Consumo expedienta a Alquiler Seguro por cobrar comisiones a los inquilinos

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a una «gran agencia inmobiliaria» por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, y está investigando, además, a otras compañías similares por cobrar comisiones ilegales y obligar a los inquilinos a contratar servicios no solicitados. Según ha informado Facua, se trataría de Alquiler Seguro, una de las empresas de arrendamiento más importantes del país.

Este procedimiento parte de la investigación que Consumo puso en marcha el pasado mes de octubre y que continúa abierta respecto a otras inmobiliarias que también podrían haber cometido éstas u otras prácticas.

La Dirección General de Consumo ha requerido información a estas agencias tras recibir denuncias sobre este tipo de acciones por parte del Sindicato de Inquilinas-CECU, Facua y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Estas denuncias apuntan a infracciones como el pago de una comisión por la gestión del arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o la obligación de contratar servicios no solicitados por el inquilino.

En este sentido, Consumo recuerda que la Ley de Vivienda prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato. Asimismo, indica que estas cláusulas o prácticas podrían ser constitutivas de infracciones que, según la Ley de Defensa de los Consumidores, podrían calificarse como graves o muy graves.

En caso de ser consideradas infracciones graves, las multas podrían ser de hasta 100.000 euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. Si se calificaran como muy graves, las multas podrían llegar hasta el millón de euros, pudiéndose superar esa cantidad hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.

Este nuevo procedimiento de sanción por parte de Consumo se une al expediente sancionador que el Ministerio abrió hace tres meses, también en el ámbito de la vivienda, a una plataforma dedicada al alquiler de viviendas turísticas.

En este caso, el expediente se puso en marcha porque esta plataforma mantiene miles de anuncios de alojamientos de este tipo que fueron catalogados como publicidad ilícita por suponer una infracción de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

La Dirección General de Consumo solicitó a la plataforma que retirara de forma inminente estos anuncios y, ante su negativa, se le incoó el expediente.

En esta misma línea, Consumo abrió en febrero expedientes sancionadores a empresas que administran viviendas turísticas en distintas comunidades autónomas tras detectarse que estas gestoras estarían ofreciendo «información falsa o información que, aun siendo veraz, puede inducir a error a los destinatarios, por su contenido o presentación», lo que supondría una práctica engañosa susceptible de alterar el comportamiento económico, como define el Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal.

Esto es, por ejemplo, indicar en el anuncio que quien gestiona un alojamiento turístico es una persona particular, o varias, cuando en realidad se trataría de una empresa.

Aunque el Ministerio no ha revelado el nombre de la empresa, ha sido la organización de consumidores Facua la que ha señalado a Alquiler Seguro.

Alquiler Seguro ha informado que hace «relativamente poco» han conocido una propuesta de sanción, pero que todavía está en una fase muy inicial, por lo que van a analizarlo y presentarán alegaciones.

«Somos muy transparente, mostraremos nuestro buen hacer a la Administración y a cualquier personas que lo solicite», ha asegurado David Caraballo, CEO de Alquiler Seguro, en una atención a los medios.

El CEO ha defendido que todos los servicios que presta esta empresa están en su web y son «públicos». Ha indicado también que los gastos por la gestión inmobiliaria y la formalización del contrato van a cargo del propietario y que el inquilino paga además los «servicios adicionales» que contrate, como servicios jurídicos y la gestión de las incidencias del inmueble, entre otros.

«Somos muy flexibles a los cambios y estamos abiertos totalmente a cualquier propuesta de mejora o de clarificar el servicio, porque a veces es una cuestión de interpretación y estaremos abiertos a cambiar cualquier proceso para ser más claros y dar un servicio más de protección tanto a propietarios como a inquilinos», ha recalcado.