Nuevo varapalo para Muface: la AIReF propone incorporar a los nuevos mutualistas a la sanidad pública

Aunque el culebrón de Muface parece haber llegado a su fin, a la espera de la firma del nuevo concierto, las dudas sobre el modelo persisten. Adeslas y Asisa finalmente han aceptado las nuevas condiciones del Gobierno y continuarán prestando asistencia sanitaria a los más de 1,5 millones de funcionarios y sus familias. Pero, una vez se ratifique la renovación del concierto, Función Pública ya tiene previsto abrir un debate sobre si es necesario reformar la mutualidad.

Sobre esto mucho tiene que decir su viabilidad económica. Este lunes, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado la primera fase del 'Spending Review 2022-2026', que incluye un análisis sobre la eficacia y eficiencia del mutualismo administrativo. La AIReF ya remitió el pasado mes de diciembre la versión preliminar de su evaluación del gasto derivado de la asistencia sanitaria del mutualismo administrativo al Gobierno, cumpliendo con el plazo fijado.

En el informe, presentado este lunes a los medios, la AIReF propone incorporar a los nuevos mutualistas (tanto de Muface como de Mugeju e Isfas) al Sistema Nacional de Salud (SNS), además de permitir la adscripción voluntaria. El organismo detecta margen de mejora en la eficacia, eficiencia y equidad del sistema y propone dos reformas estructurales para implementar esas dos propuestas.

A corto plazo proponen mejorar la coordinación con el SNS, impulsar la historia clínica digital y la receta electrónica, promover el uso de genéricos y analizar ese mayor uso de los servicios de médicos especialistas. A medio plazo, creen que sería necesario acabar con esa obligatoriedad de pertenecer a una mutualidad y esa progresiva incorporación de los nuevos funcionarios al SNS, ya que las recientes incorporaciones ya escogen mayoritariamente este modelo público. «No estamos proponiendo que haya una incorporación inmediata, esto tendría que ir precedido de un refuerzo previo del Sistema Nacional de Salud», aclara Cristina Herrero, presidenta de la AIReF. No obstante, sí que matizan que esta migración no sería antes de dos o tres años, es decir, que se pueda estudiar esta posibilidad a lo largo del concierto que está a punto de comenzar.

Igualmente, han analizado qué supondría traspasar los funcionarios a la sistema público: en las consultas de atención primaria habría un incremento del 3 %, en las especializadas un 30 % y en el ámbito quirúrgico, un 7 %.

Solo el 24 % de los mutualistas optó por el sistema público

El organismo hace hincapié en que solo el 24 % de los mutualistas optaron por la provisión pública, pero ese porcentaje se elevó hasta el 70 % entre aquellos que tuvieron episodios hospitalarios por patologías «de severidad mayor y extrema». Una tendencia que, según explican, se acentúa particularmente en pacientes que requieren tratamientos oncológicos, como quimioterapia, o servicios de nefrología y diálisis. Y van más allá: según el estudio, más del 66 % de hospitalizaciones de mutualistas de severidad mayor o extrema se produce en centros públicos, un porcentaje que se eleva al 90 % en casos de mutualistas menores de 40 años.

El trabajo también destaca la mayor accesibilidad de los funcionarios a algunos servicios sanitarios, y es que se cuadruplican las ratios del SNS en especialidades como traumatología, dermatología y ginecología. Esto se refleja especialmente en el uso de pruebas diagnósticas avanzadas de imagen, que supera más de tres veces la del sistema público.

Desde la AIReF destacan que ha sido «muy difícil» realizar este estudio por el hecho de que se trata de temas sanitarios, que son de difícil acceso por la protección de datos. Asimismo, Cristina Herrero subrayó que el caso de España es singular, puesto que no hay ningún país que mantenga la diferenciación de un régimen para funcionarios. «Italia y Turquía suprimieron esa diferenciación cuando tuvieron un sistema público de salud y Portugal y Grecia lo hicieron en el marco de reformas estructurales durante períodos de crisis económica», recuerda.

José María Casado, director de la División de Evaluación de AIReF, destaca que el Sistema Nacional de Salud tiene presencia en el 91 % del territorio español, una cifra que desciende notablemente en el caso de la privada, cuyos centros hospitalarios y clínicas están en tan solo el 16 % del país.

En cuanto a la farmacia hospitalaria, el Estado está pagando más en la privada por los mismos principios activos debido al menor grado de penetración de los genéricos, entre otros factores. Asimismo, destacan que la pública tiene una prescripción más eficiente que la privada.

Destacan también otro hecho curioso: como cada vez hay más funcionarios que escogen el SNS, esto significa que las mutualidades tienen más ingresos que gastos en el caso de aquellos mutualistas que escogen la pública. Esto se debe a que esos servidores públicos aportan a su mutualidad, pero luego es el sistema público de su comunidad autónoma el que les atiende. Como consecuencia, lo que las mutualidades se ahorran con los funcionarios que escogen la pública hacen que el déficit de los que optan por la privada quede en un saldo casi neto.