Muface  El 70 % de los funcionarios se decanta por la sanidad pública cuando sufren enfermedades graves

Un nuevo terremoto sacude el futuro de Muface. Cuando parecía que la continuidad del modelo estaba asegurada, este lunes la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado un estudio sobre el mutualismo administrativo en el que aconseja que se lleven a cabo dos reformas principales.

Por un lado, creen que los nuevos funcionarios deberían de incorporarse al Sistema Nacional de Salud (SNS) y no a las mutualidades –Muface, Mugeju e Isfas– y por otro, ha recomendado transformar la actual adscripción obligatoria en un régimen voluntario, ya que en la actualidad los funcionarios de carrera se tienen que adherir obligatoriamente a Muface, aunque luego escojan sanidad pública.

Esto abre la puerta a una posible reforma del modelo, a la que Óscar López –ministro de Función Pública, del que dependen las mutualidades– ya se ha referido en varias ocasiones, aunque siempre emplazándolo a después de cerrar el actual concierto. Asimismo, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha aplaudido las conclusiones de la AIReF, puesto que refuerzan su intención y la de su partido, Sumar, de acabar con las mutualidades.

Lo cierto es que en la actualidad, solo el 24 % del total de mutualistas opta por la sanidad pública, una proporción que se incrementa sustancialmente hasta alcanzar el 70 % en aquellos casos que precisan «episodios hospitalarios por patologías de severidad mayor y extrema», según recalca la AIReF. Esta tendencia se acentúa en pacientes que requieren tratamientos oncológicos o servicios de nefrología y diálisis. El organismo añade que más del 66 % de las hospitalizaciones de severidad mayor o extrema de los mutualistas se atienden en centros públicos, porcentaje que se eleva hasta el 90 % cuando el mutualista que presenta las patologías es menor de 40 años.

Consecuencias del paso de los funcionarios a la pública

Pero, ¿qué consecuencias tendría el traspaso total de los miembros de las tres mutualidades administrativas al sistema público? Según estima el organismo independiente, trasladar 1,6 millones de funcionarios a la sanidad pública supondría un incremento de 0,9 consultas diarias en atención primaria, 24,6 pacientes más por cada 1.000 habitantes en consultas especializadas (un 30 % más) y 1,3 pacientes adicionales por cada 1.000 habitantes en el ámbito quirúrgico (un 7,2 % más).

Por ello, recomienda evitar una incorporación inmediata y condicionar esta transición gradual al fortalecimiento paralelo de los recursos del sistema público, con especial atención a la mejora de las listas de espera. Asimismo, la AIReF recomienda analizar los factores recientes que han influido en el aumento de esas listas de espera, así como evaluar posibles herramientas y alternativas para mejorar la situación actual.

Junto a estas reformas estructurales, propone un conjunto de medidas destinadas a fortalecer la dimensión sanitaria del mutualismo administrativo y mejorar la eficiencia del sistema en su configuración actual. Entre ellas, destaca el refuerzo de los sistemas de información sanitaria, una mayor coordinación con el Sistema Nacional de Salud, la evaluación de la adecuación clínica de la demanda asistencial y la implementación de la historia clínica digital.

En el ámbito farmacéutico, sugiere optimizar los procesos de adquisición de medicamentos hospitalarios dispensados a pacientes externos, promover el uso de genéricos y biosimilares, y acelerar la implantación de la receta electrónica.

Mayor coste de los medicamentos

En términos de eficiencia, la evaluación de la AIReF destaca notables diferencias entre las modalidades pública y privada, especialmente en el ámbito farmacéutico. La separación del colectivo mutualista –con 1,6 millones de afiliados en la modalidad privada– respecto de la población general del Sistema Nacional de Salud –47,8 millones de beneficiarios– reduce las ventajas asociadas a las economías de escala propias de los modelos de aseguramiento de riesgo compartido y provisión directa.

El organismo constata que los centros privados facturan a las mutualidades medicamentos hospitalarios dispensados a pacientes externos a precios significativamente más elevados que los de adquisición en los servicios públicos de salud, llegando en algunos casos a sextuplicar el coste. Asimismo, se identifican diferencias en el uso de medicamentos genéricos, con una tasa del 40 % en la modalidad pública frente al 32 % en la privada, y en la utilización de biosimilares, con variaciones de hasta 23 puntos porcentuales en determinadas moléculas.

Además, el desarrollo desigual y limitado de la receta electrónica en el sistema mutualista privado representa una barrera para la implementación de estrategias orientadas a mejorar la calidad de la prescripción. Desde la perspectiva de la equidad, el actual marco normativo obliga a los mutualistas a elegir entre la modalidad pública o privada, lo que restringe su acceso, en especial para aquellos que optan por la privada, a las prestaciones universales del sistema público.