El Fiscal del Vaticano pide 7 años de prisión para el cardenal Becciu por irregularidades financieras

el promotor de justicia del Vaticano (el fiscal de la Santa Sede), Alessandro Diddi, ha pedido este miércoles 7 años y 3 meses de prisión para el cardenal italiano Angelo Becciu. Entre los años 2011 y 2018, ejerció como número dos de la Secretaría de Estado y se le juzga por graves violaciones financieras que dañaron al Estado Vaticano.

Hace dos años que arrancó el juicio en el que se ha acusado a Becciu y otros nueve imputados (funcionarios vaticanos, financieros e intermediarios) por la gestión de los fondos del Vaticano. En total, Diddi ha pedido 73 años y un mes de reclusión más penas de inhabilitación y multas. El juicio, el primero en el que se sienta en el banquillo de los acusados a un cardenal, ha sido suspendido por vacaciones hasta el 27 de septiembre. La sentencia no llegará antes de finales de año.

La acusación, presentada por el fiscal, se fundamenta en que la Secretaría de Estado, cuando Becciu era sustituto de Asuntos Generales (pieza clave en la burocracia vaticana), invirtió una cuantiosa suma en una operación especulativa para la compra de un edificio en Londres, que terminó en estafa y generó un agujero en las cuentas de la Santa Sede de entre 139 y 189 millones de euros. En concreto, el promotor de justicia pide, además de los 7 años y 3 meses de cárcel, la inhabilitación para siempre de cualquier cargo en el Vaticano y un resarcimiento a las partes civiles de 10.329 euros.

Los otros imputados además de Becciu han sido acusados de malversación de fondos, estafa agravada, extorsión y blanqueo de capitales. Han recibido una petición de pena de entre tres y trece años de cárcel y entre 9.000 y 18.000 euros en multas. Estos son el abogado suizo René Brülhart, anterior presidente la Autoridad de Supervisión e Información Financiera del Vaticano, el sacerdote Mauro Carlino, exsecretario del cardenal; Tommaso Di Ruzza, exdirector de la Autoridad de Información Financiera del Vaticano y Fabrizio Tirabassi, empleado de la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado. Así como los corredores financieros y mediadores en la operación del edificio de Londres, acusados de lucrarse y estafar a la Santa Sede: Enrico Crasso, Raffaele Mincione, Gianluigi Torzi, Nicola Squillace.

Además, durante el proceso han surgido otros delitos financieros cometidos presuntamente por Becciu, pero no relacionados con la compra del edificio de la Avenida Sloane de Londres, como unas donaciones de 125.000 euros que el cardenal ingresó en la cuenta de una asociación, vinculada con la sede de Cáritas en Ozieri, que en ese momento presidía uno de sus hermanos. O el pago de 575.000 euros a Cecilia Marogna, a quien se contrató como experta en asuntos diplomáticos y servicios secretos para liberar a la monja colombiana Gloria Cecilia Narváez, secuestrada en Malí. Marogna ha sido acusada por gastar ese dinero en tiendas de lujo. El fiscal pide para la llamada 'dama del cardenal' una pena de 4 años y 8 meses de prisión y 10.329 euros de resarcimiento.

Durante el proceso, Becciu a quien el Papa retiró los derechos cardenalicios (solo conserva el título), ha negado todas las acusaciones. Su defensa afirmó que tanto el Papa Francisco como el secretario de Estado estaban al tanto de las diversas inversiones y transacciones financieras y las aprobaron, incluido el pago de 15 millones de euros a un corredor financiero con sede en Londres acusado de extorsionar al Vaticano. Tras la petición del fiscal, los abogados de Becciu aseguraron que «no refleja los resultados del proceso, en el que se ha demostrado la absoluta inocencia del cardenal en la operación de compra del edificio de Londres. Solo el reconocimiento de la absolución plena reflejará lo que ha sucedido», dicen.