El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
Tras su polémica renovación en el cargo
Seis vocales del Consejo Fiscal vuelven a exigir a García Ortiz que ampare a sus compañeros del procés contra el lawfare
Al margen del Pleno extraodrinario ya solicitado para emitir un comunicado oficial sobre la amnistía
«Con independencia de la fijación del Pleno extraordinario interesado el 14 de noviembre de 2023, pendiente de señalamiento, para debate y aprobación de una declaración institucional sobre la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, y sin perjuicio del resultado de tal debate, los Vocales de la Asociación de Fiscales requerimos que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 14.4.k del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), en relación con el art. 118.q del Reglamento, se incorpore en el próximo Pleno ordinario un punto en el orden del día que tenga por objeto» la defensa de los miembros de la Fiscalía que hayan intervenido o lo estén haciendo en las causas vinculadas con el denominado procés.
Así lo han recogido los fiscales Jorge Andújar Hernández, Eva Más Curia, Roberto Valverde Megías, Miguel Rodríguez Marcos, Beatriz Sánchez Carreras y María Isabel Gómez López, en un escrito consignado, este mismo jueves, en la sede de la Fiscalía General, al que ha tenido acceso El Debate. En el documento instan la inclusión en el orden del día del Pleno solicitado de un punto dedicado a «la aprobación del expreso amparo, reconocimiento y respaldo del Consejo Fiscal a la actuación de los miembros de la Fiscalía en todos los procedimientos vinculados o derivados del denominado «procés», realizadas sin excepción conforme a la legalidad vigente y sin que quepa admitir en ellas desviación alguna por motivación política».
«Con ocasión de la publicación del acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts en fecha 9 de noviembre de 2023 y el registro ante la Mesa del Congreso de los Diputados la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, se ha puesto en entredicho la adecuación a los principios constitucionales de los Fiscales que han intervenido y aún siguen interviniendo en los procesos judiciales afectados por tal proposición», lamentan los seis vocales de la AF y, por lo tanto, y tal y como avanzaba este periódico hace unos días, han recordado al fiscal general, recién renovado en su cargo, su obligación de convocarles en defensa de sus compañeros de Cataluña y del Supremo.
De perfil ante el primer requerimiento
En este nuevo escrito formulado por los seis fiscales se recuerda la situación vivida el pasado 16 de noviembre de 2023, «en la Comisión de Justicia del Parlament de Catalunya por el Ilmo. Teniente Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cataluña, D. Pedro Ariche Axpe, a quien se dirigió D. Joaquim Jubert de la formación política Junts acusándole públicamente de vulnerar la presunción de inocencia en su actividad profesional».
Un desagradable incidente que se producía después de conocerse que los acuerdos firmados entre dicho partido, el de Carles Puigdemont, y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, incluían referencias expresas al lawfare o guerra judicial.
«El cuestionamiento de la sujeción a los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad de los Fiscales se extiende a lo largo de toda la Carrera Fiscal, desde los Fiscales del Tribunal Supremo que intervinieron en los procedimientos celebrados ante la Sala Segunda, pasando por las Fiscalías ante el Tribunal Constitucional, de la Audiencia Nacional o del Tribunal de Cuentas y llegando a todas las Fiscalías de Cataluña, que asumen la llevanza de los distintos procedimientos, desde la fase de instrucción hasta la de ejecución», afirman los firmantes de la petición.
«Y, por supuesto, alcanza a la propia Fiscalía General del Estado, que ha tenido conocimiento, supervisado y convenido en cada actuación realizada en estos procedimientos, garantizando con ello el principio de unidad de actuación», han señalado, además, los seis fiscales.
Por otra parte, subrayan que «resulta inaceptable que se atribuya de forma gratuita e infundada a estos Fiscales una desviación del ejercicio de las funciones que nos son propias como integrantes del Poder Judicial con el fin de servir a un supuesto propósito de judicialización de la política». Cabe recordar que, precisamente los cuatro fiscales de Sala del Supremo asignados al juicio del procés –Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza y Jaime Moreno–solicitaron a García Ortiz, ante su «pasividad», que saliese en su defensa tras los ataques recibidos.
Una posición a la que se sumaron, con posterioridad, un total de dieciocho fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo en un comunicado en el que mostraban su «decepción» por «la falta de voluntad» del fiscal general del Estado ya renovado en su cargo, Álvaro García Ortiz, «de salir al paso de las injuriosas insinuaciones que sobre la actuación de los Fiscales que intervinieron» en la causa penal contra los líderes separatistas catalanes tras el referéndum inconstitucional del 1-O y «sus derivadas».
Los dieciocho, entre los que no se encontraban los cuatro afectados de manera directa, remitieron una carta al titular del Ministerio Público para afearle su completa inacción en el grave asunto, más de una semana después de que sus compañeros presentasen la solicitud de amparo.
