Cambio radical en la política española sobre el Sáhara Occidental

El pasado 18 de marzo los medios publicaban un comunicado real marroquí que reproducía parcialmente la carta enviada por el presidente Pedro Sánchez al Rey Mohamed VI, en la que manifestaba que «España considera la iniciativa marroquí de autonomía sobre el Sáhara Occidental como la base más seria, realista y creíble para resolver el contencioso».

El contenido íntegro de la carta no ha sido publicado hasta ahora ni por el Palacio Real de Marruecos ni por Presidencia del Gobierno si bien esta última, en una nota de prensa, señala que se abre una nueva etapa en la relación con Marruecos basada en el respeto mutuo, el cumplimiento de los acuerdos, la ausencia de acciones unilaterales y la transparencia y comunicación permanente. Y anuncia una próxima visita a Marruecos del presidente del Gobierno, precedida de otra del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares antes de que acabe marzo.

Con esta carta, el presidente parece poner fin a la posición de España mantenida desde hace 47 años de neutralidad en este conflicto, a pesar de que la ONU ha incluido el Sáhara Occidental en la lista de Territorios No Autónomos cuya descolonización sigue pendiente y que seguimos siendo formalmente (no de hecho) la potencia administradora. Las resoluciones de la ONU establecen que el conflicto debe resolverse mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación por parte del pueblo saharaui. Pero en 2007, Rabat manifestó que solo aceptaría una autonomía limitada, bajo soberanía marroquí. En noviembre de 2020 se rompió el alto el fuego vigente desde 1991, cuando Marruecos ocupó la zona desmilitarizada al sur de Guerguerat. Desde entonces se han producido choques armados entre el Frente Polisario y el ejército marroquí.

El punto de inflexión se produjo el 22 de diciembre de 2020, cuando se firmó en Rabat la «Declaración Conjunta entre Marruecos, Israel y Estados Unidos», en la que la Administración Trump «reconocía la soberanía marroquí sobre todo el territorio del Sáhara Occidental» y reafirmaba el apoyo de Washington a la propuesta marroquí de autonomía «como la única base para una solución justa y duradera de la disputa sobre el Sáhara Occidental». Se trataba de una gran victoria diplomática para Marruecos que, desde entonces, ha venido ejerciendo presión sobre los países europeos para que se alineen con su posición. Y sobre todo sobre España como antigua potencia colonial, acentuada tras la entrada en nuestro país del líder del Frente Polisario, Brahim Ghalii, en abril de 2021 para recibir tratamiento por COVID-19. En mayo, Marruecos provocó la entrada masiva y repentina en Ceuta de miles de migrantes, entre ellos muchos menores de edad no acompañados. En junio el Parlamento Europeo aprobó una resolución rechazando el uso por Marruecos de menores de edad como presión política sobre un Estado miembro.

Por su parte Argelia reaccionó de forma muy dura a la mencionada Declaración Conjunta tripartita rompiendo las relaciones diplomáticas con Marruecos, cerrando la frontera y su espacio aéreo a los aviones civiles y militares marroquíes y no renovando el contrato sobre el gasoducto Magreb-Europa. Ambos países se encuentran inmersos en una peligrosa carrera de armamentos que podría llevarlos a un conflicto armado.

El párrafo de la carta del presidente Pedro Sánchez publicado por Rabat, reproduce parcialmente el párrafo contenido en el Comunicado Conjunto Estados Unidos-Marruecos, de 8 de marzo de 2022, tras el Diálogo Estratégico sobre Asuntos Políticos Regionales mantenido entre el ministro de Exteriores Burita y la secretaria de Estado adjunta Wendy Sherman. En él se dice que «La secretaria de Estado adjunta señaló que Estados Unidos continúa considerando el Plan de Autonomía de Marruecos como serio, creíble y realista y un planteamiento potencial para satisfacer las aspiraciones de los pueblos de la región».

Esta nueva posición española no parece haber tenido en cuenta la sentencia del Tribunal General de Justicia de la Unión Europea, de 28 de septiembre de 2021, que señala que la modificación parcial del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos (relativa al comercio de productos agrícolas y a la pesca) no puede incluir el territorio ni las aguas del Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui, que no ha sido consultado. El Tribunal reconoció además la legitimación activa del Frente Polisario como representante de los saharauis.

Este cambio de postura del Gobierno español ha sido muy mal acogido en Argelia, que ha llamado a consultas a su embajador en España. El representante del Frente Polisario en nuestro país, Abdullah Al-Arabi, ha acusado al Gobierno de haber «cedido al chantaje» y de hipocresía. «Se defiende la legalidad y el derecho internacionales en Europa (invasión rusa de Ucrania) y se niega en el Sáhara», manifestó.

La iniciativa de Sánchez ha obtenido el inmediato respaldo del Departamento de Estado de Estados Unidos. No está claro si el presidente del Gobierno español ha consultado su aparente cambio de postura con el enviado especial del secretario general de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, que inició su mandato en noviembre de 2021.

En todo caso esta decisión unilateral de Pedro Sánchez, sin someterla al Consejo de Ministros, ni consultar con el Parlamento, ni los principales partidos de la oposición, coloca a España en una peligrosa situación ante la rivalidad entre nuestros dos principales vecinos en el Magreb, Argelia y Marruecos.

• Manuel de la Cámara es embajador de España