Vox refuerza su discurso contra la política migratoria del Gobierno tras los altercados en Salt

Los disturbios que se han vivido estos días atrás en el municipio de Salt, en Gerona, tras una protesta por el desalojo de un imán que llevaba cinco años sin pagar el alquiler, ha llevado a Vox a poner el foco aún más en el problema migratorio y en la inseguridad que atraviesan varios municipios de Cataluña. Los altercados, en los que se lanzaron objetos a los Mossos d'Esquadra y se quemaron contenedores, acabaron con siete personas detenidas, y la oposición en la región ha pedido la comparecencia de la consejera de Interior, así como la del presidente, Salvador Illa, en el caso de Vox.

Ignacio Garriga, secretario general de la formación, se trasladó el pasado jueves hasta esta localidad para denunciar los hechos, y aseguró que no considera que estos incidentes tengan que ver con un problema relacionado con la vivienda, como han trasladado algunas voces: «Lo que ha sucedido es que una autoridad islámica ha intentado doblegar la ley nacional española. (...) Una turba de extranjeros ha decidido dar soporte a un delincuente que llevaba mucho tiempo sin pagar su alquiler y que pretendía okupar una vivienda», señaló. El también líder del partido en Cataluña auguró que es «el preludio» de lo que puede pasar en otros municipios catalanes si no se frenan las políticas migratorias del «bipartidismo» ni se restablece la ley y el orden, y recalcó que desde Vox trabajarán para que Cataluña no se convierta en Argelia o Marruecos.

También el portavoz nacional de Seguridad del partido, Samuel Vázquez, sostuvo tras los disturbios que se estaba asistiendo «al intento de establecimiento de una zona No-go en España casi en directo», y equiparándolo a lo que ocurre a mayor escala ya en países como Francia o Suecia, señaló que se observaba la «discusión de la autoridad tradicional de Occidente, jueces o policías, por parte de otra autoridad que se quiere imponer: la Sharia, la ley islámica, los imanes». «Se está llevando a cabo una sustitución poblacional en muchos puntos sirviéndose de culturas que no tienen nada que ver con la nuestra y que están arrinconando a los españoles imponiéndose mediante la violencia», expresó, por su parte, la portavoz parlamentaria del partido, Pepa Millán, en sus redes sociales.

Vox, que ya estas semanas atrás, a propósito del 8-M, alertó sobre los riesgos en este caso para las mujeres en España de la islamización, vuelve a incidir estos días en las consecuencias que puede traer consigo que se fomente la inmigración de una cultura incompatible con la occidental y que no se integra, y denuncia las políticas de fronteras abiertas y de efecto llamada del Gobierno. De hecho, esta semana, en la sesión de control en el Congreso, Santiago Abascal preguntará a Pedro Sánchez si después de lo ocurrido en Salt cree bueno el Ejecutivo «continuar con la misma política migratoria».

A raíz de estos incidentes, la formación ha registrado una moción en el Senado para debatir en la Comisión de Interior en la que alertan de que «el problema de la inmigración, especialmente de la que procede de culturas incompatibles con la nuestra, está adquiriendo unas proporciones nunca vistas» y que la llegada masiva de inmigrantes ilegales y de aquellos que pese a que residen aquí legalmente «se niegan a integrarse» está provocando desde hace décadas problemas de convivencia y de inseguridad, apuntando el caso de Salt como el episodio más reciente.

En el texto, Vox recrimina al Gobierno central su «inacción» en lo relativo al control de fronteras, a la vista de que en 2024 entraron ilegalmente 63.970 inmigrantes, y critica que quiera apostar por lo que ha denominado «migración circular», que provocaría un efecto llamada, así como que pretenda llevar a cabo una regularización masiva de inmigrantes, a través de la modificación de Reglamento de Extranjería, tras la que, a su juicio, se esconde, por otra parte, la idea de disolver la nación «a través de la sustitución demográfica del pueblo español». Además, subraya la «discriminación» que suponen estas políticas para los inmigrantes que han llegado ilegalmente y se han integrado.

Así, con su moción insta al Gobierno a derogar esta reforma por la que se regularizarían a 300.000 inmigrantes al año hasta 2027; a acabar con esas políticas de efecto llamada y a expulsar inmediatamente a los inmigrantes ilegales, así como a aquellos que cometan delitos graves o delincan de forma reiterada.

En cuanto a los menores, reitera su propuesta de que sean devueltos a sus países de origen con sus familias, y de que se cierren los centros de acogida. Exige acabar con los empadronamientos ilegales, que permiten a los inmigrantes en situación irregular tener acceso a beneficios y ayudas sociales, y que se impida que lleguen estas ayudas a los que han venido ilegalmente. También, suprimir las subvenciones a asociaciones y ONG que faciliten la inmigración ilegal, y suspender las ayudas de Cooperación al Desarrollo a aquellos países que no colaboren en la lucha contra este tipo de inmigración.

Por otro lado, Vox pide que se impida «la entrada y expansión del fundamentalismo islámico» en España, evitar que se financie, y cerrar los centros fundamentalistas islámicos «donde se denigra a la mujer y no se respetan los principios de la civilización occidental».