La decisión de la justicia europea que puede cambiar el destino de Puigdemont

el 31 de octubre de 2017, el magistrado Pablo Llarena admitió a trámite la querella planteada por la Fiscalía General del Estado, a las órdenes del ya fallecido José Manuel Maza, contra la entonces presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell y otros cinco miembros de la Mesa de la Cámara de representación.

Apenas un mes más tarde, se hacía cargo del procedimiento iniciado en la Audiencia Nacional contra el resto de cabecillas políticos del 'procés': el vicepresidente Oriol Junqueras, los consejeros Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Santi Vila, Joaquim Forn y los conocidos como «Jordis», Sánchez y Cuixart. Desde entonces y, hasta la fecha, un juicio en el Supremo, varias Euroordenes de entrega y un periplo en Europa contra cuatro de los responsables del referéndum inconstitucional del 1-O que, a diferencia de sus compañeros, se fugaron de España antes de que pudiera serles notificado su procesamiento por sedición: Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín y Lluis Puig.

La tarea de Llarena contra Puigdemont se centra en lograr la vuelta de todos ellos, incluido el expresidente de la Generalitat, para lo que será determinante la sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará hacia el mes de octubre relativa a la negativa de Bélgica, país donde residen varios de ellos, a la entrega.

Tras la vista celebrada el pasado día 5 de abril en la Gran Sala del tribunal de Luxemburgo en la que el abogado general, el francés Jean Richard de la Tour, informó a favor de las euroordenes dictadas por el magistrado español contra los prófugos, se ha abierto un nuevo escenario en el que, pese a la negativa de los belgas, Llarena podrá insistir en su petición de que sean detenidos y devueltos a España. Y lo hará.

Pablo Llarena planteó una cuestión prejudicial ante el órgano europeo sobre la necesidad de emitir nuevas Órdenes Europeas de Detención (OEDE) contra todos los fugados para que fuese éste el que determinase si era suficiente con mantener las ya «vigentes», que lo están desde el 14 de octubre de 2019 a petición de la Fiscalía –como el propio magistrado confirmó, el pasado viernes, en el oficio dirigido a los jueces italianos encargados de resolver el entuerto jurídico contra Puigdemont– o no.

El Ejecutivo comunitario avaló, entonces, que se pueda acordar una extradición sin revisar el derecho a un juicio justo, desmontando de este modo uno de los argumentos estrella de la defensa de los independentistas y el mismo en el que se apoyó la Justicia belga para denegar la entrega del exconseller Lluís Puig en un pronunciamiento que, por extensión y similitud, sentó un precedente para el futuro judicial del hoy eurodiputado Carles Puigdemont.

Ordenes de detención y entrega

La primera Euroorden dictada contra los prófugos del procés fue retirada por el instructor Llarena en julio de 2018, una vez que el tribunal regional alemán de Schleswig-Holstein acordara la extradición del exvicepresidente catalán a España pero sólo para ser juzgado por malversación y no por rebelión, como pedía el magistrado quien, entonces, rechazó la entrega parcial y lamentó que los jueces germanos se hubiesen pronunciado sobre el fondo del enjuiciamiento.

Para evitar un nuevo revés en este sentido y antes de que los tribunales belgas, país de residencia de Puigdemont, pendientes de pronunciarse sobre el futuro del político, emitiesen un veredicto, Llarena se dirigió al TJUE. De los márgenes que, finalmente, fije la Justicia europea dependerá el futuro judicial del expresidente catalán.

Las Euroordenes se basan en la cooperación judicial y todo apunta a que el fallo del TJUE mitir nimpusará la emisión de nuevas peticiones aunque las anteriores hayan sido denegadas, retiradas o concedidas

Por lo que respecta al magistrado, fuentes próximas al Alto Tribunal español aseguran que seguirá insistiendo por los cauces legales previstos para garantizar que responda de sus actos y en contra de la posibilidad de que una situación excepcional se enquiste y haga inoperante la herramienta automática de las euroórdenes.

El aval recibido de la Comisión Europea por el magistrado español, a la emisión de las euroórdenes dictadas, al asegurar que nuestro país no registra problemas sistémicos en materia de vulneración de derechos y garantías procesarles ha sido un espaldarazo importante.

Esto es, en caso de volver a España, Puigdemont y sus exconsejeros recibirán un juicio justo. Así lo respaldaba el representante de la CE en la consulta ante el TJUE, Julio Barquero, quien apoyaba durante su intervención la actuación de Llarena de pedir distintas órdenes de entrega por el mismo caso, al entender que es legítimo si un cambio de las circunstancias de derecho provoca un distinto «paisaje jurídico».

La travesía hasta el banquillo

El auto de procesamiento con el que Llarena puso fin a la investigación del «proceso para la independencia» de Cataluña recoge cómo «pese a las resoluciones del Tribunal Constitucional, una vez tuvo lugar el referéndum del 1 de octubre» el entonces presidente de la Generalitat «Carles Puigdemont y Casamajó compareció ante el pleno del Parlamento y, tras dar cuenta» del resultado de la votación ilegal «manifestó acatar el mandato del pueblo catalán para convertirla en un estado independiente en forma de república».

Pablo Llarena concluyó, en apenas diez meses, la instrucción de una causa muy compleja y la remitió al tribunal de enjuiciamiento: la Sala Segunda de lo Penal del Supremo que, presidida por el magistrado Manuel Marchena, y tras cuatro meses de juicio oral, emitió la sentencia condenatoria del juicio al 'procés'.

Lejos de terminarse su labor, quedan varios flecos pendientes con los fugados de la Justicia española a los que no ha dejado de reclamar. Las piezas de situación personal de los procesados Lluis Puig, Antoni Comín, Clara Ponsatí y el propio Carles Puigdemont se encuentran a la espera de impulso judicial en España, previo cumplimiento de las órdenes de detención europeas dictadas contra ellos y sujetas a la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009.

Tal y como anuciaba este misms sábado el expresidente de la Generalitat de Cataluña es posible que para el próximo día de San Jorge ya esté de vuelta en España. La cuestión es si lo hará en los términos en los que él lo plantea o en los que lo persigue el juez Llarena, el único competente para sentarle en el banquillo.