El «fango» de Sánchez: así maneja a los medios para premiar a los amigos y vetar a los críticos

Cada martes, el ritual es el mismo tras el Consejo de Ministros: una sala llena de periodistas y solo unos pocos, los elegidos, pueden preguntar. Muchos levantan la mano, casi siempre en balde: el Director de Información Nacional de la Moncloa, Miguel Ángel Marfull, da la palabra a quien considera oportuno. Y casi siempre son los mismos, de medios cercanos al Gobierno que nunca pondrán en aprietos a la ministra portavoz, Pilar Alegría.

Marfull, un periodista contratado por el PSOE ya en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero y de José Blanco, que luego ejerció en Público de cronista parlamentario hasta el cierre de su edición de papel, no actúa así de manera casual: es la mano derecha de Pedro Sánchez, su discreta pero eterna sombra en todos los grandes momentos.

Pero tampoco lo hace con algún tipo de respaldo que legitime su arbitrariedad, tal y como reconoce un documento en posesión de El Debate, firmado por Beatriz Rodríguez Pérez, directora de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno el pasado 17 de junio en el que se confiesa la ausencia absoluta de criterios objetivos para premiar a unos y castigar a otros. En concreto, Presidencia del Gobierno reconoce que no existe ningún documento o protocolo donde «consten los criterios de selección de los medios de comunicación que pueden intervenir en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros o de otras donde intervenga el presidente del Gobierno».

Sánchez lanza una causa general contra los medios críticos, sin dar una sola razón concreta, mientras permia a lo cercanos.

Además, explica que «durante las ruedas de prensa posteriores a la reunión del Consejo de Ministros, así como en las comparecencias públicas del Presidente del Gobierno, es el personal de la Secretaría de Estado de Comunicación, con distintas atribuciones y responsabilidades, el encargado de acompañar y asistir a los comparecientes», sin dar más detalles al respecto de quién o quiénes eligen a los medios que podrán realizar las preguntas a los ministros de turno.

En el pasado era la entonces ministra portavoz, Isabel Rodríguez. Tras su sustitución por Pilar Alegría, esa responsabilidad la ejerce uno de los hombres de la máxima confianza de Sánchez, el aludido Marfull.

Y no es una casualidad, sino la prueba del férreo control que Sánchez aplica en este ámbito, como quiso garantizarse en el artículo 14 del Real Decreto 890/2023, de 27 de noviembre, por el que se aprobó la estructura de la Presidencia del Gobierno, situando a la Secretaría de Estado de Comunicación directamente «bajo la dependencia orgánica del Presidente del Gobierno» y consignando que este organismo tiene entre sus funciones las «relaciones con los medios de comunicación, así como el análisis de la coyuntura nacional e internacional».

La fórmula del palo y la zanahoria es la que Sánchez aplica como un martillo pilón para recrear ese universo de la «máquina del fango» en el que, por definición, toda noticia adversa es un bulo que debe, además, perseguirse con reformas legales que corten las alas a medios y periodistas incontrolados.

A nadie le sorprenderá el veto de todos ellos en las ruedas de prensa en la Moncloa o para lograr una entrevista con el propio Sánchez, pero constatar que todo ello carece de soporte reglamentario y se hace por el popular «artículo 33» sirve, al menos, para contextualizar la guerra declarada por el presidente a la prensa independiente, objeto de reiterados ataques en esos medios a los que sí cuida y protege.

La Secretaría de Estado de Comunicación, en manos de Francesc Vallés, depende directamente del presidente, y, según la documentación en poder de El Debate, no existen protocolos claros a la hora de permitir preguntar ni tampoco para elegir los medios a los que Sánchez acude para conceder entrevistas, que suelen ser los más afines al Gobierno.

Allí acude a cuestionar la legitimidad de los críticos a los que previamente silencia y allí se va para anunciar, sin réplica, un paquete de medidas de «regeneración democrática» para reducir su financiación.

El presidente explicó en la Cadena Ser que desgranará estas medidas en una comparecencia en el Congreso de los Diputados de hoy, aunque adelantó que «una de las propuestas que haré al Congreso de los Diputados es establecer un máximo de financiación pública para los medios de comunicación. Porque lo que está sucediendo es que hay medios que solamente tienen recursos públicos y no tienen lectores».

Pero mientras quiere reducir la contratación publicitaria de los medios críticos a los que califica de «pseudomedios ultraderechistas», controla a su antojo la política comunicativa de la Moncloa premiando y castigando a unos y otros en función de sus simpatías.

Algo muy claro en este capítulo, con un Gobierno que ha gastado como ningún otro en publicidad institucional y lo ha hecho con los mismos «baremos» caprichosos que todo lo demás: El País y la Cadena Ser son los más favorecidos por decisión discrecional de la Moncloa, igual de contundente con las inversiones publicitarias que con los turnos de preguntas o las entrevistas al presidente: su radio favorita, por ejemplo, duplica en facturación pública a su inmediata perseguidora, la Cope, aunque las diferencias de audiencias o guarden esa proporción.

En esa línea, otra de las medidas desplegadas por el presidente desde que decidió tomarse unos días de reflexión, tras conocer la imputación de su esposa, fue iniciar una gira por medios y televisiones afines como la Cadena Ser, El País y la Sexta, donde aprovechó para publicitar su teoría de la denominada «máquina del fango» contra los medios de comunicación que informaban de la investigación abierta sobre las actividades de Begoña Gómez.

Por ello, El Debate solicitó a la Moncloa «la documentación donde consten las justificaciones de la necesidad de la realización de una gira por los medios de comunicación mencionados». Un soporte que, según recoge Presidencia del Gobierno en un escrito oficial fechado el 26 de junio, no existe, demostrando que esta «tournée» queda a libre elección de Sánchez y de sus asesores, atendiendo a sus propias necesidades.

Del mismo modo, la Moncloa no registra las solicitudes para entrevistar al presidente, ya que, según argumenta, «se reciben a través de distintos cauces y unidades de Presidencia del Gobierno, no existiendo una relación exhaustiva de la mismas», por lo que es imposible saber cuántas deniega y a qué medios lo hace.

Pero de lo que sí tiene constancia es de cuántas ha realizado en los últimos años, desde 2022 hasta mayo 2024, lo que demuestra sus filias y fobias en este sentido, siendo RTVE el grupo al que más veces ha acudido, con siete entrevistas televisivas y dos en RNE. Le sigue de cerca la Cadena Ser, con seis intervenciones; mientras que con cinco están La Sexta y La Vanguardia. El País y Telecinco tuvieron la ocasión de entrevistar al presidente en cuatro ocasiones.

El «fango» de Sánchez es una combinación de vetos caprichosos, de premios económicos, de amenazas legales, de señalamientos públicos e incluso de bulos sobrecogedores, repetidos por el PSOE sin ningún pudor. Hace solo una semana, un periódico digital volcado con el Gobierno se inventó que el juez instructor de la causa sobre Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, utilizó dos números de DNI para registrar sospechosas propiedades inmobiliarias.

Era falso. En realidad eran dos personas con el mismo nombre, sin ninguna relación entre sí. Pero a Sánchez le dio igual: su maquinaria solo aspira a silenciar lo incómodo a tapar con ruido bien compensado todo aquello que le perturbe o perjudique. Aunque sea la mismísima verdad.