Lo de Le Pen

La inhabilitación de Marine Le Pen como candidata en un proceso electoral deja a Francia, en principio, sin la aspirante mejor colocada a presidente de la República allá por 2027, si Macron agota el ciclo y no se tiene que marchar antes. Se trata de la ganadora de la primera vuelta de los últimos comicios y de la dirigente con más respaldo en los sondeos, que le dan hasta un 35% de intención de voto.

Retirar a alguien de una carrera electoral no es solo traumático para el afectado: lo es, sobre todo, para sus potenciales votantes, que pierden así la referencia que voluntariamente habían elegido para llevar a las instituciones sus duelos y quebrantos, sus esperanzas y necesidades.

No se deja fuera a una persona, o no solo, se cercena uno de los pocos instantes en que el ciudadano se pone al frente de la democracia y decide el rumbo de su país, su región o su ciudad.

Para que eso tenga sentido, los hechos han de ser muy graves, tanto como para anular un bien mayor tan evidente y que tenga justificación. En el caso de la heredera del Frente Nacional fundado por su padre, el delito cometido que se considera incompatible con su participación electoral es el de malversación: utilizó recursos públicos del Parlamento Europeo para fines partidistas, algo incompatible con su permanencia en la política a juicio de los tribunales.

Al respecto de si existe proporción entre el daño causado y el castigo recibido puede decirse de todo, y probablemente tengan razón quienes lo ven excesivo y quizá hasta intencionado, como si se hubiese impuesto por lo militar lo que no se lograba por lo civil: ya que los franceses no entraban en razones y orillaban a una candidata calificada de ultraderechista y poco menos que aliada de Putin, la justicia hará ese trabajo y retirará ese peligro de la liza electoral.

Guste poco o mucho la dirigente en cuestión, a cualquier demócrata debe preocuparle que los despachos hagan el trabajo de las urnas y sean las togas quienes se impongan a los ciudadanos: para que eso tenga sentido, ha de ser muy claro el delito y muy pulcra la sanción, y ambas han de estar sostenidas en un catálogo de perjuicios y castigos reconocible y asumible.

La dificultad para aceptar que esa máxima se ha aplicado en Francia es especialmente intensa si se compara el caso con España. Aquí esa misma malversación, multiplicada ad infinitum, no solo ha quedado impune, sino que ha provocado una escandalosa reforma del Código Penal para invalidarla.

En concreto para que Puigdemont y el resto de protagonistas de un golpe de Estado, como lo calificó la Fiscalía del Tribunal Supremo, quedaran exentos de un delito de malversación imborrable en la justicia europea y no incluido en la Ley de Amnistía.

Y, además, objeto de ese indulto por la puerta de atrás que fue la utilización del Tribunal Constitucional, a las órdenes del Gobierno, para borrar lo sustantivo de la sentencia de los ERE andaluces y dejar impunes los delitos de Chaves y Griñán, ambos presidentes de la Junta de Andalucía y del PSOE.

Incluso la imputación de una amiga de Begoña Gómez, colocada a dedo en La Moncloa por Pedro Sánchez para que su esposa tuviera una asistente personal para sus negocios financiada con dinero público, permite establecer un paralelismo con Le Pen en términos de comportamiento, aunque no de consecuencias.

Si Le Pen ha de ser inhabilitada, en fin, medio Parlamento Europeo debería serlo también. Y, desde luego, Pedro Sánchez debería haber estado caminito de Jerez casi desde el primer momento, cuando estrenó su Presidencia asaltada utilizando un Falcon para irse de concierto con su mujer a Castellón.

Si a comportamientos parecidos hay resultados antagónicos, está justificado que se crea que aquí huele a gato encerrado y empieza a imponerse la peligrosa teoría de que, con rivales incómodos, pueden y deben aplicarse medidas excepcionales que zanjen el asunto por las bravas. Y eso siempre es contagioso.