Las Misioneras de la Caridad expulsadas de Nicaragua ya tienen lugar de acogida
Para el régimen de Daniel Ortega, las Misioneras de la Caridad no cumplían con sus obligaciones conforme a la regulación de la Ley de blanqueo de dinero, financiación de terrorismo y armas de destrucción masiva.
La Iglesia Católica de Costa Rica ha acogido a las 18 Misioneras de la Caridad expulsadas de Nicaragua y cuya organización ha sido disuelta por el Gobierno de Daniel Ortega.
La Conferencia Episcopal de Costa Rica ha declarado que las mujeres de la Asociación Misioneras de la Caridad de la Orden Madre Teresa de Calcuta han sido recibidas por la Diócesis de Tilarán-Liberia, en la provincia de Guanacaste.
«Las recibimos con todo el amor que se merecen por su servicio y su entrega a Dios y a la Iglesia. Son 18 hermanas religiosas que se encontrarán pasando por nuestro país, las cuales fueron expulsadas por el Gobierno de Nicaragua», ha manifestado la Diócesis en sus redes sociales.
La disolución de las Misioneras de la Caridad, junto a otras 100 Organizaciones No Gubernamentales en Nicaragua, fue aprobada con carácter urgente y sin debate por parte del Parlamento.
Las Misioneras de la Caridad, creada el 16 de agosto de 1988 durante el primer régimen sandinista (1979-1990) tras una visita a Nicaragua de la madre Teresa de Calcuta, mantenía una guardería, un hogar para niñas víctimas de abusos o abandonadas y un asilo de ancianos, que comenzaron a cerrar desde el pasado 15 de junio.
Sin acreditación ante el ministerio
Según un informe de la Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación de Nicaragua, las Misioneras de la Caridad incumplieron con sus obligaciones conforme a la ley que los regula, y la Ley de Lavado de Activos, finaciación del terrorismo y de Armas de Destrucción Masiva.
Según las autoridades de Nicaragua, las Misioneras de la Caridad no estaban acreditadas por el Ministerio de Familia para funcionar como guardería, centro de desarrollo infantil u hogar de niñas o asilo de ancianos, ni tenían permiso del Ministerio de Educación para realizar el reforzamiento de aprendizaje.
En Nicaragua, con el voto de los sandinistas, se han ilegalizado 858 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), de más de 6.000 existentes.
Estas medidas son promovidas por el Gobierno desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular -originada por unas controvertidas reformas a la seguridad social- calificada como intento de golpe de Estado por el presidente Daniel Ortega.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que ha dejado centenares de muertos en protestas populares tildadas de intento de golpe de Estado por Ortega, que lleva 15 años y 5 meses consecutivos en el poder, en medio de denuncias de autoritarismo y fraude electoral.