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El asesino José Bretón tras escuchar el veredicto del jurado por el asesinato de sus hijos

El asesino José Bretón tras escuchar el veredicto del jurado por el asesinato de sus hijosEuropa Press

La Fiscalía no ha dicho su última palabra respecto al libro sobre Bretón y reclama una copia para revisar

La Fiscalía vuelve a reclamar la suspensión cautelar del libro de Luisgé Martín El odio, donde da voz al asesinó José Bretón, que mató a sus propios hijos

La Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia de Barcelona para insistir en la suspensión de la publicación del libro El odio, de Luisgé Martín, sobre José Bretón. Según el ministerio público, esta medida es «la única vía disponible» para prevenir una «inminente lesión» a los derechos de los menores asesinados.

El recurso, que carece de efectos suspensivos, solicita a la Audiencia que decrete la suspensión cautelar de la publicación y reitera que la editorial Anagrama incumplió su obligación legal de informar previamente a la Fiscalía sobre el contenido del libro antes de su distribución, informa Efe.

Por este motivo, el ministerio público reclama que se le entregue una «copia o borrador» del texto para su revisión y para poder emitir un dictamen.

Desde la Fiscalía se sostiene que la suspensión es una medida «debidamente proporcionada y justificada», que no supone «menoscabo material y directo en el derecho a la libertad de expresión».

La editorial Anagrama ya había decidido suspender la semana pasada el lanzamiento de El odio, un libro en el que Luisgé Martín elabora un perfil de José Bretón e incluye testimonios del filicida, condenado por el asesinato de sus dos hijos, de dos y seis años, en Córdoba en octubre de 2011. Sin embargo, la editorial ya había enviado ejemplares a varios medios de comunicación.

El juez rechazó ayer la petición de la Fiscalía de Menores, formulada tras la solicitud de amparo de la madre de los niños. En su resolución, el magistrado argumentó que una medida de este tipo podría afectar al derecho a la libertad de expresión y señaló que aún no disponía de suficientes elementos para determinar si el libro vulnera derechos fundamentales, al desconocerse su contenido íntegro.

En su recurso, la Fiscalía rebate esta postura, alegando que la argumentación del juez «carece de fundamento» ya que Anagrama no ha cumplido con su deber legal de «comunicar y dar traslado» del contenido del libro a la Fiscalía antes de su publicación. Esto, según el ministerio público, impide que el juez tenga acceso directo al texto para valorar una posible intromisión ilegítima en el derecho al honor de los menores.

«En definitiva, difícilmente se puede dar traslado al juez a quo del contenido del libro ante el incumplimiento de la referida obligación de un libro que no ha sido todavía publicado», señala el recurso.

El fiscal subraya que el juez cuenta con «documentación más que suficiente» para evaluar con «rigor y seguridad» la existencia de un «inminente riesgo de intromisión ilegítima y, por tanto, de lesión de un derecho fundamental» de los niños de José Bretón. Entre los elementos que considera suficientes para justificar la suspensión, se citan informaciones periodísticas sobre el contenido del libro, de las que se deduce que la obra «se hará eco de las manifestaciones del asesino de los niños».

Además, la Fiscalía califica de «inadmisible» el argumento del juez de que necesita conocer el género del libro para determinar si procede su suspensión. «No deja de sorprender, habida cuenta que según esta afirmación la posible lesión al derecho al honor solo se puede cometer con libros de un determinado género», señala el recurso.

El ministerio público también reprocha al magistrado que pase por alto que la legislación civil contempla «mecanismos legales de frecuente aplicación» que permiten a la Fiscalía actuar «con eficacia y con todas las garantías» para proteger y salvaguardar derechos fundamentales ante un «inminente riesgo de lesión» derivado de una intromisión ilegítima.

Por todo ello, la Fiscalía insiste en que la suspensión de la publicación de El odio es «la única vía disponible» para evitar un perjuicio al honor de los menores asesinados y que no existe ninguna otra medida cautelar «menos restrictiva» que pueda garantizar dicha protección.

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