El Gobierno cae en su propia trampa: proclama en el decreto de los menas que inmigración y extranjería son exclusivas del Estado

El real decreto ley que el Consejo de Ministros aprobó el martes para obligar a las comunidades autónomas a asumir cupos obligatorios de menores extranjeros no acompañados proclama en hasta siete ocasiones que las competencias en materia de extranjería e inmigración son exclusivas del Estado. E invoca en otras cinco ocasiones el artículo de la Constitución donde así está recogido, el 149.1.

El Gobierno ha caído así en la trampa que él mismo diseñó para hacer pasar por constitucional la delegación de competencias en materia migratoria y de extranjería a Cataluña, que plasmó en una proposición de ley orgánica registrada conjuntamente por el PSOE y Junts en el Congreso a principios de marzo. Entonces, el Ejecutivo se escudó en que el artículo 150.2 de la Carta Magna contempla la posibilidad de que el Estado delegue o transfiera a las comunidades aquellas competencias «que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación». De manera que enmascaró el acuerdo con Carles Puigdemont bajo la fórmula de una delegación de competencias y no un traspaso ni una cesión, a pesar de las dudas manifestadas por los juristas y de las protestas del PP y de Vox. Porque el artículo habla claramente solo de aquellas que «por su propia naturaleza» puedan serlo, no de todas.

El texto del real decreto ley que este miércoles publicó íntegro el BOE (puede leerlo aquí) señala no una ni dos, sino hasta siete veces que esas competencias son exclusivas del Estado. De hecho, es precisamente esa exclusividad lo que el Gobierno argumenta para imponer su criterio a las comunidades, a pesar de que son éstas las que tienen las potestades en materia de infancia y de servicios sociales. «Este real decreto-ley se dicta al amparo del artículo 149.1, apartados 1.ª y 2.ª, de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, y en las materias de inmigración y extranjería, respectivamente», según el texto de la norma, que tiene rango de ley.

El real decreto ley es un autogol tal que, en él, el Gobierno llega a citar dos sentencias en las que el Tribunal Constitucional determina que la inmigración y la extranjería son materias reservadas al Estado: «En este sentido, el Tribunal Constitucional ha subrayado la competencia exclusiva del Estado en materia de inmigración y extranjería (STC 31/2010, de 28 de junio), indicando también, en la STC 87/2017, de 4 de julio, que esta competencia tiene dos vertientes fundamentales», detalla la norma.

La de 2017 se refiere, precisamente, a un recurso que la entonces Defensora del Pueblo presentó contra la Ley de Cataluña 10/2010 de acogida de las personas inmigradas y de las regresadas a Cataluña por inconstitucional. En uno de sus artículos, que fue anulado por el tribunal de garantías, la Generalitat estipulaba que solo se ofrecería formación en castellano a los inmigrantes que, antes, hubieran alcanzado un nivel adecuado en catalán. Lo curioso es que la proposición de ley registrado al alimón entre socialistas e independentistas alude a esa ley catalana como «marco legislativo preexistente».

A qué se debe el autogol

El tiro en el pie del Gobierno es debido a que, para redactar esta norma, los socialistas han reciclado el texto de su proposición de ley de reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que el Pleno del Congreso tumbó a finales de julio de 2024, con los votos en contra del PP, Vox y Junts. Porque, por aquel entonces, el Ejecutivo sostenía que no quería imponer un reparto de menores, sino llegar a un acuerdo con los populares por las buenas, dado que gobiernan en la mayoría de las comunidades.

Cuando los socialistas redactaron aquella iniciativa frustrada (puede leerla aquí), faltaban aún muchos meses para que Pedro Sánchez entregara a Cataluña dos competencias que la Constitución reserva al Estado, a exigencia de Puigdemont. Es más. Por aquel entonces, el discurso de los ministros era el opuesto. El pasado 18 de septiembre, Fernando Grande-Marlaska declaró en el Congreso: «Sabe que tanto el control de fronteras como el control de los flujos de migración irregular son competencia exclusiva del Estado y del Gobierno central, por lo que no son susceptibles de ser transferidos o delegados», en respuesta a una pregunta de un diputado de Junts. Ayer, el propio ministro del Interior defendió la delegación de competencias migratorias, aunque lo hizo con ciertas dificultades, como contó este diario.

A pesar de ser muy parecidos, en los textos de la proposición de ley malograda y del decreto ley aprobado hay varias diferencias. Una de ellas llamativa. En julio, los socialistas alertaban en aquella iniciativa parlamentaria de que la llegada a España de inmigrantes procedentes de África iba a aumentar en el corto plazo. Lo hacían con estas palabras: «Dentro de esta circunstancia, es particularmente acusada la afectación a ciertos territorios de nuestro país, como es el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Ciudad de Ceuta, estando prevista su agravación en un futuro próximo». Sin embargo, ese pronóstico pesimista ha desaparecido por completo del decreto ley aprobado, que no hace la más mínima previsión sobre el futuro.