La ley de la eutanasia cumple un año entre cifras opacas y una alta sospecha de pacientes no terminales

La ley de la eutanasia que entró en vigor el pasado 25 de junio de 2021 y que está a punto de cumplir su primer año, celebra su aniversario inmersa en una gran opacidad pero con mucha disparidad de cifras entre las diferentes comunidades autónomas. Al menos 172 personas habrían terminado con su vida en España mediante este procedimiento, aunque no se conocen los datos de algunas zonas como Asturias y La Rioja.

Cataluña encabeza este polémico ranking, con 60 eutanasias practicadas, lo que supone el triple que las realizadas en Madrid (19). En el segundo puesto aparece el País Vasco, con 25 casos.

La tendencia general ha sido más de aprobar solicitudes que de rechazarlas

Analizando el cómputo entre eutanasias solicitadas y concedidas, podría avanzarse que la tendencia general ha sido la de aprobar más solicitudes que rechazarlas.

Perfil de los enfermos que la solicitan

Ante el oscurantismo reinante –el Ministerio de Sanidad no informa sobre estos datos, a los que han accedido diferentes medios como El Mundo o El País consultando a las consejerías de Salud autonómicas–, hay que preguntarse qué tipo de paciente ha solicitado la eutanasia en España y bajo qué criterios se la ha concedido.

Así, la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de Cataluña, la comunidad que encabeza este escalafón, asegura que entre aquellos pacientes que la han solicitado son quienes sufren enfermedades neurodegenerativas, como ELA, esclerosis múltiple o demencias. Y por detrás, las enfermedades oncológicas.

Según el diario El Mundo, con los datos preliminares de, entre otros, País Vasco y Cataluña, España se alejaría así de otros países donde las enfermedades oncológicas encabezan este tipo de perfil, como Países Bajos.

Puntos negros de la ley

La ley entró en vigor en España después de una tramitación marcada por el estado de alarma. Desde el momento de su aprobación, varias voces advirtieron de los cabos sueltos y las zonas grises que planteaba una de las medidas 'estrella' del Gobierno socialista.

La norma no despejaba dudas sobre algunas materias y la opacidad en torno a las cifras un año después de su entrada en vigor no hace si no aumentar las sospechas.

Bajo la lupa estuvo, por ejemplo, la objeción de conciencia, que quedó regulada en el artículo 16 de dicho texto y que hablaba de una decisión individual del personal sanitario que debía realizarse por adelantado, quedando inscrito en un registro confidencial. Los centros sanitarios y asistenciales de inspiración católica propusieron que la objeción de conciencia fuera institucional.

La creación de un registro confidencial de objetores también levantó críticas entre aquellos que se preguntaba por qué no uno de aquellos sanitarios que sí están dispuestos a realizar la eutanasia.

Madrid destaca por su alta cantidad de sanitarios objetores, que se han negado a practicar la eutanasia, con 2.820. En Castilla y León hubo 415 médicos objetores y en Andalucia, 523.