El Estado de derecho en España: ¿es Estado?, ¿es derecho?, ¿es España?

En el continente europeo, la organización del Consejo de Europa sigue constituyendo el faro en el ámbito de los derechos humanos y la democracia. Ningún candidato puede ser admitido si viola esos principios. Por eso Rusia fue invitada a abandonar la organización tras la invasión de Ucrania. La Comisión Democracia a través del derecho de esta organización internacional, una suerte de órgano de ingeniería constitucional, ha definido el Estado de derecho como un sistema legítimo cierto y previsible, donde toda persona ha de ser tratada por quienes toman las decisiones con dignidad, igualdad, racionalidad y de conformidad con las leyes, y a tener la oportunidad de impugnar decisiones ante tribunales independientes e imparciales mediante procedimientos justos.

El papel de esta comisión es proporcionar asesoramiento a sus miembros para que alineen sus estructuras jurídicas e institucionales con las normas europeas e internacionales en los ámbitos del Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos. Estamos ante el órgano asesor en cuestiones constitucionales, encargado de ayudar a toda Europa (no solo a la UE) a consolidar un patrimonio constitucional común y proporcionar ayuda constitucional de emergencia a los Estados en transición.

Partiendo de esta definición de «Estado de derecho» –que quizá sea la más adecuada dado lo que el Consejo de Europa significa para el continente–, cabe plantearse si tras la deriva de los acontecimientos, hoy en nuestro país sigue habiendo Estado, si sigue habiendo Derecho e, incluso, si sigue habiendo España.

Empezando por la cuestión de si hay «Estado», los nacionalismos periféricos y los partidos de la coalición de gobierno están inmersos –por la vía de los hechos, retorciendo el lenguaje, puenteando los garantistas procedimientos constitucionales de los que nos hemos dotado y sin consultar a la ciudadanía– en un proceso para convertir nuestro Estado autonómico (un ejemplo mundial de descentralización) en lo que denominan un Estado plurinacional (sea esto lo que sea), en el que algunas comunidades autónomas (pero no todas) tendrían derecho a separarse del resto y pulverizar la soberanía nacional aplicando un supuesto derecho de autodeterminación que en realidad la ONU solo otorga a territorios coloniales o sometidos a dominación extranjera. Lo que quede si prospera esta operación de troceo no sé si lo podríamos seguir denominando Estado o, al menos, Estado constitucional.

Siguiendo con la cuestión de si hay «derecho», hay que darles la razón: también las autocracias, las dictaduras y los regímenes caudillistas tienen derecho. Pero es un derecho impuesto por el líder sin la participación del pueblo, a la medida de intereses puramente personales o partidistas y de espaldas a la ciudadanía. Como resultado, en esos regímenes no hay seguridad jurídica, ni legalidad, ni separación de poderes. Entonces, ¿podemos tildar de previsible –en un ordenamiento que pretenda ser garantista– el que quien ha estado sentado en el Consejo de Ministros pase directamente a ser fiscal general o juez del más alto tribunal del Estado? ¿Resulta previsible un ordenamiento en el que el Poder Ejecutivo abuse hasta el hartazgo de los decretos-leyes (sustituyendo así al parlamento en su legítimo rol de legislador) para conjurar el riesgo de que la norma sea rechazada? ¿Son previsibles proposiciones de ley cuyo objetivo sea evitar consultar al Consejo de Estado y demás órganos de garantía del Estado? ¿Es previsible un ordenamiento en el que se aprovecha la aprobación de una ley sobre el tema ‘X’ para colar por la puerta de atrás una disposición sobre el tema ‘Y’ (que nada tiene que ver) o para nombrar de tapadillo al personaje ‘Z’? ¿Es previsible y da alguna garantía un ordenamiento en el que el ejecutivo colonice las más altas instituciones, agencias nacionales y órganos de garantías, cesando a sus directores cuando dicen o hacen algo que incomoda al líder, como unas estadísticas del INE, descubrimientos científicos del CSIC, revelaciones de espionaje a gran escala del CNI, decisiones bursátiles de la CNMV o el cumplimiento escrupuloso de una decisión judicial por parte de un coronel de la Guardia Civil?

¿Y qué decir de «España»? ¿Qué está quedando de ella? Y sobre todo, ¿qué quedará de ella si culmina esta larga operación de desmantelamiento progresivo y sin descanso de sus órganos, sus equilibrios institucionales, sus controles, sus contrapesos y de la separación de los poderes? Estamos en un país donde, gracias a la inestimable colaboración de la clase política, la ciudadanía está cada vez más polarizada y crispada, pero que, paradójicamente, sufre esta preocupante y crítica situación anestesiada y pasiva. Son tantos los frentes, tantos los fraudes de ley, tantas las manipulaciones del Estado de derecho que ya hemos perdido la capacidad de asombro, no reaccionamos. Si conviene a los intereses electoralistas o gubernamentales, rebajamos la pena por corrupción y nos cargamos la garantía del mantenimiento de la soberanía nacional que es el delito de rebelión. Y no pasa nada. O indultamos a los delincuentes que mantienen el gobierno. Y no pasa nada. O les amnistiamos, para el caso. Pero ¡ojo!, que la amnistía significa que lo que existía antes no era Estado de derecho.

Y, por cierto, ¿dónde está Europa? ¿No era nuestro paraguas protector? Toc, toc, ¿hay alguien ahí? HELP!

• Susana Sanz Caballero es catedrática de Derecho Internacional Público y Cátedra Jean Monnet CEU UCHUniversidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia