La industria vitivinícola pide la prohibición de bebidas y vinagres elaborados con alcoholes no vínicos

España es el país con más viñedos del mundo, con una extensión de más de 969.000 hectáreas, lo que supone un 13 % del total del mundo, por encima de Italia y Francia. En todo el país hay cerca de 4.300 bodegas, de las que la mayoría son exportadoras en 189 países de todo el mundo, y dispone de 235 variedades de uva, sin contar una infinidad más no identificadas.

Sin embargo, a pesar de la importancia del sector en nuestro país, los viticultores afirman que hay una crisis y que la situación es «insostenible». En un 2023 marcado por la sequía y las condiciones meteorológicas adversas, como las heladas, granizadas o tormentas, se produjo un descenso del 15 por ciento en la producción de vino en la campaña 2023-2024, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

La producción de vino estimada, unida a unas existencias de cierre de la campaña anterior de 36,5 millones de hectólitros, arrojan unas disponibilidades de vino para la presente campaña de 67,3 millones de hectolitros, la cantidad más baja de las últimas seis campañas. La superficie plantada de viñedo a 31 de julio de 2023 es de 928.108 hectáreas, un 1 % inferior a la del año anterior.

Ante esta situación, los agricultores se ven incapaces de sufragar los costes de producción y temen que la cadena se rompa por la parte más débil, que es el productor, algo que preocupa al sector. Por ello, sus representantes pugnan por tomar decisiones para evitar una quiebra, como podría ser subir el precio del vino o prohibir la realización de bebidas espirituosas y vinagres elaborados con alcoholes no vínicos.

Desde la Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas (AIVE) solicitan, asimismo, la revelación de la procedencia de azúcares en bebidas, abogando por la prohibición del ácido acético. Se busca también apoyo para viticultores afectados en comparación con Francia, y se aboga por el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria en todos los sectores, incluidas las cooperativas.

Destilación del vino

Lorenzo Delgado, presidente de AIVE, explica a El Debate que una de las posibles soluciones a la crisis del sector pasa por la destilación del vino, que permite aliviar la tensión en algunas regiones productoras con un nivel de existencias elevado. Cree que podría ser una salida, especialmente para la variedad tinta, ya que la blanca tiene más usos. Al destilar se consigue alcohol vínico, «de buenísima calidad, con poco coste energético y poca contaminación medioambiental». Ese alcohol puede destinarse a la fabricación de vinagres, mistelas, vermús, geles o bebidas espirituosas.

Aprovecha para recalcar que, en ocasiones, el consumidor no sabe de dónde proceden los productos. «Cuando compran un vinagre en el que no pone a continuación 'de vino' significa que ese vinagre está compuesto por alcoholes industriales derivados de las aguas residuales. Un alcohol que debería ir a los combustibles y al disolvente, no al vinagre», señala.

Por ello, solicita la prohibición del ácido acético, un producto que se obtiene por la reacción química entre el monóxido de carbono y el metanol, y se apueste por los vinagres de origen vínico.

Delgado hace hincapié, además, en que el sector de la viticultura está «totalmente manipulado, especialmente en Castilla-La Mancha, que es de donde movemos la mayor producción de toda Europa». El presidente de AIVE denuncia que en esa región llevan ocho años con un Gobierno que dice que ayuda a los pequeños, «pero es mentira, no dan ayudas debido a una cadena de puntos que se han inventado».

30 millones en ayudas sin ejecutar

La organización agraria Unión de Uniones ha denunciado que el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español ha dejado sin ejecutar en 2023 en un escenario de crisis para los productores 30 millones de euros y ahonda en la infrautilización de los recursos para el sector, ya que en la ejecución del programa durante el pasado ejercicio ya se desaprovecharon 15 millones de euros, según informa en un comunicado.

En concreto, el FEGA ha hecho públicas las cifras de distribución de los pagos del Pasve en 2023, que alcanza un total de 171,7 millones de euros, lo que supone 30,4 millones de euros menos que lo permitido por la ficha financiera prevista para este ejercicio 2023 que superaba los 202,1 millones de euros.

La organización agraria ha criticado que, en un contexto de crisis profunda y prolongada, el sector haya dejado de utilizar recursos comunitarios por valor de más de 45 millones de euros en los últimos dos ejercicios «por la dejadez y rigidez de los mecanismos establecidos, por la indolencia de las administraciones públicas que veían venir esta situación y por la connivencia de agentes del sector que llegaron a desmotivar la aplicación de medidas de crisis como la vendimia en verde».