El conflicto a cuatro bandas de Muface mantiene a los funcionarios en vilo

El pasado 4 de diciembre finalizó el plazo para que las compañías de seguros de salud hicieran saber a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), la subida en las primas a pagar por asegurado para que aceptasen participar en una próxima licitación una vez declarada desierta la anterior. Las posiciones de partida están muy alejadas y van desde una subida del 17,12 % que ofreció el gobierno y rechazaron las aseguradoras, hasta el 40,6 % que podría haber pedido la compañía DKV.

¿A cuántas personas atañe este conflicto? En primer lugar, hay que sumar entre los afectados a los mutualistas de MUFACE (aproximadamente 1,7 millones de los que el 72,2 % elige cobertura sanitaria privada), a los del Instituto Social de las Fuerzas Armadas —ISFAS— 560.000 beneficiarios— y a los de la Mutualidad General Judicial —MUGEJU— (91.000 personas). Pero esto es solo el comienzo.

Dado que la mayoría de las personas cubiertas por este sistema de asistencia sanitaria eligen recibirla a través del sistema sanitario privado intermediando las empresas aseguradoras, unos y otros también resultan directamente afectados. En la actualidad solo tres compañías aseguradoras dominan el mercado nacional de seguros médicos en este ámbito; Segurcaixa Adeslas (33 % de cuota de mercado), Asisa (23,6 %) y DKV (13 %). Otras fuentes como la Fundación IDIS hacen un cálculo diferente, pero sin poner el foco en solo las aseguradoras orientadas a mutualistas; Adeslas, Sanitas, Asisa y DKV sumarían el 65,2 % del mercado.

Todas ellas están directamente implicadas en los procesos de licitación que han quedado desiertos —caso de MUFACE— o están paralizados —ISFAS y MUGEJU—. Estas compañías, que representan casi el 70 % del mercado, tienen que sentarse a negociar con los representantes de los centros de salud privados nucleados principalmente en torno a ASPE, que representa al 80 % de los mismos. Esta asociación agrupa a los principales grupos hospitalarios privados que operan en España —Quironsalud, HM Hospitales, Vithas, HLA y la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios—. La citada fundación IDIS estima que hasta 21 hospitales privados se verían obligados a cerrar si desaparece este sistema cobertura sanitaria para los funcionarios.

Pero el conflicto es aún más complejo, ya que entre los damnificados hay que incluir separadamente a los profesionales de la salud que trabajan en el sistema privado; un sistema que emplea a 373.400 personas. El 80 % de estos profesionales cuando se trata de un perfil sanitario, trabajan por cuenta propia, esto es, como trabajadores autónomos. Uno de los sindicatos que más activamente los representa, Unipromel, es el que ha logrado la suspensión cautelar de las licitaciones de las aseguradoras para atender a los afiliados al ISFAS y a la MUGEJU.

Para ponerle algunas cifras a la discrepancia entre los profesionales de la salud, las aseguradoras y los centros que prestan estos servicios, un médico que trabaja como autónomo y atiende a asegurados de las compañías mencionadas, tiene que recibir entre 300 y 400 pacientes al mes para obtener el mismo salario neto que un profesional que trabaje en la sanidad pública. El número de pacientes se reduce si el profesional es especialista en alguna disciplina, pero, aun así, la carga de trabajo y el tiempo de atención medio por paciente es muy llamativo. Según Unipromel la prima mínima que se tendría que pagar por mutualista en la próxima licitación tendría que subir un 47 %, una cantidad que está por encima de la que parece haber solicitado la aseguradora DKV.

Lo anterior explica que cada vez sea más difícil obtener una cita médica a través de una compañía aseguradora pues actualmente atienden a unos 12 millones de asegurados en España. Tras la pandemia, el número de médicos que solo recibe pacientes de manera privada o muy limitadamente a través de compañías sube como la espuma. Esta huida permite a los centros de salud mantenerlos en sus cuadros médicos, pero los pacientes deben pagar un precio privado que luego reparten centro y profesional.

En último término, pero no menos importante, el resto de ciudadanos se ve también afectado por esta cuestión. La razón estriba en que sale de los Presupuestos Generales del Estado la prima a pagar por mutualista a cada aseguradora en caso de llegarse a un acuerdo y también si es la opción elegida por los funcionarios (que pueden optar por la sanidad pública). A los funcionarios se detrae de su nómina una deducción específica equivalente al 1,69 % de la base de cotización, el resto hasta completar la prima, es aportación de todos los ciudadanos. El sistema en esto no es diferente al resto del sistema nacional de salud, que también se financia vía impuestos.

En definitiva, este cuatrilema entre mutualidades (colaboradoras del Estado), aseguradoras, centros médicos, profesionales afecta de una muy buena parte de la población que espera con motivada preocupación la manera en la que será resuelto.

• José Manuel Cansino es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, profesor de San Telmo Business School y académico de la Universidad Autónoma de Chile / @jmcansino