García Castellón coincidirá esta semana con Bolaños y Marlaska tras la polémica en el Gobierno al señalarle por lawfare

Por primera vez desde que el Gobierno tuviese que rectificar, en parte, las declaraciones de la ministra Teresa Ribera señalando al magistrado de Tsunami, Manuel García-Castellón, por lawfare, dos miembros del Ejecutivo coincidirán con el juez. Será en la reunión de la Comisíón Nacional de la Policía Judicial que tendrá lugar este martes en la sede del Consejo General (CGPJ) tras más de tres años sin reunirse, desde 2021.

En la cita, según ha podido saber El Debate, estarán presentes tanto el actual ministro de Justicia, Félix Bolaños, como el titular de Interior y también ex juez en la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, el magistrado García-Castellón, como director del Comité Técnico que prepara los asuntos a tratar, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que este mismo lunes tomará posesión de su cargo en el Supremo; el presidente interino del Alto Tribunal, Francisco Marín Castán; y, los tres secretarios de Interior, entre otros.

Los ecos de las polémicas declaraciones realizadas por la titular de la cartera de Transición Energética, Teresa Ribera, contra el instructor de la causa de Tsunami Democràtic, asegurando que tiene «querencia» a tomar decisiones judiciales en «momentos políticos sensibles», retumbarán en el seno del cónclave convocado.

Y es que las manifestaciones en las que Ribera deslizaba una acusación de lawfare contra el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, tras ratificarse frente a la Fiscalía en la acusación de terrorismo que pesa sobre los prófugos Marta Rovira (ERC) y Carles Puigdemont (Junts) en el marco de la causa Tsunami Democràtic, no sólo provocaron un clamor unánime en apoyo del juez desde todos los sectores judiciales.

Además, abrían una brecha entre los miembros del Ejecutivo como la portavoz Pilar Alegría que rectificaron, de inmediato, a Ribera frente a quienes como Oscar Puente se alinearon con ella. El propio Puente, nada más acceder al Departamento de Transportes, se posicionaba en términos similares aunque, en su caso, sin personalizar sus reflexiones en nadie en concreto.

Así las cosas, Bolaños y Marlaska tendrán la delicada misión de normalizar las cosas entre el Gobierno y el magistrado señalado en el marco de la Comisión Nacional de la Policía Judicial. Un organismo que tiene, entre sus objetivos, efectuar estudios permanentemente actualizados acerca de la evolución y desarrollo de la delincuencia; emitir informes o realizar propuestas de planes generales de actuaciones de la Policía Judicial contra la criminalidad; emitir informe sobre la fijación o modificación de las plantillas de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial, así como sobre los medios materiales a las mismas asignados, adoptando las iniciativas que estime pertinentes sobre la materia; o, conocer, previamente, de los nombramientos de los altos responsables de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial en sus distintos niveles.

Pero también es competente para «intervenir, con estricto respeto al principio de independencia judicial en las actuaciones jurisdiccionales, para unificar criterios o resolver eventuales incidencias que dificulten el adecuado funcionamiento de la Policía Judicial o cualesquiera otras que puedan surgir en las relaciones entre la Autoridad Judicial o Fiscal y la Policía Judicial».

Una misión, esta última, que parece difícil de encajar en el contexto actual en el que el Gobierno ha asumido el término anglosajón para referirse a la ‘guerra judicial’ incluida en los acuerdos suscritos con el separatismo catalán. Máxime cuando desde el propio Ejecutivo se ha sugerido que el juez de enlace en la Comisión, para velar por los objetivos previstos en la ley, está comprometido por su presunta falta de imparcialidad.