El mercadeo de menores extranjeros entre Sánchez y Junts desmonta la moralina de la izquierda

Hacía solo unas horas que el ministro Fernando Grande-Marlaska había denunciado la «catadura ética y moral» de Carlos Mazón por asumir los postulados de Vox en inmigración ilegal cuando Junts volvió a cantar premio en la lotería de Pedro Sánchez.

La formación de Carles Puigdemont anunció este martes un acuerdo con el Gobierno que, a falta de conocer los detalles, se resume en dos puntos. Punto uno: de los más de 4.000 menores extranjeros no acompañados hacinados en Canarias que serán trasladados a la península, Cataluña acogerá los que quiera Junts -ni siquiera Salvador Illa-, que no serán más de 30. Punto dos: el Gobierno central repartirá el resto entre las demás comunidades de manera obligatoria y por decreto. Prácticamente todas están gobernadas por el PP.

La noticia se ha producido con el acuerdo entre Mazón y Santiago Abascal en caliente, y en mitad de la campaña desatada por el Gobierno y el PSOE -tanto monta, monta tanto- contra Alberto Núñez Feijóo por meter a la Comunidad Valenciana, dicen, en las fauces de la extrema derecha xenófoba.

Ahora, los socialistas tendrán que explicar por qué el acuerdo presupuestario de la Comunidad Valenciana destila racismo y el que ellos han firmado con Carles Puigdemont no. Este segundo acuerdo, además, se produce tres semanas después de otra alianza entre el Gobierno y Junts; una por la que Sánchez delega a Cataluña competencias exclusivas del Estado en materia migratoria para que cuando Junts gobierne pueda erigirse en guardián de la pureza catalana y expedir permisos de residencia en función de si un inmigrante habla catalán o no.

«El PSOE está diciendo hoy que la Comunidad Valenciana es racista en materia de inmigración. Pero lo que va a hacer la Comunidad Valenciana es lo que harán todos los territorios del PP: negarse a acoger a menores inmigrantes si no hay capacidad para alojarlos con respeto y garantías. Son personas a atender, no paquetes a recepcionar», según fuentes populares.

Desde el PP recuerdan que sus comunidades aceptaron el anterior reparto de menores, muy inferior a éste -eran 347 inmigrantes-, porque fue voluntario y porque no había grandes diferencias entre territorios. Aquel acuerdo desencadenó, el pasado mes de julio, la salida de Vox de los cinco gobiernos regionales que compartía con el PP: Comunidad Valenciana, Castilla y León, Extremadura, Aragón y Murcia. Como también, que el partido de Santiago Abascal dejara de apoyar externamente al Ejecutivo de Baleares.

El pacto entre el Gobierno y Junts amenaza con provocar una rebelión entre las comunidades del PP, igual que la quita de 17.104 millones de euros de deuda catalana. Aunque los socialistas contraatacarán acusando a sus presidentes de ser insolidarios y, al PP, de haber provocado este desenlace por negarse durante meses a aceptar una reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería en los términos que el Ejecutivo quería.

Pero, además, está por ver qué les parece a los socios de izquierdas de Sánchez, que el lunes se apresuraron a clamar al unísomo contra Mazón. Y, sobre todo, qué le parece a Sumar, que está integrado por partidos regionales cuyas comunidades se ven afectadas por este reparto desigual e impuesto. Entre ellos, Más Madrid, puesto que Junts está presumiendo de que la Comunidad de Madrid tendrá que acoger a 700 y Cataluña a 20 o 30 a lo sumo. Y Chunta Aragonesista. Y Compromís.

Sánchez necesita el concurso de toda la mayoría de investidura para que el decreto ley sea después convalidado en el Pleno del Congreso. Si le falla uno, el castillo de naipes se derrumba.