urnas; a los que defienden la jerarquía del Tribunal Supremo y se niegan a convertir el Poder Judicial en la alfombra roja de La Moncloa y, desde luego, a quienes juzgan a David Sánchez, a Begoña Gómez y quizá algún día al propio secretario general del PSOE.

La destrucción de la independencia judicial necesita primero de una demolición de su imagen que permita, llegado el momento, transformar las sentencias adversas en un conspiración fraudulenta y justifique, a continuación, el rechazo a conceder suplicatorios o la anulación de las condenas con indultos concedidos a los delincuentes con la firma de sus propios familiares.

De eso va la cháchara populista de María Jesús Montero, y no de defender a ninguna mujer, más allá de la esposa de su jefe. Y por eso mismo, guste mucho o nada, hay que defender al tribunal que ha socorrido a Alves, un mal tipo que merece un juicio justo, como el que está teniendo toda la caterva sanchista: qué miedo tendrán a las decisiones de los jueces decentes si, ya en periodo de instrucción, están criticando sentencias que aún no han emitido.