Los veterinarios siguen su lucha contra la ley del medicamento del Gobierno: «Es injustificada y desproporcionada»

Cerca de 400 veterinarios, según datos del sector, se han congregado este miércoles frente a la Delegación del Gobierno en Madrid para manifestarse contra el Real Decreto 666/2023, normativa que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. Los profesionales han calificado la medida de «injustificada y desproporcionada».

Ataviados con batas médicas azules y provistos de silbatos, los manifestantes han desplegado pancartas con lemas como «Basta ya» y «Por la derogación del RD 666/2023. Por una ley del medicamento que permita dispensar como en el resto de Europa». Asimismo, han hecho lo propio en todas las capitales de provincia de España.

El acto ha sido convocado por el Comité de Crisis Vet, integrado por las principales organizaciones veterinarias de España. La movilización ha incluido el cierre de clínicas en todo el país entre las 10:00 y las 12:00, con concentraciones frente a las Delegaciones de Gobierno de cada provincia.

Durante la protesta, los asistentes han portado carteles con mensajes como «Burros, sí. Burocracia, no» y han coreado consignas exigiendo que se les permita ejercer su labor sin trabas administrativas. Además, han denunciado que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha ignorado al sector.

En su manifiesto, leído por Tania Oncins, representante de la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (Fesvet), los profesionales han subrayado que trabajan con «evidencia científica» y han criticado el uso de «fichas técnicas desactualizadas» para la prescripción de medicamentos. También han advertido que la normativa impone un sistema «rígido y homogéneo», sin atender a las necesidades específicas de cada especie animal.

Otro de los puntos de conflicto es la plataforma de Vigilancia de Prescripciones de Antibióticos (Presvet), de uso obligatorio con la nueva legislación. Los veterinarios consideran que añade una «carga burocrática innecesaria», inexistente en otros países europeos, sin que se haya demostrado su eficacia en la lucha contra las resistencias a los antibióticos.

Los manifestantes han señalado que en otros países europeos los veterinarios pueden suministrar directamente los medicamentos necesarios para garantizar la continuidad de los tratamientos. Sin embargo, en España, la falta de acceso directo obliga a los propietarios de animales a recorrer farmacias en busca de los fármacos adecuados, con el riesgo de no encontrarlos o recibir sustituciones inapropiadas.

Por ello, han exigido que la normativa española se equipare a los estándares europeos, basándose en criterios científicos y contando con la participación de los profesionales del sector. Asimismo, han criticado que los tratamientos veterinarios estén sujetos a un IVA del 21 %.

Preocupación por el impacto en la sanidad animal

Una delegación del Comité de Crisis Vet ha sido recibida en la Delegación del Gobierno. Entre los representantes se encontraban la presidenta de la Asociación de Veterinarios Especialistas Diplomados de España (Avede), Carmen Lorente, y el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, Felipe Vilas.

Lorente ha explicado a Europa Press que han trasladado a la subdelegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad, su preocupación por los efectos del Real Decreto. También le han entregado el manifiesto y unas llaves simbólicas, en representación de las clínicas veterinarias que podrían cerrar si no se modifica la normativa.

Según ha denunciado Lorente, la aplicación de esta legislación, que en 2023 empezó a afectar a animales de gran tamaño, ha provocado que la mortalidad en las granjas se haya duplicado. Además, ha destacado que el sector ya había logrado reducir en un 70 % el uso de medicamentos en explotaciones ganaderas sin necesidad de nuevas regulaciones.

Por su parte, Felipe Vilas ha afirmado que la subdelegada se ha comprometido a trasladar sus demandas a instancias superiores y ha agradecido que fueran recibidos, a diferencia del ministro Planas, que hasta el momento no ha accedido a dialogar con ellos. No obstante, ha advertido de que continuarán con las protestas si no hay avances. «Solo pedimos que nos dejen trabajar», ha subrayado.

Veterinarios preocupados por el futuro del sector

Entre los manifestantes se encontraba Juan Carlos, veterinario de 59 años con tres décadas de experiencia, quien ha lamentado el «retroceso enorme» en la legislación que afecta a su profesión. A su juicio, España se aleja de los modelos europeos y teme que la falta de respuesta del Ministerio de Agricultura dificulte la labor veterinaria. «Nos están perjudicando a los veterinarios y a los dueños de los animales», ha afirmado.

También han participado Almudena, Blanca e Irene, veterinarias de 28, 36 y 32 años, respectivamente. Han señalado que la normativa les impone la obligación de recetar medicamentos siguiendo «prospectos elaborados por personas sin conocimiento veterinario», en lugar de poder aplicar su criterio profesional.

Han advertido que la regulación ya ha tenido consecuencias negativas en sus consultas. Han relatado que en dos intervenciones quirúrgicas se han visto obligadas a reoperar a los animales debido a la demora en la dispensación de los medicamentos necesarios. Asimismo, han alertado de que el incremento en el coste de los tratamientos puede llevar a que algunos propietarios opten por reducir la atención médica de sus mascotas. «Hemos visto casos en los que prefieren que vayamos cada dos días a inyectar al animal antes que comprar el medicamento en la farmacia por su precio», han denunciado.

Por su parte, Sergio, veterinario de 37 años, ha acudido a la protesta junto a su pareja y ha criticado la normativa porque «dificulta el trabajo de quienes cuidan de las mascotas». Ha advertido que la nueva legislación podría generar obstáculos en la prescripción de medicamentos, con el riesgo de que los animales no reciban el tratamiento adecuado a tiempo.

A pesar de las dificultades, los veterinarios han insistido en que seguirán movilizándose hasta lograr que se modifique la normativa. «Hay que seguir luchando», ha sentenciado Juan Carlos.