El letrado del Gobierno en el Congreso bloquea los informes del CGPJ y el Consejo Fiscal sobre la amnistía

No habrá opción para que la Mesa del Congreso de los Diputados, reunida este martes en sesión ordinaria, vote la propuesta del Partido Popular que instaba al órgano colegiado a solicitar los informes del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la amnistía. Cabe recordar que al tratarse de una Proposición de Ley Orgánica presentada por el grupo parlamentario socialista los dictámenes preceptivos de ambas instituciones dejan de serlo y, por lo tanto, el Gobierno podrá sortear la tramitación de la norma sin que existan posiciones institucionales explícitas sobre la misma.

Pese al intento del PP y Vox por recabar la opinión jurídica de ambos órganos, el secretario general de la Cámara Baja, designado letrado mayor de las Cortes Generales por Francina Armengol, Fernando Galindo, ha entregado a la Mesa un documento previo que desestima el escenario planteado por la oposición y considera que al tratarse de dos informes no contemplados como preceptivos, para el caso de las iniciativas legislativas de formaciones políticas distintas del Gobierno, resultan «potestativos» de la Mesa del Congreso. Es decir, como ya hiciera con el dictamen jurídico preliminar sobre la ley de amnistía, cede al órgano colegiado la responsabilidad de elevar la propuesta o no hacerlo.

Así las cosas, no habrá posibilidad alguna para que los miembros de una Mesa dividida, entre los cinco de la izquierda política frente a los cuatro de la derecha, debatan sobre este extremo y voten acerca de la cuestión. En el caso concreto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que si aparece previsto en el ordenamiento, Galindo apoya lo innecesario de recopilar dicho informe sobre la ley de amnistía, en el hecho de que el órgano se encuentra prorrogado desde hace más de cinco años. Una situación de interinidad que, a su juicio, desacredita la institución de gobierno de los jueces y magistrados españoles.

Mientras los populares consideran necesario que ambos órganos judiciales redacten informes sobre una norma que tachan de «fraude de ley» y de la que denuncian que vulnera la separación de poderes, Vox registraba este mismo lunes un escrito dirigido a la Presidencia de la Cámara parlamentaria para que solicite al Consejo General del Poder Judicial un informe sobre el texto que el PSOE registró el 13 de noviembre, tras su pacto con los separatistas catalanes.

Sin embargo, la negativa del secretario general del Congreso bloquea cualquier posibilidad de que tanto Consejo Fiscal como CGPJ se manifiesten sobre la polémica ley. En caso del Ministerio Público, el fiscal general recientemente confirmado en su cargo descartaba la celebración de un cónclave extraordinario para analizar la amnistía, tal y como le han pedido hasta en dos ocasiones un total de seis vocales del órgano. Por su parte, el Consejo de jueces y magistrados sí ha emitido sendos comunicados de la mayoría del Pleno y de la Comisión Permanente en contra del borrado penal del procés.

Un perfil jurídico a favor del Gobierno

Fernando Galindo llegaba de la mano de Francina Armengol a la dirección letrada del Congreso de los Diputados y del Senado, directamente desde la subsecretaría de Política Territorial en el Ministerio del mismo nombre. Un puesto en el que apenas estuvo siete meses. El mismo día en que se hizo público su nombramiento, tras rechazar en una primera ocasión la propuesta de la presidenta socialista de la Cámara Baja, su mujer dimitía como responsable de relaciones con las Cortes del gabinete de Presidencia.

Galindo fue escogido el 3 de noviembre por mayoría de la Mesa del Congreso con el apoyo de los cinco votos favorables de los PSOE y Sumar y el rechazo de los cuatro miembros del PP. Los populares, además, recusaron al letrado a quien, desde un principio, denunciaron por su evidente vinculación política y por el oportunismo de su designación, directamente propuesto, sin solución de continuidad, desde un puesto vinculado al Ejecutivo, para «validar» la ley de amnistía de Pedro Sánchez. Con él compartió cientos de horas en el Ayuntamiento de Madrid, codo a codo, entre los años 2008 y 2009 cuando ambos eran concejales en la oposición del Consistorio.

Precisamente, en relación con este último extremo, Galindo avaló el debate parlamentario de la norma en un informe que no ha firmado, pese a estar obligado a hacerlo, y apoyado en la tesis de que no corresponde a la Mesa hurtar a los diputados la posibilidad de pronunciarse democráticamente sobre una propuesta legislativa en la que, a su juicio, no hay muestras aparentes de «evidente y palmaria inconstitucionalidad».