Una izquierda cómplice e irresponsable sólo en busca de votos

Empujarnos y hostigarnos a convivir con una inmigración muchas veces desafecta y hostil, íntimamente inadaptada, voluntariamente marginal, y ociosa, pero subvencionada —todo ello en número creciente—, sólo nos conduce al caos económico y social, y a una convivencia imposible en nuestra casa. Estamos pagando con nuestros impuestos, y además legalmente con el BOE en la mano, la estrategia particular de una izquierda populista que busca en esa inmigración su cantera de futuros votantes. No basta con revertir esa inmigración que nos destruye, debemos llevar a sus artífices ante los tribunales.

En el año 2022, 55.463 marroquíes de origen obtuvieron la nacionalidad española, lo que supuso un 31% del total de adquisiciones, muy por delante de los siguientes: colombianos y ecuatorianos, con alrededor del 6% cada una. En 2023 fueron 54.027 ciudadanos marroquíes residentes en España seguidos de casi la mitad de venezolanos (30.154). En esos dos años, la comunidad autónoma de residencia de aquellos marroquíes fue mayoritariamente Cataluña. Desde 2018 hasta 2023 más de 230.000 marroquíes han obtenido la nacionalidad española. También esos ciudadanos lideraron la compra de viviendas por parte de extranjeros en España: 5.452 sólo en la 2ª mitad del año pasado; eso sí, con el metro más barato.

En abril de 2023, el presidente del Senado marroquí, Enaam Mayara, ya advertía de la importancia que la diáspora marroquí en España iba a desempeñar en nuestra futura política para asuntos concernientes con ‘su patria’ [sic], como la recuperación de las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla. Marruecos destinará 50 millones de euros después del Mundial de 2030 para que asociaciones culturales, religiosas y de otro tipo —tanto en su país como en España— difundan entre sus acólitos mensajes y propaganda en favor del reino alauí para recuperar la ciudad autónoma de Ceuta.

Muchos de los ciudadanos originarios de Marruecos en España —sean irregulares, regularizados, nacionalizados o ya nacidos nacionales españoles— desempeñan, consciente o inconscientemente, su propio papel desestabilizador en nuestro país con la connivencia y/o participación activa de las autoridades alauíes. Desde el delincuente convencidamente inadaptado, o quien hace un uso extensivo de nuestras ayudas y servicios públicos sin contribuir equitativamente, hasta la inofensiva portadora del velo. Cuando el número de estas aumenta significativamente como en Francia, lo hacen no como un signo de identidad o libertad religiosa, sino como desafío omnipresente a nuestra forma de vida y costumbres, influidas inconscientemente desde muy jóvenes por el fundamentalismo islamista soterrado en nuestras sociedades. Del total de ciudadanos marroquíes en España, sólo un 22 % contribuyen a nuestra Seguridad Social.

Al menos tres informes de Seguridad Nacional advierten del uso de olas migratorias incontroladas por parte de «actores estatales» para desestabilizarnos.

En Gran Bretaña hay más de 500 concejales musulmanes, la mayoría perteneciente al Partido Laborista. Muchos de ellos abogan por la implantación de la sharía en el país, donde ya existen oficialmente decenas de estos tribunales con competencia en asuntos de familia y otros.

Nuestras autoridades querían regularizar primero a 500.000 extranjeros irregulares residentes en España, pero en noviembre de 2024 el gobierno aprobó una reforma de la Ley de Extranjería para regularizar a 900.000 en tres años. Además de la necesidad de nueva población y mano de obra que contribuya según las recomendaciones de la UE, de cara al público la argumentación más repetida y aireada por los medios afines es la diversidad, la inclusión, el pluralismo, la multiculturalidad, el enriquecimiento cultural, y la humanidad. Esos medios también se afanan en ocultar la realidad que muchos ciudadanos sufrimos en nuestras calles: después de los disturbios de Salt, en mi ciudad hace un par de días «cinco hombres» (El Correo) o «cinco personas» (Deia) fueron detenidas por una reyerta con machetes y cuchillos en la calle Zabala. En este caso, los vídeos ayudaban a confirmar que, una vez más, los participantes eran magrebíes. Aunque no lo verás en las noticias, una noche después hubo otro apuñalamiento en el gueto de San Francisco, un barrio marginal y peligroso ocupado muy principalísimamente por magrebíes y subsaharianos en el que este tipo de sucesos son prácticamente diarios.

Existen otras argumentaciones más intimidatorias y amenazantes para algún disidente que se percate del peligro de una inmigración masiva, antagónica e inadaptada que se va extendiendo irreversiblemente por nuestro territorio. Políticos oportunistas y sus medios beneficiados enarbolan el racismo, la xenofobia, el discurso del odio y la siempre útil y recurrente extrema derecha. No se dan cuenta esos populistas falaces —e interesados sólo en sus poltronas— que con ese relato les están haciendo el juego a islamistas que también argumentan la islamofobia y nuestra supuesta discriminación como elemento perturbador de una necesaria convivencia pacífica en nuestras sociedades. Siempre he dicho que a la izquierda populista no le interesan las minorías (ni la mujer, ni los homosexuales, ni los inmigrantes), sino sólo el rédito político que pueden sacar de ellas. Ahí tienes cómo ignoraron los casos de Errejón y Monedero antes y después de destaparse, sólo para protegerse.

La última perla de nuestro ministro del Interior Grande-Marlaska durante la creación de grupos operativos para la investigación de delitos y discursos de odio en la Policía Nacional y la Guardia Civil en marzo de 2025: «Frente al odio, frente a la discriminación, frente a la persecución del diferente, frente a la intolerancia, frente a la violencia defendemos hoy, aquí, de nuevo, un modelo de convivencia plural, diverso, integrador y solidario; combatir el odio es un compromiso de este Gobierno, pero, sobre todo, un acto de justicia social». También François Mitterrand creó SOS Racismo en los 90 en Francia para combatir a sus enemigos políticos.

No debemos olvidar que quien tiene la obligación de garantizar unas condiciones adecuadas para una vida digna de sus nacionales, son sus propios gobiernos. Por otra parte, los contribuyentes españoles tenemos derecho a que nuestros impuestos reviertan en nuestra propia sociedad, no en foráneos que nunca han contribuido, y muchas veces raramente lo harán; ni, sobre todo, en estrategias electoralistas particulares de nuestros gobernantes oportunistas.

Frente a aquel discurso agresivo y ofensivo de Marlaska y su gobierno, animo a asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, y a bufetes de abogados a investigar una posible vía de denuncia por inacción, prevaricación, fraude de ley, gestión desleal de los asuntos públicos, y posiblemente algunos delitos bajo el título XXIII de nuestro Código Penal.

Alejandro Espinosa Solana es autor del libro: Hacia una Europa Islamizada (SND Editores)