Función Pública y Sanidad, dos ministerios del mismo Gobierno en un choque constante por Muface

Este martes, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, informaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de la autorización para una nueva licitación del concierto sanitario de Muface, que se publicará antes de que finalice el año.

El Ejecutivo ofrece a las aseguradoras un aumento de las primas de un 33,5 % en tres años, una cifra que prácticamente duplica la de la anterior licitación, que era del 17,1 % en dos años. «Estamos hablando de un concierto de 4.478 millones de euros para estos próximos tres años, 957 millones más que el actual», detalló Alegría.

Con esto, el Gobierno trata de conservar el mutualismo administrativo y evitar que el concierto sanitario de Muface decaiga y que, por ende, sus 1,5 millones de beneficiarios pasen al sistema público de salud. Habrá que esperar, no obstante, a que las empresas analicen los pliegos y decidan si concurren o no a la licitación, para lo que habrá que esperar varias semanas.

Este empeño del Ministerio de Función Pública en perpetuar el modelo surgido en los años 70 choca frontalmente con las intenciones de otra cartera, la de Sanidad. Esto se debe, fundamentalmente, a que el partido que la ostenta –Sumar– llevaba en su programa electoral la disolución de las tres mutualidades de funcionarios (Muface, Isfas y Mugeju). Con la complicación de las negociaciones con las aseguradoras, Sanidad ha visto su oportunidad para ejecutar una de las promesas con las que se presentó a los comicios.

Desde el ministerio de Mónica García defienden que el Sistema Nacional de Salud está preparado para asumir a los funcionarios de Muface, y lo justifican con un informe que ha estado rodeado de polémica, ya que muchos creen que es favorable a la integración de los mutualistas en la sanidad pública.

García se defiende de esas acusaciones argumentando que ellos han hecho su trabajo al «elaborar un plan de contingencia para describir de manera transparente qué es lo que pasaría si las aseguradoras no concurrieran al concurso». Aunque la ministra diga ahora que Sanidad no tiene «nada que decir al respecto», tanto ella como su número dos, Javier Padilla, han expresado en varias ocasiones su disconformidad con la existencia del mutualismo administrativo.

Padilla expresó en la Comisión de Sanidad del Congreso que si se construyera el sistema sanitario «desde cero» sería «incomprensible» que los empleados públicos no fueran atendidos por el sistema público. Asimismo, García lo tildó de «anacrónico» y argumentó que da unas condiciones «que son diferentes del resto de los ciudadanos».

La parte socialista apuesta por mantenerlo

Mientras Mónica García y su equipo de Sanidad insisten en que el millón y medio de funcionarios de Muface podría ser absorbido por la sanidad pública y elabora un plan para llevarlo a cabo, la parte socialista del Ejecutivo ha tratado de mantener la mutualidad a toda costa.

María Jesús Montero fue una de las primeras ministras que defendió el modelo, algo que han mantenido posteriormente los ministros de Función Pública, José Luis Escrivá y Óscar López. Lo cierto es que, más allá de que apuesten o no por el modelo, el PSOE también teme a las consecuencias del cabreo de los funcionarios, que pueden hacérselo pagar en las urnas. Y es que 1,5 millones de potenciales votantes no suponen ninguna broma.

De hecho, las manifestaciones de los sindicatos para reclamar el mantenimiento de Muface ya han comenzado. Aunque no hayan conseguido una unión, sí que es relevante que todos los representantes de los trabajadores –de distintos sectores e ideologías, incluso cercanas a Sumar–, desde CC.OO. y UGT a CSIF y los sindicatos policiales y de educación, están presionando para su continuidad y en ningún caso se ha planteado una posible mudanza a la sanidad pública.