Ingeniería social, amiguismo y asalto judicial
Las incoherencias son sublimes, en una época en las que nos cansamos de oír hablar de derechos y conquistas sociales, y de sociedad del bienestar, se prima la eutanasia por encima de los cuidadosos paliativos
España ha venido asistiendo atónita a la discusión y la promulgación de una serie de leyes que invitarían a la hilaridad si no tuvieran consecuencias funestas. Esperpento tragicómico de leyes que carecen de demanda social, que son dictadas desoyendo de modo recalcitrante la opinión de multitud expertos y de los profesionales de la técnica legislativa, que ignoran también a colectivos afectados, y que además, atentan contra aspectos esenciales de la naturaleza humana, y de las instituciones sociales y jurídicas.
Todas estas leyes que comenzaron –ahora casi se nos ha olvidado– con la llamada Ley Celaá que fulminó, entre otras muchas cosas, la preferencia de las familias como uno de los criterios para elección de centro escolar, pretenden además dividir a la sociedad. No se sabe qué se pretende primero, la división o la ingeniería social; si se quiere por encima de todo el enfrentamiento social, y para ello se utiliza la ingeniería social, o la ingeniería social es lo buscado por encima de todo, y el instrumento de la polarización es la herramienta. Igual de grave es lo uno que lo otro.
Las incoherencias son sublimes, en una época en las que nos cansamos de oír hablar de derechos y conquistas sociales, y de sociedad del bienestar, se prima la eutanasia por encima de los cuidadosos paliativos; se protege de modo desmedido a los animales, mientras se «progresa» en la desprotección de la vida del concebido no nacido, hasta llegar a la locura de penalizar a quien reza delante de un «abortorio», o anatemizar a quien pretende que simplemente se ofrezca, de modo voluntario, la escucha del latido fetal; se empuja una ley «trans», en contra de todo el mundo, incluso el feminista, y cuando todos los países que implantaron este tipo de legislación, están haciendo el camino de vuelta, reformando sus legislaciones, aunque sólo sea para evitar la marea de demanda de indemnizaciones por daños y perjuicios que se les avecinan.
Es sarcástico que en la sociedad de los cuidados y de los nuevos derechos sociales, se ignoren a los más desfavorecidos, a los no nacidos, se promocione más la muerte voluntaria, que los cuidados paliativos, o el cambio de genero a edades muy tempranas, y de personas en situación de vulnerabilidad, empujándoles por una pendiente que no tiene vuelta atrás. Todo acompañado por la indolencia y soberbia de unos líderes políticos, y sus adocenadas huestes, que son incapaces de rectificar sus crasos errores por más obvios que estos sean, y por más daños que estén causando.
Todo esto tiene además mucho de artificial, no responde a las preocupaciones de la comunidad de personas que habitan nuestro territorio, que se mueve por otros derroteros, muchos más pacíficos y colaborativos, y a los que el sistema político quiere agitar y soliviantar en beneficio propio, con intereses claramente electoralistas y de poder, en lugar de trabajar por el bien común.
Pero claro, este destrozo necesita de una pieza más, la de la toma de las instituciones, y del poder judicial en concreto, ya que una legislación contra la esencia del derecho y de la naturaleza del hombre, precisan de jueces que estén dispuestos a darla por buena. Como afortunadamente todavía quedan mucho jueces cabales, este asalto requiere de una reforma desde la cúspide del sistema judicial, Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial, protagonizado además por jueces que estén dispuestos a inmolarse por la causa, que no les importe incumplir flagrantemente su deber de abstención, y estén preparados para sortear querellas por prevaricación, o sentencias internacionales que pongan en evidencia su imparcialidad.
Y cuando estábamos en estas, afloran en cascada escándalo tras escándalo: Koldo-Ábalos-Aldama, Begoña, la primera dama, el hermanísimo, y lo que queda por descubrir. Y, por otro lado, la necesidad de permanecer en el gobierno precisa de concesiones desmedidas a los separatistas catalanes, incluyendo impunidades a mansalva, que obviamente reclaman para sí sus compañeros de Andalucía castigados por los destrozos de los ERE. El fiscal del Estado se pone descaradamente a favor del gobierno, hasta el punto de jugarse su carrera profesional (el prestigio no, que ya lo ha perdido hace muchos años), para echar una bomba de humo con el asunto de la pareja de Ayuso, que tape los trapicheos de Begoña Gomez. Conde Pumpido y sus seis amigos del TC empiezan a limpiar de modo descarado y vergonzante la fechoría de los ERE, haciendo que el TC deje de cumplir su papel constitucional, y se ponga al servicio descarado del gobierno. Tampoco es un tema baladí, también le puede costar caro a quienes están provocando esta deriva, que incluye algo tan descarado como el evitar que los votos particulares se incluyan junto al texto de la sentencia.
El asalto a la justicia amplía su finalidad, al intento de avalar la ingeniería social, se une el favorecimiento de las posiciones personales del presidente, tanto en lo político, continuar en el poder a costa de todo, como en lo familiar, y aquí no hace falta que explique más.
El acuerdo de Bruselas para renovar el CGPJ, sin duda forzado por las instituciones europeas, puede servir para frenar algo esta deriva, pero queda mucho, muchísimo por limpiar y reformar. Malo es si son las instituciones y el derecho la que pone los límites –porque estos siempre se tienden manipular como bien sabemos–, y no es el sentido de la justicia natural, la honradez y el bien común las que inspiran cómo debe protegerse a la personas, y las relaciones sociales que estas protagonizan, y cómo debe configurarse el derecho que regule dicha protección.
- Fernando Lostao Crespo es director gerente de la Fundación Cultural Herrera Oria
