Impedimentos en la inserción laboral

Las políticas de rentas han conseguido empeorar las ya de por sí muy malas políticas activas de empleo que España ha implementado históricamente para el retorno de los parados a situación de empleo.

Todas las rentas aprobadas, desde el ingreso mínimo vital hasta el nuevo subsidio de 480 euros que propone el SEPE, pasando por las ayudas sucesivas a parados de larga duración no han sido diseñadas con un enfoque de carrera laboral, en el cual la percepción de la ayuda siempre tiene un coste de oportunidad para el desempleado mucho más elevado que quedarse como está. El diseño de mecanismos de apoyo público debe contar con dos ángulos, uno de oferta y otro de demanda.

Por un lado, desde el punto de vista de la demanda de trabajo, que la ayuda no suponga un aumento del coste laboral, de manera que la empresa no tenga una dificultad superior que la propia de mercado para contratar al parado. Y, por otro lado, que el conjunto de subsidios que percibe la persona no exceda neto de impuestos el salario neto tipo que percibiría la persona si estuviera empleada. Tanto por un ángulo como por el otro, la política económica de los últimos años falla de una forma clamorosa. La subida del salario mínimo interprofesional ha sido siempre inspirada como mecanismo de percepción de rentas forzadas, lo que ha llevado a una precarización de los salarios de entrada al convertir jornadas completas en jornadas parciales (el enorme incremento del subempleo según la EPA en el 2022, donde dos de cada tres empleos eran a tiempo parcial). Por ello, es necesario racionalizar la política de rentas para vencer el incentivo que muchos parados pueden tener a continuar en la situación en la que están. No solo para los parados de más de 50 años, sino también para los jóvenes. Todo empieza por unificar las ayudas, reducir su cuantía y emplear la mayor parte del presupuesto actual en hacer más eficiente y eficaz el servicio público de empleo, hoy incapaz de colocar debidamente a los desempleados.