Balance de daños del curso político más nocivo del sanchismo

El curso político va tocando a su fin, con la incertidumbre de qué pasará en agosto: ¿Salvador Illa llegará a un acuerdo con ERC?, ¿habrá repetición de elecciones en Cataluña el 13 de octubre?, ¿aprovechará Pedro Sánchez para convocar también generales en el caso de que suceda lo anterior? A la espera de que se despejen las incógnitas, una vista retrospectiva de lo sucedido en los últimos 12 meses, desde los comicios del 23 de julio, evidencian que ésta no está siendo una legislatura normal.

Agosto

El día 17 tuvo lugar la sesión constitutiva de las Cortes. Para que ERC y Junts votaran a la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso, el PSOE acordó con los independentistas permitir el uso del catalán, el euskera y el gallego en toda actividad de la Cámara Baja, oral u escrita. Para ello se reformó el Reglamento del Congreso. Dos días después, El País tituló en portada: Sánchez asume que debe buscar un alivio penal al 'procés'. Ésa era la parte del acuerdo que los socialistas no habían contado: la amnistía empezó a dar sus primeros pasos de forma encubierta.

Septiembre

El día 4, la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz -entonces, en funciones-, fue a visitar a un prófugo de la Justicia a Bruselas. El día 14, el PSOE comunicó la expulsión de quien fuera el secretario general del PSE, Nicolás Redondo Terreros, por «reiterado menosprecio» a las siglas. Con Felipe González y Alfonso Guerra de momento no se han atrevido.

Octubre

El día 3, el Rey encargó la investidura a Pedro Sánchez, que solo le presentó 121 votos. Cuatro de sus socios ni siquiera acudieron a la Zarzuela: ERC, Bildu, Junts y el BNG. La presidenta del Congreso tardó 40 días en decidirse a convocar el Pleno de investidura (batió todos los récords), los que pasaron hasta que el PSOE hubo cerrado el acuerdo con Puigdemont y el resto de los socios. Ese pacto se escenificó con una fotografía del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, junto al prófugo en dependencias del Parlamento europeo, el 30 de octubre.

Noviembre

En los primeros diez días del mes, los socialistas fueron dando a conocer sus acuerdos de investidura. Salvo el que suscribieron con Bildu, partido al que un mes después entregarían la Alcaldía de Pamplona mediante una moción de censura. El propio Sánchez se fotografió con los portavoces de Bildu en el Congreso y el Senado, Mertxe Aizpurúa y Gorka Elejabarrieta. Su pacto con ERC incluyó una quita de 15.000 millones de la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómico. En el suyo, Junts dejó claro que quería un referéndum de autodeterminación amparado en el artículo 92 de la Constitución.

El día 13 de noviembre, dos días antes del inicio del debate de investidura, el PSOE registró la proposición orgánica de la ley de amnistía en el Congreso, que, en los meses siguientes, sufriría innumerables modificaciones para incluir la malversación y el terrorismo.

Diciembre

Empezó la segunda era de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, después de que el Gobierno le hubiera confirmado en el cargo a finales de noviembre. La primera de las muchas polémicas que ha protagonizado este curso vino provocada por la decisión del Tribunal Supremo de anular el ascenso de su madrina, Dolores Delgado, como fiscal de Sala por «desviación de poder». García Ortiz puede acabar el curso imputado por ordenar la difusión de una nota de prensa con datos personales del novio de Isabel Díaz Ayuso. El pasado lunes, en la SER, Sánchez le mostró «todo el apoyo» del Ejecutivo.

Enero

El Gobierno consiguió salvar la convalidación de dos de sus tres primeros decretos ley de la legislatura comprometiéndose con Junts a ceder a Cataluña las competencias en materia migratoria. Ese mes, los socialistas crearon el concepto de terrorismo light para que los CDR y los encausados en Tsunami Democràtic también fueran amnistiados. Se saltaron su enésima línea roja y, aun así, para Junts no fue suficiente. El partido de Puigdemont echó atrás la ley de amnistía en el Pleno para forzar al PSOE a negociar una redacción aun más permisiva. Vaya si lo hicieron los socialistas.

Febrero

El día 21 estalló el primer gran caso de corrupción del Gobierno de Sánchez, con la detención del que fuera mano derecha del exministro José Luis Ábalos, Koldo García. En cuestión de horas, el caso Koldo pasó a ser el caso Ábalos y, después, el caso PSOE. Con derivadas en varios ministerios -Transportes en el epicentro-, en empresas públicas y en los gobiernos de Canarias y Baleares.

A finales de mes empezó el rosario de informaciones sobre los movimientos de Begoña Gómez, su cátedra en la Universidad Complutense y la relación con empresas que después recibieron ayudas públicas.

Marzo

El día 13, Pere Aragonès decidió adelantar las elecciones catalanas e, ipso facto, el Gobierno reaccionó renunciando a presentar los Presupuestos Generales de 2024. De un día para otro, los socialistas pasaron de proclamar la importancia de gobernar con unas cuentas públicas actualizadas a restar toda importancia al hecho de tener que prorrogar las del año anterior.

Abril

El día 24, el juez instructor del caso Begoña, Juan Carlos Peinado, abrió diligencias previas contra la mujer del presidente por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios privados. Ese día, el presidente anunció en una carta a la ciudadanía que necesitaba reflexionar. Con el tiempo se supo que, para entonces, Sánchez conocía que su esposa estaba imputada, pero lo ocultó. Cuando el presidente volvió de su retiro, señaló que aquello era «un punto y aparte». El 17 de julio sustanciará aquella advertencia, cuando presente en el Congreso su «plan de calidad democrática», que así lo ha llamado.

Mayo

El mes empezó con la decisión de la Junta Electoral Central de abrir un expediente a otro de los grandes protagonistas de este curso: el presidente del CIS, José Félix Tezanos, que hizo una encuesta flash sobre la carta de Sánchez en plena campaña catalana.

Aunque fue, ante todo, el mes de la aprobación definitiva de la ley de amnistía por 177 votos a favor (faltó una diputada de Podemos que también habría votado sí) y 172 en contra. No obstante, el Gobierno decidió posponer su publicación en el BOE y entrada en vigor hasta después de las elecciones europeas del 9 de junio, para mantener a raya a los jueces esos días.

Junio

El día 4, el juez citó a declarar a Begoña Gómez como imputada para un mes después y el presidente escribió una segunda carta a los españoles. En ella cargó contra el instructor y trató de convertir las europeas en un plebiscito popular sobre su mujer. Al día siguiente se presentó con ella en un mitin en Benalmádena. Allí sucedió algo inédito: Sánchez anticipó dos semanas el fallo del Tribunal Constitucional sobre la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez.

El órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido ha estado funcionando a pleno rendimiento durante las últimas semanas para borrar la sentencia de los EREs que emitió la Audiencia Provincial de Sevilla en 2019 y confirmó el Tribunal Supremo en 2022. Y aún no ha rematado la faena.

También en junio, los socialistas recurrieron a una treta parlamentaria para despojar al Senado de su capacidad de vetar los objetivos de deuda y déficit del Gobierno. ¿Cómo? Introduciendo una enmienda intrusa en la ley de paridad para cambiar la ley de estabilidad presupuestaria. Y empezaron a negociar con ERC una «financiación singular» para Cataluña, a cambio de su apoyo a la investidura de Illa.

Julio

El mes ha comenzado marcado por el varapalo del Supremo al Ejecutivo, que el lunes decidió no aplicar la amnistía a siete cabecillas del procés condenados o acusados de malversación. En respuesta, el Gobierno sostuvo: «El texto de la ley es muy claro y meridiano y la voluntad del legislador también. Lo que tiene que suceder es que los jueces apliquen la ley».

Y también por un hecho inédito: la declaración de la mujer del presidente como imputada.