Clamor unánime del mundo judicial en contra del señalamiento del Gobierno al juez de Tsunami

De manera unánime, el Poder Judicial cargaba este viernes frente al ataque de la ministra de Transición Energética y vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, contra el juez que investiga la causa de Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional y que, esta misma semana, ratificaba la acusación de terrorismo que pesa sobre Carles Puigdemont. Las declaraciones en las que la socialista cuestionaba la «querencia» del magistrado a tomar decisiones en «momentos políticos inoportunos», alimentando el lawfare, provocaban la inmediata reacción de todos los operadores jurídicos en defensa del instructor Manuel García-Castellón.

Hasta tal punto que el Consejo General de los jueces (CGPJ) acordaba calificar las afirmaciones de Ribera como «contrarias al principio de lealtad institucional» y al «deber general de respeto a la independencia judicial». No en vano, en el comunicado institucional en el que todos los miembros de la Comisión Permanente, sin fisuras, renegaban de lo dicho por la ministra, se asegura que sus palabras «merman la confianza de nuestros ciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro» de la misma por lo que «merecen un rotundo rechazo, máxime si interfieren en una investigación en curso de los hechos».

Y es que, desde que el titular del Juzgado de Instrucción Central de la AN decidiese ampliar las pesquisas por un presunto delito de terrorismo al ex presidente de la Generalitat de Cataluña y prófugo de la Justicia española, Carles Puigdemont, el juez García Castellón se han convertido en el blanco de la ira para una buena parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que vio peligrar las negociaciones con Junts para su investidura, y sus socios separatistas que son conscientes de que con una acusación de semejante naturaleza se complica tanto la amnistía de su líder, como el aval de la Unión Europea a la ley que la regula.

Defensa firme de la Audiencia Nacional

La misma Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que esta semana rechazaba la última recusación de Junts contra el magistrado García-Castellón, por imputar a Puigdemont y a Marta Rovira (ERC) por terrorismo, salía en defensa del juez negando de manera categórica que actúe con «una pretendida motivación política a modo de respuesta judicial al acuerdo de investidura entre los partidos PSOE y Junts per Catalunya y a la proposición de ley de amnistía».

Así lo acordaban los magistrados de la Sección Tercera en un auto en el no sólo insistían en avalar todas las diligencias de investigación acordadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, hasta la fecha, sino que rechazaban con firmeza las acusaciones vertidas, también contra él, por el que fuera jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, investigado junto con otras diez personas en la misma causa de Tsunami.

El magistrado presidente de la Sala, Alfonso Guevara, afeaba a la defensa de Alay, ejercida por Gonzalo Boye, «las alegaciones (…) sobre una pretendida motivación política» del juez García Castellón al dictar tres autos distintos el pasado mes de noviembre en el marco de las pesquisas.

No se puede buscar la aplicación de la amnistía de manera preventiva

La Audiencia Nacional no ha ocultado su profundo malestar con las declaraciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno, acusando a su juez instructor. Y es que, desde el seno del órgano jurisdiccional han recordado algo esencial: «No instruir esa causa sí que sería prevaricar».

«Respeto» por la labor de los jueces

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) eran de las primeras en lamentar las declaraciones de la vicepresidenta Ribera sobre el juez de la Audiencia Nacional. «No es de recibo» que un Ejecutivo «acuse veladamente a un juez de prevaricar», denunciaban desde la APM. Mientras, las otras dos entidades solicitaban al Gobierno «respeto» por la labor de los jueces y recordaban al Ejecutivo que los tiempos de la Justicia no dependen de los jueces.

La mayoritaria APM confirmaba cómo le produce «una enorme tristeza que desde el propio Gobierno se asuma el discurso de aquellos que hablan de 'lawfare' y de judicialización de la política». Y subrayaba que, en una democracia plena «las decisiones de los jueces se acatan y se cumplen y, cuando no se está de acuerdo con su contenido, se recurren cumpliendo los trámites legales».

«Lo que resulta inaceptable es este ataque permanente a la independencia judicial por parte de quienes tiene las más altas responsabilidades políticas, tratando de socavar la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial y, en definitiva, los pilares sobre los que se asienta nuestro Estado de Derecho, la única garantía de la convivencia pacífica en nuestro país», concluía en un breve comunicado.

Si Fiscalía no hubiese recurrido la decisión inicial, el juez no se habría tenido que pronunciar justo en este momento. No se puede acomodar una investigación al ritmo de la política, ni de una amnistíaFernando PortilloForo Judicial Independiente (FJI)

Por su parte, Sergio Oliva, portavoz de la AJFV, ahondaba en la idea de que «los tiempos de la Justicia no son los tiempos de la política» para despejar cualquier duda sobre el velado oportunismo que la ministra de Transición Energética dejaba caer en sus valores contra García-Castellón. Unos comentarios que, a juicio de Oliva, «están desprestigiando al país» al entender que «señalar a los jueces solo genera desconfianza en la ciudadanía».

En la misma línea, Fernando Portillo, de FJI, y parafraseando a Teresa Ribera, afeaba la «querencia» de los políticos a «protestar cuando las decisiones judiciales no les convienen, o por contenido, o por momento, o por ambas cosas». «Los tiempos de los procesos judiciales no dependen de los jueces», incidía en la misma línea que el resto de sus compañeros.

En el caso del procedimiento relativo a 'Tsunami Democràtic', Portillo recordaba que lleva años investigándose y que «lo que no se puede hacer es acomodar su tramitación a los intereses políticos de nadie según el momento, parando cuando no vaya a molestar a ningún partido y acelerándose cuando convenga a otros». «Sobran» los «señalamientos públicos, y menos por decisiones que no son en absoluto definitivas».