La Sareb se gasta 12 millones en asesoría para dar salida a sus pisos inacabados

A la Sareb le están entrando las prisas. La sociedad encargada de gestionar los activos tóxicos de entidades rescatados durante la crisis de 2008 acaba de lanzar un contrato público por valor de 12 millones de euros para encontrar asesoría con el objetivo de darle salida a los pisos inacabados que tiene en su cartera.

Según el anuncio publicado en el portal de contratación del Estado, el objeto del contrato es la prestación de servicios inmobiliarios para aquellos activos «que precisan de adecuación y cuyo grado de ejecución es inferior al 75 %».

Hasta el fin de plazo el próximo 16 de mayo, los interesados deberán elaborar una propuesta de inversión, la coordinación y planificación de intervinientes, la liquidación de la promoción y la supervisión de incidencias postventa.

Se trata de siete promociones para un total de 187 viviendas en Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía. El plazo de ejecución será de 36 meses y no se contemplan prórrogas.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) creó la Sareb en 2012 para gestionar los activos, principalmente inmuebles, procedentes de las cajas y bancas rescatadas durante la crisis financiera. La idea era darles valor a través de la ejecución y dación, para lo que se pidió un crédito avalado por el Estado de 50.000 millones de euros, que se amortizaría a través de la venta de esos activos.

Sin embargo, los años han pasado y la sociedad no ha sido capaz de revalorizar esos activos. En 2021, además, Bruselas dio un toque de atención a España por no incluir la deuda de este organismo dentro de las cuentas públicas, lo que obligó al Gobierno, vía Real Decreto, a elevar su participación por encima del 50 % a costa de aumentar la deuda pública en 35.000 millones. Con las cuentas de 2022 ya cerradas, todavía queda por amortizar un 60 % del crédito, casi 30.500 millones, y está previsto que la sociedad se liquide en 2027.

¿Qué hacer con la Sareb?

La duda ahora es saber qué va a pasar con esta institución. En caso de acometer una liquidación, el Estado tiene tres años para deshacerse de todos esos activos, lo que supondría venderlos a precio de saldo que difícilmente permitiría recuperar la deuda avalada. Según datos de la propia Sareb, cuenta con 43.001 viviendas, 31.021 anejos –trasteros o garajes–, 4.690 inmuebles en curso, 27.613 suelos y 9.444 locales comerciales.

Una opción es que el Gobierno decida extender el plazo para la liquidación, pero visto el nivel de eficiencia a la hora de dar salida a los inmuebles, solo retrasaría el problema sobre su salida. Otra alternativa sería trasladar a las administraciones regionales los activos, pero ya se intentó a través de un sistema de convenios que resultó ser un fracaso.