Jugando con fuego

os resultados del 23-J sitúan las fuerzas políticas catalanas en posición concluyente para la investidura de un nuevo presidente y la estabilidad de su Gobierno. No es la primera vez que esto sucede. La diferencia radica en que quien antaño fue determinante siempre tuvo voluntad de inmiscuirse en la gobernabilidad del Estado, más allá de la lógica defensa de los intereses de Cataluña. La actual coyuntura permite a algunos concluir que estamos ante una «oportunidad histórica». Si hacemos uso de las palabras utilizadas por el líder del PP se trataría de «buscar un encaje de Cataluña dentro de la ley». En el polo opuesto, los independentistas condicionan la investidura a la aprobación de una amnistía, y algunos de ellos postulan su promulgación como condición previa a la votación, sin dejar a un lado el referéndum de independencia. En el fondo, subyace la tesis, con muchos matices según quien la suscribe, de que la investidura y la aritmética parlamentaria configuran la antesala de una «oportunidad histórica», en que puede darse el pacto o compromiso que permita resolver un conflicto de naturaleza política como el que tenemos. Obviamente, no niego que los acuerdos con el independentismo para asegurar la elección de un presidente deben conllevar las contrapartidas políticas que sean capaces de concordarse. Pero lo que intento es acentuar que la corrección de los déficits históricos de la estructura territorial del Estado no debe hacerse (ni se hará) a golpe de acuerdos de investidura. La viabilidad de ese deseado reencuentro, se califique como se califique, tiene mucho más que ver con la política que con el derecho. El acuerdo, pacto o compromiso solo será histórico si en él participan la mayoría de las fuerzas políticas. ¡Y, lógicamente, tanto el PSOE como el PP! Llevarlo a cabo con media España no significará avance alguno.