Uso de los recursos públicos

Es sabido que los recursos son limitados y, por ello, es necesario priorizar los gastos del dinero de los contribuyentes. Y eso viene a cuento, de algunas de las últimas decisiones del Gobierno en funciones: 1) imponer el uso del Catalán, Gallego y Vasco en el Congreso de los Diputados; 2) proponer a la Unión Europea (UE) que los gastos de traducción del uso del Catalán en la UE lo pague España (Antena 3 TV. Telediario de la noche); 3) que en el viaje efectuado por Sánchez a las Naciones Unidas el día 19.9.2023, ha ido acompañado de otras 106 personas; que en la ONU solo acreditan a seis personas de la delegación; que la actuación prevista del presidente en funciones es de unos seis minutos (Federico Jiménez Losantos. Esradio, 19.9.2023). Es sabido que el gobernante está obligado a gobernar por el bien común de los gobernados, y que debe gobernar con el mismo empeño y eficiencia que lo haría para su propio hogar, de no hacerlo así, podría parecer que gobierna para el bien particular y en contra del bien de los gobernados. Para que en los casos que nos ocupan no quede ninguna duda al respecto, propongo lo siguiente: 1) como el uso de las lenguas regionales en el Congreso no aporta ningún beneficio a los españoles, sino todo lo contrario, el gasto que ocasione todo lo relacionado con la traducción de esas lenguas se les descontará mensualmente de los sueldos a sus señorías que votaron a favor de la imposición de las mismas; 2) los gastos por el uso del Catalán en la UE, lo pagará Sánchez con su dinero privado, ya que supongo, que esa propuesta solo se hace para que los separatistas catalanes faciliten su investidura, a pesar de haber perdido las elecciones; 3) el viaje de los 106 acompañantes de Sánchez a la ONU, debe ser justificado uno a uno, y aquellos que no tengan una justificación real, deben pagarlo con su dinero particular. Vale la pena recordar lo que dice el Código Penal en su artículo 433: «La autoridad o funcionario público que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años». Además, los malversadores están obligados a devolver las cantidades malversadas en el plazo de 10 días. Por otra parte, todos podríamos priorizar el uso de esos recursos públicos en otras necesidades más urgentes y de más calado para el bien común.