La falsa Ley de Paridad

Con la habitual rimbombancia que acompaña a sus intervenciones, Pedro Sánchez ha anunciado este fin de semana la aprobación, el martes, de una Ley de Paridad que obligará a incluir a al menos un 40 por ciento de mujeres en la práctica totalidad de los espacios públicos y privados de cierto relieve.

Será impositivo, si prospera definitivamente la propuesta, en las listas electorales, en los Gobiernos, en los órganos de dirección de las empresas, en los colegios profesionales y, entre otros, hasta en los jurados financiados con dinero público.

Es insólito que, ya de entrada, Sánchez se crea que el feminismo se resume en estas imposiciones, atentatorias contra los valores del mérito y la capacidad y definitorias de una visión lamentable de la mujer como una víctima sistémica, una enferma o una discapacitada; necesitada de una ayuda constante en todos los rincones de su vida que solo un Gobierno «sensible» puede ofrecerle.

Pero es además indignante que perpetre su enésima ley intervencionista en un contexto en el que su Gobierno está dañando a las mujeres de manera reiterada, por acción u omisión.

Lo hace con la ley del 'solo sí es sí', que ha beneficiado ya a más de 700 delincuentes sexuales y lo seguirá haciendo mucho tiempo hasta que se reforme y se pasen sus penosos efectos, objeto de una disputa obscena entre el PSOE y Podemos que prolonga el bochorno y lo hace más grave.

Lo hace también con la ley trans, que degrada la condición de mujer hasta el punto de permitirle a cualquiera que lo sea, por razones peregrinas y sin ningún tipo de control, acudiendo simplemente a una ventanilla del Registro Civil.

Lo hace igualmente con una desastrosa política económica y laboral que provoca, en España, las peores cifras de paro femenino de toda Europa, condenando a tantas al desempleo, los trabajos temporales y la miseria.

Y lo hace, por último, negándose a aclarar cuántos diputados acompañaron al célebre Tito Berni en sus fiestas con prostitutas y estupefacientes, un indecoroso espectáculo de explotación sexual de inmigrantes desfavorecidas que tuvo al Congreso como epicentro de las andanzas, con un número indeterminado de participantes que estigmatiza, injustamente y por culpa del presidente, a todo el Grupo Parlamentario.

Es evidente que Sánchez pretende frenar la sangría de voto femenino que, por todas estas razones, están detectando los sondeos electorales, además de desviar el foco de atención sobre la trama corrupta, algo improbable.

Y es una obviedad que, como no puede o no sabe o no quiere atender los problemas objetivos que sí padecen las mujeres españolas; lo intenta disimular con otra ley que oscila entre la ineficacia habitual y la invasión de esferas ajenas al poder político.

Que todo ello lo haga en las vísperas de un 8-M marcado por el caso Mediador, las cifras de agresores sexuales auxiliados por el Gobierno y una horrible estadística de desempleo en febrero; demuestra su incapacidad para la rectificación y el poco respeto que le tiene a la ciudadanía.

Porque las mujeres no necesitan que el Gobierno regule cuántas de ellas tienen que estar en jurado, sino que impida que sus agresores logren impunidad, que sus representantes políticos no las utilicen como mercancía sexual y que las circunstancias de España les permitan acceder a un buen trabajo, sin la tutela vacua y paternalista de ningún dirigente político.

Todo lo demás son cortinas de humo, indignantes, para tratar de frenar la pérdida en masa de votos de un Gobierno incompetente y desquiciado, encabezado por un presidente frívolo, sin ideas y con una opinión irrespetuosa de la sociedad española.