El tripartito de izquierdas balear quiere vetar la compra de vivienda a los extranjeros

Las Islas Baleares son conocidas, por, entre otras cosas, la alta demanda de vivienda que sufren. Alquiler y compra están por las nubes, siendo una de las regiones con los precios más altos con el añadido de la falta de suelo disponible, por tratarse de una comunidad insular. Para solucionarlo, el tripartito de izquierdas que gobierna (PSOE, Unidas Podemos y Més) han creado una comisión que estudiará la posibilidad de prohibir la adquisición de vivienda a aquellos que lleven menos de cinco años residiendo allí.

Se da la circunstancia que cerca de 60.000 extranjeros se han hecho con una vivienda en estas islas en los últimos diez años. El volumen de compra de inmuebles por parte de ciudadanos foráneos supuso casi el 40 % de las operaciones en la región.

La escalada de precios preocupa al Ejecutivo balear, que ha puesto como modelo a seguir a Canadá, que también ha tomado una medida parecida de forma temporal. El tripartito critica que mientras en otros países se ponen barreras a estas operaciones, en España se incentivan.

Limitar la compra a extranjeros

Las CC.AA. tienen las competencias en ordenación de territorio y vivienda, por lo que debería ser el Gobierno de las islas el que redactara una ley sobre esa limitación dejando claro qué es ser residente, ya que en Baleares hay desde extranjeros que ponen sus ojos en la vivienda para tener un destino en el que jubilarse y pasar sus vacaciones como personas que acuden a trabajar.

Según recoge Diario de Mallorca, tras la redacción de la ley, el Ejecutivo debería sacarla adelante a través de una mayoría parlamentaria en el Parlamento balear, pero podría infringir el Derecho Europeo, que habla de la libre circulación de capitales, la libertad de residencia y la no discriminación por nacionalidad. Una situación que podría llevar a la Comisión Europea a impugnar la normativa.

Sin embargo, el Ejecutivo balear tomará a Canadá como modelo a seguir. El país norteamericano prohibirá durante los próximos dos años la compra de viviendas a extranjeros no residentes, una medida que tiene como fin controlar los precios.

El pasado 1 de enero entró en vigor esta ley, aprobada por el Gobierno de Justin Trudeau ante el aumento de los precios de las viviendas en Canadá desde que comenzó de la pandemia y de compradores extranjeros que adquirieron numerosas propiedades como inversión.