Marlaska declara secreta la medalla a Aldama mientras le prohíbe usarla

El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, condecoró al denominado por la UCO como «nexo corruptor» de la trama Koldo, Víctor de Aldama, con la Cruz del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco, por su servicio al cuerpo. La medalla fue impuesta por «acciones o conductas de extraordinario relieve» en interés de la Patria. Según declaró en el juzgado el encausado, fue por su colaboración con la unidad antiterrorismo, algo que corroboró en sede judicial el coronel de la Guardia Civil Francisco José Vázquez, miembro de la Unidad Central Especial 2, aunque el alto mando no proporcionó detalles sobre las tareas de Aldama, amparándose en la ley de secretos oficiales para no hacerlo. Una maniobra similar a la de su jefe, el Ministro Fernando Grande Marlaska, quien ha optado por mantener secreto el expediente de concesión para no provocar un «perjuicio para la seguridad pública», pese a que se trata de actuaciones que se produjeron hace años.

Interior afirma que así garantiza «la confidencialidad» y «el secreto requerido», si bien al mismo tiempo inicia los trámites para prohibir a Aldama utilizar el distintivo, tal y como el propio ministro confirmó en una entrevista en RNE. Y todo ello «por la gran difusión que ha recibido la noticia en los medios de comunicación y la alarma social producida».

Según el Ministerio de Interior, tal y como consta en una resolución del pasado 23 de diciembre firmada por el General de Brigada David Blanes de la Guardia Civil y a la que ha accedido en exclusiva El Debate, «el ministro del Interior concedió la Cruz con distintivo Blanco de la referida Orden a D. Víctor Gonzalo Aldama Delgado, a propuesta ordinaria de una Unidad de la Guardia Civil», sin detallar cuál, aunque tal y como publicó El Debate, fue a petición de la entonces directora general de la Benemérita, María Gámez, según queda reflejado en el Boletín Oficial de la Guardia Civil del 27 de septiembre del año 2022. Para el General, no obstante, hacer entrega de la «copia íntegra del expediente administrativo de concesión» de la condecoración «supondría un perjuicio para la seguridad pública».

Este mismo General, mediante escrito del pasado 17 de diciembre, negaba también el acceso a información relacionada con la medalla al tratarse de información de carácter confidencial y secreto.

Sin embargo, el coronel Vázquez declaró ante el juez que fue el comandante Rubén Villalba, investigado en esta causa por cobrar 88.119 euros procedentes de la trama entre 2021 y 2023 a cambio de proporcionar teléfonos seguros para los cabecillas, quien propuso otorgarle esta medalla, que se creó mediante de una ley franquista de 1976 que el Gobierno de Sánchez no ha derogado.

En concreto, se trata de la Ley 19/1976, de 29 de mayo, sobre creación de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil, concebida para «premiar las acciones o conductas de extraordinario relieve, que redunden en prestigio del Cuerpo e interés de la Patria». Esta ley franquista en vigor fue desarrollada por la orden del Ministerio del Interior 2008/2012, que regula la concesión de dichas condecoraciones, y señala que las propuestas ordinarias se proponen anualmente con ocasión del aniversario de la Fundación de la Guardia Civil y de la festividad de Nuestra Señora la Virgen del Pilar «Patrona del Cuerpo» para premiar «la constante y cotidiana superación de sacrificios, riesgos, fatigas o relevantes colaboraciones con la Guardia Civil».

Además, el hecho de que se le concediera el distintivo blanco implica que se entrega por «ejecutar, dirigir o colaborar directamente en el éxito de un servicio en el que por su extraordinaria dificultad e importancia se hayan evidenciado relevantes cualidades profesionales o cívicas», por «sobresalir con perseverancia y notoriedad en el cumplimiento de los deberes de su empleo o cargo, de forma que constituya una conducta ejemplar digna que se resalte como mérito extraordinario» o por «realizar estudios profesionales o científicos, u otros hechos o trabajos sobresalientes, que supongan notable prestigio para el Cuerpo, o utilidad para el servicio oficialmente reconocido».

Es decir, Aldama realizó alguna colaboración relevante con la Benemérita para obtener la condecoración, pero Marlaska se niega a hacer públicas las razones de esa distinción, alegando que divulgar el expediente completo de la concesión de la medalla supondría un «perjuicio para la seguridad pública». De hecho, según ha publicado este periódico, el empresario colaboró en la desarticulación de una célula yihadista encargada de captar a menores de edad que operaba entre Valencia y Zamora llevada a cabo por la Guardia Civil en agosto de 2023.

Sin embargo, aunque es pública y notoria la existencia de tal condecoración, el Gobierno prefiere mantener oculta la razón de su concesión, mientras prohíbe al empresario utilizarla por la «alarma social» generada al conocerse la noticia de su existencia. De hecho, el propio Marlaska ha confirmado la tramitación de un expediente para ello, indicando que se trata de una medida cautelar y que la decisión lleva aparejada la «limitación» del uso de la medalla de la Guardia Civil, ya que no puede retirársela.

Es decir, mientras Marlaska justifica la prohibición de la mostrar la medalla impuesta al denominado por la UCO como «nexo corruptor» de la trama por la «alarma social» generada al conocerse su concesión, ahora prefiere mantener ocultos los motivos de la misma, apelando precisamente a esa misma seguridad pública que dice querer mantener.