Estas son las claves del nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género

El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un acuerdo que contempla 462 medidas orientadas a combatir las violencias machistas en España durante los próximos cinco años. El dictamen ha obtenido 315 votos a favor y 33 en contra, solo los de Vox. Entre las principales iniciativas destacan la tipificación como delitos de las violencias económica y digital, el refuerzo de la protección de niños y niñas víctimas de violencia vicaria, la mejora en el trato a las afectadas y la especialización del sistema judicial en esta materia.

A continuación, se detallan algunos de los aspectos más relevantes recogidos en el nuevo documento:

Violencia vicaria: Se refuerza el reconocimiento de los hijos e hijas de mujeres maltratadas como víctimas directas, con el objetivo de evitar la concesión o mantenimiento de regímenes de convivencia o visitas con progenitores agresores. Asimismo, se plantea la mejora de los protocolos de detección precoz en el ámbito educativo y sanitario, junto con la creación de mecanismos seguros para que los menores puedan denunciar situaciones de violencia. También se propone ampliar la formación especializada de los profesionales que interactúan con estos menores y perfeccionar los sistemas de evaluación de riesgo.

Violencia económica: El Código Penal incluirá esta forma de violencia como un delito de género. No se limitará al impago de pensiones, sino que también abarcará prácticas como el alzamiento de bienes, fraudes, apropiaciones indebidas y administración desleal.

Violencia digital: Se penalizarán expresamente los casos de ciberdelincuencia de género. Se prevé castigar con penas de cárcel a quienes utilicen inteligencia artificial para crear y difundir pornografía falsa sin consentimiento, así como a quienes publiquen imágenes o audios manipulados con contenido sexual o vejatorio sin autorización de la persona afectada.

Mayor protección: Se incrementará el número de efectivos policiales dedicados a la lucha contra la violencia de género, se exigirá formación obligatoria y evaluable para los jueces y se ampliarán los criterios para la concesión de órdenes de protección a las víctimas.

Reformas penales: Se eliminarán las atenuantes de confesión y de reparación del daño en los casos de violencia machista. Además, se propone que todos los procedimientos que involucren a una misma víctima se unifiquen en un solo órgano judicial. También se prevé la posibilidad de imponer una orden de alejamiento cuando se produzca un quebrantamiento de pena.

Explotación sexual: Se insiste en la necesidad de aprobar una ley integral contra la trata de personas. Asimismo, se aboga por medidas para desincentivar el consumo de prostitución, prohibir su publicidad en cualquier formato y endurecer la persecución del proxenetismo. Se pretende sancionar tanto a quienes se lucren con esta actividad como a quienes la demanden, al tiempo que se garantizará una atención integral a las víctimas.

Violencia de género de segundo orden: Se reconoce y protege a las personas que sufren represalias, humillaciones o persecuciones por haber apoyado a una víctima de violencia machista, incluidas las profesionales que trabajan en este ámbito.

Sanidad: Se han diseñado una veintena de medidas para que el sistema sanitario funcione como una vía de acceso a la protección de las víctimas. Se incluyen herramientas para la detección temprana, apoyo psicológico para huérfanos de la violencia de género y atención especializada para agresores que soliciten tratamiento de forma voluntaria.

Financiación: El Pacto contará con un presupuesto de 1.500 millones de euros para los próximos cinco años, lo que supone un aumento del 50 % respecto al acuerdo anterior. De esta cantidad, 800 millones se destinarán a las comunidades autónomas, 500 millones a la Administración General del Estado y 200 millones a las entidades locales.

Con la aprobación de este nuevo Pacto de Estado, España refuerza su compromiso en la lucha contra la violencia de género y amplía el marco de protección para las víctimas en un contexto de creciente preocupación por este fenómeno.