Toda la verdad de la errática gestión de Sánchez ante la pandemia

 un turista alemán ingresado en La Gomera se convertía a finales de enero de 2020 en el primer caso de coronavirus detectado en España. Ese mismo día, Fernando Simón, coordinador de Emergencias Sanidad, declaró que España no iba a tener, «como mucho, más allá de algún caso diagnosticado». Había nacido una estrella.

El 1 de febrero, el Ministerio de Sanidad organizó una reunión extraordinaria con las comunidades autónomas en la que hablaron de «riesgo moderado» en un informe técnico que aseguraba que el Sistema Nacional de Salud estaba «preparado» para realizar la detección precoz y la instauración de medidas de prevención y control.

Mientras varios sanitarios alertaron de fallecimientos por extrañas neumonías, en el Ejecutivo de Pedro Sánchez reinaba una sensación de falsa tranquilidad. No sería hasta el 25 de febrero cuando España empezó a mirar con una mezcla de intriga y miedo a Italia. Un día después, Madrid confirmó su primer caso de coronavirus y las palabras cuarentena y confinamiento comenzaban a rondar en el lenguaje habitual de los españoles.

Y es que el Gobierno de coalición trabajaba entonces a fondo para sacar adelante la «ley Montero» en una semana crucial que finalizaría con las concentraciones por el Día Internacional de la Mujer. Así, el día 4 de marzo, Sanidad descartaba una «explosión de casos» en España y cuatro días más tarde se celebraron las manifestaciones del 8-M bajo la bandera «mata más el machismo que el coronavirus» con el beneplácito del mencionado Fernando Simón, el cual un día antes había comentado que «si mi hijo me pregunta si puede ir –a las concentraciones–, le diré que haga lo que quiera».

El estado de alarma toma España

Tras la negación inicial, el Consejo de Ministros se reunió para discutir el estado de alarma con un Pablo Iglesias en cuarentena por el positivo de Irene Montero. El 13 marzo, pasadas las 21 horas, el presidente compareció ante los medios para anunciar lo que pocos podían entonces imaginarse: el confinamiento domiciliario a toda la población, las restricciones a los desplazamientos y el cierre de toda actividad no esencial,

Al tratarse de una medida de carácter excepcional, la Constitución fija su límite en 15 días prorrogables, una circunstancia por la que el Gobierno tuvo que pasar por el Congreso hasta seis veces para obtener el respaldo de la cámara. Cinco meses más tarde, tras el estallido de la tercera ola, la fórmula fue recuperada por el Ejecutivo durante un plazo de 180 días, a través de las comunidades.

Baile de cifras de fallecidos

Uno de los aspectos más cuestionados de la gestión pandémica estuvo en la contabilidad de los fallecidos por el virus. A punto de cerrar este 2021, el número de muertos casi llega a las 90.000 personas, una cifra que difiere de los datos de organismos públicos como el INE o el Sistema de Monitorización de Mortalidad (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III.

Este desfase estadístico se debe a dos cuestiones: por un lado, la falta de computación de los fallecidos con síntomas asociados a la covid que no recibieron una prueba diagnóstica. Un parámetro que el INE, en cambio, sí incluía en el desglose de sus estadísticas. 

Por otro lado, el retraso por parte de las comunidades autónomas a la hora de actualizar la lista de óbitos a causa de la enfermedad, pudo provocar incrementos significativos de un día a otro por la actualización del dato efectuado por esas comunidades.

Las mentiras

La primera controversia fue la de no hacer caso, no solo a los avisos que llegaban del exterior, sino obviar las alertas que llegaban de los más cercanos.

La Policía ya buscaba mascarillas y guantes desde finales de enero. El médico y especialista en riesgos laborales José Antonio Nieto, entonces responsable del Servicio de Prevención para la Policía Nacional, llegó a perder el puesto tras advertir sobre la peligrosidad del coronavirus.

Pero lo peor estaba por venir. Con la perspectiva del tiempo, quedó acreditado que el Gobierno desoyó las alertas internacionales que vendrían después. A pesar de que el 22 de enero el entonces ministro de Sanidad Salvador Illa aseguraba que España «estaba preparada» para hacer frente a la pandemia, la realidad es que no había mascarillas para la población.

Para ganar tiempo, la cara visible de la gestión en ese momento, Fernando Simón, llegó a decir en una comparecencia que no era «necesario que la población usara mascarillas». «Su uso puede ser interesante en los pacientes con sintomatología», añadió el 6 de abril de 2020.

Sanidad acudía tarde, mal y nunca a un mercado como el chino ya ‘tensionado’, donde acabaría pagando hasta veinte veces más caras los productos de prevención.

El 10 de abril, Pedro Sánchez fue a la sesión del Congreso de los Diputados, donde se votaba la segunda prórroga del estado de alarma, para asegurar que «España fue el país que primero tomó medidas de confinamiento en todo Occidente, lo hicimos con solo 120 fallecidos, muy por delante de los demás países». No era verdad: otros países europeos como Francia, Bélgica y Bulgaria tenían menos casos y menos fallecidos en relación con su tasa de población en el momento en el que sus gobiernos decidieron decretar el confinamiento de la población.

Ante las dramáticas cifras de fallecidos en la primera ola, Sánchez justificó que ese aumento «al envejecimiento de la población española», datos refutados por Eurostat al no estar España entre los diez países más envejecidos de la Unión Europea. Más tarde, recurriría al turismo: «No digo que sea la única causa, digo que puede existir una relación directa».

El 28 de abril, el socialista alardeó de que España era el quinto país del mundo que más test había hecho en ese momento y, para ello, citó un estudio de la Johns Hopkins…que no existía.

Finalmente, el 2 de julio de 2020, el dirigente dio por terminada la crisis: «La pandemia está controlada». Sin embargo, lo único cierto es que el virus había dejado ser un problema para el Gobierno, que a partir de la segunda ola dejó que fueran los gobiernos autonómicos quienes pecharan con la gestión de la crisis.

Las vacaciones de Pedro Sánchez

Un mes después de dar por finalizada la pandemia, Sánchez clavó la sombrilla en Lanzarote y visitó días después el Parque Nacional de Doñana. En la isla canaria incluso pudo disfrutar en la Residencia Real de la Mareta, una de las residencias de la Familia Real Española, donde invitaría a unos amigos.

Los costes de suministro de energía eléctrica durante ese mes de agosto en La Mareta ascendieron a 1.166,98 euros frente a la factura de 705,5 euros que se abonó en julio. En cinco días de agosto, del 6 al 11 y varios días de julio, gastó un total de 1.872,48 euros solo en luz.

Días después, para finalizar sus 16 días de descanso, se dirigió al Palacio de las Marismillas en el Parque Nacional de Doñana. En ese periodo vacacional realizó unas obras en el palacio que supusieron un importe superior a 40.000 euros.

Repararon y reforzaron las viguetas del cuarto de plancha del palacio, por un importe de 12.923,22 euros, y acondicionaron el palomar para actuaciones de seguridad, por un total de 27.438,72 euros.

Varapalos del Constitucional

Con una ajustadísima mayoría –6 de 11 magistrados–, el TC declaró en julio de 2021 inconstitucional el confinamiento decretado por el Gobierno el 14 de marzo del año anterior al entender el estado de alarma «no permite la suspensión de los derechos».

Esta sentencia provocó que el Gobierno tuviera que crear un equipo de trabajo para proceder a la devolución de todas las multas que se impusieron durante el primer estado de alarma y los expedientes que seguían siendo tramitados por la Administración, en total 1.142.127 sanciones impuestas en toda España.

Pero la puntilla llegaba apenas dos meses después, cuando el mismo Tribunal volvía a declarar inconstitucional el segundo estado de alarma por el modelo de «cogobernanza». Este segundo desliz legal le costó al Ejecutivo la anulación de 220.296 multas por el segundo confinamiento.

Ahora el foco está puesto sobre el pasaporte covid, el certificado que garantiza haber recibido la pauta de vacunación. Tras los varapalos del Constitucional, el Gobierno ha dejado la decisión en manos de los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad, una decisión que no ha sentado bien a la magistratura.