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La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús MonteroEFE

De entrar en Telefónica a las entregas a las autonomías: qué va a pasar al no tener Presupuestos Generales

El Gobierno pondrá parches para poder cumplir sus objetivos

La decisión del Gobierno de paralizar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado del año 2024 ha llevado a varias incógnitas. Una de ellas es qué ocurrirá con la anunciada entrada en Telefónica de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Entre las opciones para facilitar que la SEPI llegara a tener hasta el 10 % de la teleco estaba que se le destinara la cantidad necesaria desde los Presupuestos. A día de hoy, ese 10 % supondría desembolsar 2.200 millones de euros. Al no haber Presupuestos, esa no será la fórmula, pero el Gobierno ya ha dicho que la decisión de compra se mantiene y que seguirá otra estrategia.

Una de las posibles es que la SEPI retrase el comienzo de la compra de acciones de Telefónica y espere a la constitución de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), la SEPI digital -algo que se prevé que tendrá lugar en mayo-, para que sea quien se encargue directamente de ejecutar la operación.

Otra opción es que la SEPI arranque el proceso y que en torno al verano, cuando la nueva empresa pública ya esté en funcionamiento, traspase a la SETT la participación que haya adquirido hasta el momento y que la nueva empresa pública culmine la adquisición del paquete accionarial del 10 %.

La tercera posibilidad es que la SEPI complete la operación a su ritmo y que, una vez culminada, se traspase a la SETT el 10 % de Telefónica. No obstante, la opción de que el holding que preside Belén Gualda sea quien se quede con la participación estatal en Telefónica también está abierta.

Dinero para las autonomías

Otra de las dudas tenía que ver con las entregas a cuenta de las autonomías. Son los recursos que el Estado destina a las regiones por anticipado según la previsión de recaudación del año. Es el grueso de los recursos de las comunidades. Al no haber Presupuestos, no se sabía cómo iban a actualizarse estas cantidades.

El Gobierno ha encontrado el modo de resolver el problema: incluirlas en unas enmiendas al proyecto de ley que contiene las ayudas anticrisis, según confirmaron fuentes gubernamentales a El País. De este modo, las comunidades no sufrirán tensiones de tesorería.

Otras cuestiones: inversión pública, sueldos de los funcionarios, etc.

En cuanto a otros temas relacionados con los Presupuestos, expertos como los economistas Mikel Buesa y Lorenzo Bernaldo de Quirós no ven excesivos problemas en que se prorroguen. La CEOE, por ejemplo, señaló que al no aprobarse los Presupuestos podría retrasarse la inversión pública: «Convendría recordar que la inversión pública está paralizada desde hace muchos años», señala Buesa. «Está en un nivel más o menos similar al que había a mediados de los años 80, y esto viene de la época de la crisis financiera. No ha variado porque ningún gobierno, ni de derechas ni de izquierdas, ha querido impulsar la inversión pública. Si lo hiciera tendría que restringir el gasto de consumo público, que es lo único que interesa al gobierno: repartir dinero para ver si consigue votos y al parecer, según las encuestas, no logra ese resultado, lo cual es bastante insólito. Realmente no creo que pase nada que vaya a empeorar más las cosas si no se aprueba el Presupuesto».

También el CSIF, principal sindicato de funcionarios, ha lamentado que no aprobar el Presupuestos podría repercutir en la tasa de reposición, y su presidente aprovechó para quejarse de una pérdida del 6 % en el poder adquisitivo de sus representados en el último año: «Parece bastante cómico, tomémoslo a broma, que el CSIF diga que hay un problema de sustitución de funcionarios cuando en los últimos años se ha registrado un crecimiento espectacular del empleo público. No solo no necesitamos más funcionarios, sino que necesitamos menos empleo público. Habría que ser más prudentes y no quejarse de una caída del 6 % de poder adquisitivo cuando España ha tenido la mayor caída de la renta disponible de todos los países desarrollados en los últimos diez años», apunta Lorenzo Bernaldo de Quirós

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