La Comisión Europea afirma que Ribera se inhibió en una decisión clave sobre los impagos de las renovables pese a las sospechas de los reclamantes

El respaldo de la Comisión Europea a una de las decisiones más relevantes de Teresa Ribera cuando era la principal responsable energética española ha despertado recelos en el sector empresarial. Para los afectados por el recorte retroactivo de las primas a las energías renovables hay «preocupación» por el rol jugado en la decisión por parte de la comisaria europea, después de que Bruselas ordenara ayer a España que no pague 101 millones al fondo francés Antin por un laudo que se remonta a 2018.

Fuentes cercanas confirmaron ayer a El Debate que barajan impugnar la decisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En paralelo, afirman que continuarán las demandas contra España en otras jurisdicciones fuera de la Unión Europea, como Reino Unido, Estados Unidos o Australia, donde varios tribunales han dictado embargos contra España por la decisión de impagar los laudos condenatorios.

Desde la Comisión Europea, por su parte, confirman a este periódico que Ribera se inhibió en la decisión sobre Antin y que delegó en el comisario Valdis Dombrovskis.

Durante la audiencia en la que se evaluó su candidatura, la vicepresidente se comprometió a abstenerse «si hay cualquier miedo a un posible conflicto de interés, el asunto se podrá elevar a la Presidencia de la Comisión Europea, para que se delegue la gestión del asunto en cuestión a otro miembro del equipo de Gobierno». En concreto, cuestionada, por el eurodiputado del PPE Markus Ferber precisamente sobre la retirada de las primas renovables, Ribera precisó que «esa es la forma en que tendremos que proceder si surge cualquier asunto en el que yo haya estado implicada a lo largo de mi gestión como ministra en España».

A pesar de ello, los reclamantes ven la mano de Ribera en la decisión comunicada ayer por la Comisión. «Tememos que Ribera influyó en el proceso antes de abstenerse, dando lugar a posibles irregularidades y a una interferencia política indebida que rompe con la seguridad jurídica y la neutralidad institucional», denuncian.

Los reclamantes fundamentan esta acusación no solo en que la decisión de la Comisión respalde plenamente la postura de Ribera –que como anterior responsable energética española decidió no pagar los laudos contrarios–, sino en que la vicepresidenta no ha confirmado por escrito que fuera a abstenerse en las decisiones sobre las renovables. Pese a ello, el 21 de febrero de 2025 Yizhou Ren, asistente del director general de la Dirección General de Competencia (DG COMP), afirmó verbalmente que Ribera se había abstenido y que el vicepresidente Valdis Dombrovskis asumiría el caso.

Fuentes cercanas a Antin aseguran además que, durante una reunión de trabajo celebrada el 10 de marzo entre representantes legales del bufete K&L Gates con dos altos cargos de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros, ambas trasladaron que aún no estaban familiarizadas con el caso.

«Pese a ello, y en apenas dos semanas, la Comisión habría adoptado una decisión sobre si el pago del laudo constituye o no una ayuda de Estado, cuando el caso llevaba entre cuatro y seis años abierto», afirman los reclamantes, que rechazan que el pago de una indemnización por un cambio a posteriori de las condiciones de juego pueda ser considerado como un ayuda de Estado.

«Si quieres tratar algo como ayuda de estado primero pides permiso a la Comisión. En este caso ni lo hay ni lo puede haber porque es una indemnización. ¿Cómo se puede llamar una ayuda de Estado lo que no deja de ser una indemnización por haber alternado las condiciones de mercado?», se preguntan.

Transición Ecológica defiende la decisión

Desde el Ministerio de Transición Ecológica la decisión de la Comisión se acogió con regocijo, al entender que «la decisión en este asunto, tramitado como piloto, respalda la posición de España, que no ha abonado cantidad alguna relativa a los laudos a la espera de que concluyan los análisis».

El ministerio considera que la decisión «confirma la posición que mantiene en la oposición al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales intraeuropeos, derivados de arbitrajes iniciados por inversores de un Estado Miembro de la UE frente a otro Estado Miembro de la UE». De hecho, Transición Ecológica pretende ampararse en esta decisión para poner fin a los procesos judiciales relacionados con los impagos a las renovables en otras jurisdicciones.

Según un reciente informe de la AIReF, los impagos a los laudos por las primas a las renovables ascienden a 1.241 millones de euros. Una cantidad a la que hay que sumar 170 millones en concepto de costas e intereses y otros 330 millones por los laudos aún pendientes de fallo.

De acuerdo con Transición Ecológica, los inversores internacionales han presentado 51 arbitrajes contra España por los recortes retroactivos a las primas de las renovables, con reclamaciones que suman 10.635 millones. Un total de 43 se han fallado; diez se han ganado; tres se han anulado; tres demandantes han desistido, y otros ocho están pendientes de laudo.