Las caras de la noticia (26/03/2025)
Pilar Alegría
El Gobierno que llegó a acusar a Alberto Núñez Feijóo de declararse en «rebeldía constitucional» por bloquear la renovación del CGPJ pretende incumplir por segundo año el artículo 134.3 de la Carta Magna («el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior») y que no pase nada. Algunos dicen que para que cedan todo ante los nacionalistas es mejor seguir sin presupuestos. Pero la disyuntiva no es esa. La única opción democrática es presupuestos o elecciones.
María Luisa Balaguer
La magistrada del Tribunal Constitucional es la ponente de una polémica sentencia que numerosos expertos consideran que pulveriza la presunción de inocencia. Una resolución con la que la mayoría de la Sala Segunda, salvo el voto particular de dos de los seis magistrados que la componen, ha dado su amparo a una madre que cambió de domicilio con su hijo mejor de edad, sin autorización del padre y exmarido, por el mero hecho de que ella hubiese interpuesto antes una denuncia falsa por violencia de género contra el hombre, como quedó acreditado en el proceso penal, sin importar que el acusado fuese absuelto en el mismo. La decisión de la Sala del Constitucional ha provocado honda preocupación. De nada ha servido que el hombre quedase limpio de cualquier sospecha y que la Justicia alcanzase la «certeza» de que la mujer empleó una herramienta que debería ser de protección, como la violencia de género, de forma espuria. ¿Cómo es posible que el TC se haya prestado a este despropósito? ¿Avalaría la Justicia europea un caso como éste?
Josep Miró i Ardèvol
El presidente de e-Cristians y colaborador de El Debate ha presentado su libro La pederastia en la Iglesia y la sociedad (Sekotia) en el que sostiene que los abusos sexuales a menores «son una plaga creciente en nuestra sociedad, pero el foco mediático y político ha sido desviado para convertir a la Iglesia en la única culpable». Los datos que aporta el expolítico convergente proceden de fuentes como la Fundación ANAR, de informes de Fiscalía y del Ministerio de Interior. A juicio de Miró i Ardèvol, «a los políticos no les interesa este tema, no lo estudian y no lo combaten. Sólo les interesan unos abusos: los que tienen alguna relación con la Iglesia católica».
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