Carta abierta a Soledad Alcaide, Defensora del Lector de El País

Señora, le va como anillo al dedo que el mismo día –domingo– en que Ud. se decidiera a abordar el aluvión de cartas exigiendo la rectificación del periódico, su compañera de redacción, Milagros Pérez Oliba, publicara La batalla de la desinformación, que es un buen prólogo para su propio texto. Sobre todo, esa frase en la que proclama: «En demasiadas ocasiones la mentira y la distorsión pueden más que el periodismo riguroso». Esta afirmación enmarca perfectamente lo que El País ha hecho con la cuestión de la pederastia en la Iglesia y especialmente con sus datos sobre el número de victimarios que, a partir del Informe sobre el Defensor del Pueblo, calculan en 440.000, despertando la indignación de tirios y troyanos. Y esta indignación ha aportado motivos concretos para exigir la rectificación de su periódico y que Ud., reconvertida en «Defensora del País», ha desatendido en todos sus puntos.

Por ejemplo, le pedían que publicara en nombre del «periodismo riguroso» la advertencia que incluye el Informe del Defensor del Pueblo en su página 36: «Señalar que la Comisión Asesora considera que no ha formado parte de su cometido hacer un cálculo del número de personas afectadas por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. Ni siquiera se ha propuesto realizar una aproximación a esa cantidad». Más claro el agua. El Informe, la encuesta, no sirven para establecer el número de delincuentes. Pero claro, si publican la advertencia todo su montaje se derrumba. Por eso lo silencia en su respuesta.

¿Y por qué no se puede utilizar? Porque la cifra es un «delirio estadístico», según Narciso Michavila, presidente de Gad3, la empresa que realizó la encuesta. Y esto también lo oculta, señora Alcaide.

Es un delirio por las buenas razones que le exponen diversos escritos, que le han dirigido solicitando la rectificación. El País basa su ya famoso cálculo sobre 440.000 presuntos delincuentes vinculados a la Iglesia a partir de la encuesta basada en una muestra de 8.013 entrevistas, y 91 respuestas afirmativas de presuntas víctimas (en realidad 90, después del primer desmentido de una presunta víctima). Se trata de dos respuestas distintas a una misma pregunta sobre la naturaleza del autor del abuso. Una señala a sacerdotes y religiosos y, la otra, a seglares. En el primer caso, el 0,63 % de los entrevistados dicen haber sido abusados por sacerdotes o religiosos; es decir, solo tienen 50 personas de un total de 8.000 de la muestra. Un 0,5 % responde que el abuso ha sido cometido por un seglar relacionado con alguna entidad eclesial y, por tanto, solo dispone de 40 personas representadas en dicha muestra. El problema –para ustedes– y el «delirio estadístico» comienza ahí, en el número de respuestas que es menor que el margen de error de la encuesta del +/-1 % y, por tanto, el resultado carece de significación. Pero Alcaide omite esta obviedad. Para que tuviera significado, la muestra debería haber alcanzado las 16.000 entrevistas, y entonces el margen de error habría disminuido a +/-0,5 %, y aun así ofrecería dudas.

El País, para obviar la cuestión, suma las dos respuestas y así obtiene una cifra ligeramente mayor al 1 %, aunque entonces ya no se sabe si se refieren a seglares o sacerdotes y religiosos. Pero esta operación que comete El País no resuelve su problema, porque el margen de error es un rango de valores y, por consiguiente, es posible que el resultado real se encuentre fuera de ese rango, dado que la agrupación de las respuestas después de sumar a sacerdotes y laicos puede que sea muy inferior al 1 % (0,13) o casi duplicaría al 1,1 % (2,1), dado el margen de error. En el primer caso, carecería de significación. En el segundo, las víctimas serían casi el doble. Es evidente que esta horquilla de resultados no permite decir nada real.

En definitiva, el problema de la encuesta y todavía más de la manipulación de El País es que, a pesar de que la muestra es grande y el margen de error reducido para lo que son las encuestas más habituales, el número de respuestas señalando a personas relacionadas con la Iglesia resulta demasiado pequeño. Y así, una vez más, se topa con la muralla de la realidad. Se quiere situar el foco en el pequeño contingente católico, según otras fuentes entre el 0,2 % y el 0,4 %, en lugar de observar este delito tan extendido en toda su dimensión. El resultado es que, para dar relieve a lo católico, se cae en la arbitrariedad precedida de discriminación. De esta manera, el delito social es camuflado bajo el chivo expiatorio de la Iglesia y el propio Defensor del Pueblo tiene su parte de responsabilidad en ello.

Y todavía queda otro orden de cuestiones. El valor de unas cifras, los informes de El País, y de la encuesta, basados en gran medida, o en todo, en el anonimato. La falta de fiabilidad de lo hecho por el periódico quedó en evidencia cuando una persona con nombre y apellido les coló deliberadamente una denuncia falsa como test de su grado de verificación, que resultó ser cero. ¿Cuántos casos más hay de falsedad? No lo saben. En la encuesta, el anonimato es necesariamente total y es obvio que tal condición en ningún caso puede ser probatoria de un delito. Esto es otra obviedad que también desatiende la Defensora del Lector, más cuando resulta que, aproximadamente el 30 % de la población española descalifica sistemáticamente a la Iglesia, como puede observarse en los microdatos del CIS.

Señora Alcaide, aún están a tiempo Ud. y el periódico. Tómense en serio su misión y su libro de estilo y reconozcan la realidad que muestran los hechos, de lo contrario pasarán a la historia como un homenaje a la posverdad.

• Josep Miró i Ardèvol es presidente de e-Cristians