Vox se lanza a liderar la lucha para que Puigdemont entre en prisión

El partido de Santiago Abascal, que se lanzó a ejercer la oposición al separatismo en los tribunales antes de entrar en las instituciones, como acusación popular en la causa del procés con Javier Ortega Smith y Pedro Fernández como abogados, está dispuesto a liderar la lucha para lograr que el expresidente catalán prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, entre en prisión para cumplir condena por los delitos de desobediencia y de malversación -toda vez que el Gobierno de Pedro Sánchez derogó el delito de sedición-, tal como dictó el Tribunal Supremo y confirmó en un auto el juez Pablo Llarena el pasado julio, rechazando aplicar la ley de amnistía.

Esta semana, y ante el regreso inminente de Puigdemont a España, según ha confirmado el dirigente independentista, para la investidura de Salvador Illa, Vox ha comunicado que, como acusación popular en el caso del 1-O, pedirá su ingreso inmediato en prisión. Se solicita en una «vistilla», esto es, el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que, puesto el detenido a disposición judicial, el juez instructor o tribunal, «salvo que decretare su libertad provisional sin fianza, convocará a una audiencia en la que el Ministerio Fiscal o las partes acusadoras podrán interesar que se decrete la prisión provisional del investigado o encausado o su libertad provisional con fianza». Tal y como detallan fuentes del partido, Vox solicitará su ingreso en prisión por riesgo de fuga y reincidencia. A partir de ahí, el Supremo decidiría si va o no a prisión, o si impone medidas cautelares como entregar el pasaporte, aunque apuntan que es difícil porque es un cargo electo por Cataluña, o fianza.

El pasado junio, la formación de Abascal presentó un escrito de alegaciones al Tribunal Supremo en el que pedía no aplicar la ley de amnistía a Puigdemont ni al resto de líderes del referéndum ilegal del 1-O, y solicitaba subsidiariamente que, en el caso de que el Alto Tribunal considerase que sí debe aplicarse, no lo hiciera antes de preguntar al Tribunal Superior de Justicia Europeo, y en este sentido remarcaba el partido la incompatibilidad de la ley de amnistía con el derecho comunitario. Y hace unas semanas incidía en su petición al Supremo, en un recurso de súplica, de elevar una cuestión prejudicial al TSJE, respecto al delito de desobediencia, después de que el TS rechazara en un auto amnistiar la malversación y acordase impulsar una cuestión de inconstitucionalidad, esto es, consultar a la justicia europea, sobre la desobediencia.

Desde el juicio del procés, Vox ha querido liderar la batalla judicial contra Puigdemont, y contra el resto de líderes del 1-O. Así, cabe recordar, por ejemplo, que en octubre de 2021, pocos días después de que el líder de Junts, fugado desde 2017, fuera detenido en Cerdeña por orden del Supremo, la coordinadora jurídica del partido, Marta Castro, se trasladó hasta la isla italiana para pedir personarse en la causa abierta en el Tribunal de Apelación de Sassari, que era el que decidía sobre la extradición de Puigdemont. Un mes después, lo pedía en la Corte de Roma, para participar en la causa sobre la inmunidad del expresidente catalán. Y en 2022, Castro, en representación de la formación de Abascal, remarcaba en el Tribunal de Justicia de la UE, en Luxemburgo, que las órdenes de detención y entrega eran de obligado cumplimiento.

Protesta frente al Parlament

«Los hechos que ocurran en el Parlament de Cataluña van a ser cruciales para el futuro de Cataluña y para la igualdad entre todos los españoles», afirmó en un mensaje difundido en sus redes sociales Ignacio Garriga, secretario general de Vox y líder del partido en la región. Y aludió por un lado a la votación de investidura de Salvador Illa, al que definió como candidato separatista, tras el acuerdo entre el PSC, ERC y los Comunes, y por otro, a la intención de Puigdemont de acudir a ese debate y por tanto pisar suelo español. Así, prometió una oposición «firme» al «socialismo traidor y al golpismo separatista». «Si es necesario, colaboraremos con las fuerzas del orden para la inmediata detención de Puigdemont si pisa suelo español», aseguró.

Así, el partido ha impulsado una protesta este jueves a las 9:30 frente a la puerta del Parlament, bajo el lema «Sánchez y Puigdemont acabarán en prisión», y llama a acudir con la bandera de España para que el expresidente fugado sea detenido de inmediato y no entre en el Parlament, algo que, como subrayó Garriga, que pidió al presidente de la Cámara impedir que lo hiciera, es una «humillación» a la institución y al pueblo español.

Como ha contado El Debate, desde Junts piden que si detienen a Puigdemont, se suspenda el pleno de investidura de Illa. Con ello buscan ganar tiempo hasta llegar a una fecha clave, el 26 de agosto, sin investidura. Este es el plazo límite para elegir presidente y evitar la repetición electoral.