Balance judicial  Conde-Pumpido encubre su subordinación a Sánchez en un TC cuestionado tras fulminar la presunción de inocencia y por el 'enjuague' de los ERE

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, defendía esta semana desde el Pleno extraordinario de la Corte, celebrado en Cádiz, que el órgano de garantías debe mantenerse «imperturbable» ante las críticas. Un acto conmemorativo en busca de una «inexistente grandeur histórica» con el «ansia de ocultar decisiones difíciles de explicar», apuntaban a El Debate algunos críticos.

Conde-Pumpido atraviesa las que están siendo sus horas más bajas desde que llegase a la Presidencia de un TC renovado a la medida de Pedro Sánchez y, cada vez más, cuestionado por las sentencias dictadas en las causas ideológicas y políticas sensibles para el Gobierno.

La Constitución no es un programa (...) Está hecha para que puedan gobernar posiciones muy diferentes, es un marco muy amplioCándido Conde-PumpidoPresidente del Tribunal Constitucional

No en vano, a lo largo de los últimos días, el Constitucional protagonizaba dos episodios que siguen horadando el suelo de la Corte de Garantías, bajo los pies de un cónclave de mayoría izquierdista que ha alterado su propia doctrina consolidada, en algunos asuntos de referencia; retorcido las costuras de la Carta Magna para encajar algunos planteamientos que nunca deberían, si quiera, haber sido admitidos a trámite; o, modificar las sentencias firmes del Supremo invadiendo la competencia exclusiva del Alto Tribunal para interpretar la ley aplicable y dictar resoluciones ajustadas a la misma.

Presunción de inocencia

El primero en la frente ha sido el fallo dictado en lo que se ha descrito como un histórico compromiso de la Corte con «identificar donde pueden producirse» hechos discriminatorios contra la mujer por su condición –explicaba la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, durante su turno de palabra– cuando, en realidad, se estaba refiriendo a una polémica ponencia de su compañera la María Luisa Balaguer, con la que se ha dado amparo a un secuestro.

Una sentencia con la que la mayoría de la Sala Segunda, salvo el voto particular de dos de los cinco magistrados del bloque profesional, ha dado el visto bueno a un cambio de domicilio de una madre con su hijo mejor de edad, sin autorización del padre y ex marido, por el mero hecho de que ella hubiese interpuesto antes una denuncia falsa por violencia de género contra el hombre, como quedó acreditado en el proceso penal, o sin importar que el acusado fuese absuelto. Una Sala de un Constitucional violentando el derecho fundamental a la presunción de inocencia sin despeinarse.

De nada ha servido que el hombre quedase limpio de cualquier sospecha y que la Justicia alcanzase la «certeza» de que la mujer empleó una herramienta que debería ser de protección, como la violencia de género, de forma espuria. Nada ha importado que en la criminalización de un conflicto civil de divorcio por parte de la madre, para salirse con la suya, se alejase a un niño de su padre, perfectamente capacitado para cuidarlo, por la negativa de la progenitora a compartir la custodia. A pesar de todo ello, el Constitucional, con la firma de Balaguer y tres magistrados más (los de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, Laura Díez y Ramón Sáez), daba la razón a la mujer, por el mero hecho de serlo.

El 'enjuague' de los ERE andaluces

El segundo escollo para el Constitucional llegaba, esta misma semana, de la mano de la Audiencia Provincial de Sevilla (APS), órgano encargado de la ejecución de las condenas de la denominada pieza política de los ERE de la Junta socialista de Andalucía, tras cuestionarse la polémica sentencia con la que la Corte de Garantías rebajó las penas impuestas por el Supremo a los principales responsables de la trama y se plantea elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Según adelantaba El Debate, de fuentes próximas al ente judicial, la Sección Primera de la Audiencia sevillana dio un plazo de «diez días» a las partes personadas en la macrocausa para que se pronuncien antes de presentar una consulta formal ante Europa, ya que considera que el fallo dictado por el TC en el asunto podría vulnerar el Derecho comunitario.

«No se puede dejar de lado la posibilidad de que las valoraciones que hace el Tribunal Constitucional en esas sentencias, que le llevan a entender a esta sección primera [de la Audiencia Provincial de Sevilla], la Sala Segunda del Supremo, ha vulnerado el derecho a la legalidad penal de los recurrentes en amparo, no sean del todo compatibles con el derecho de la Unión», argumentaba la APS en su escrito.

Ajeno al conflicto, no menor, planteado sobre el asunto, Conde-Pumpido relativizaba el 'enjuague' perpetrado por la Corte, bajo su batuta, y sin unanimidad posible, para salvar a los políticos socialistas condenados, señalando cómo el TC recibe al año unos 6.000 recursos contra sentencias del Supremo y no todos, ni siquiera la mayoría, son rectificados.

«Mantenernos imperturbables»

No en vano, en su comparecencia ante los medios, y en respuesta a las preguntas sobre las críticas al órgano de garantías que preside, el ex fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero parafraseaba a su predecesor, Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA, para subrayar que «el Tribunal Constitucional no debe estar pendiente ni de aplausos ni de críticas».

«Debemos mantenernos imperturbables. Las críticas jurídicas las agradecemos porque nos ayudan a reflexionar, otras «no las tenemos en cuenta», subrayaba.

Para acto seguido asegurar que «la independencia y autonomía» de los doce magistrados que lo componen «está perfectamente garantizada» con el sistema actual.

Conde-Pumpido aseguraba, además, que «no tenemos en cuenta las opiniones de los políticos». Estos pueden« opinar sobre un mismo tema en un momento que no es constitucional y en otro sí», exactamente igual que el TC bajo su batuta, teniendo en cuenta que desde que llegó al cargo, la oposición no ha ganado ni uno solo de los recursos planteados contra normas estratégicas del Gobierno. O, lo que es lo mismo, que el Ejecutivo socialista ha visto reforzadas sus tesis, por arriesgadas que fueran, de la mano de una Corte conformada a la medida de Pedro Sánchez y sus socios de legislatura.

«La percepción de la Justicia no sólo depende del resultado, sino también de la forma en que se llega a él», han advertido en no pocas ocasiones los juristas y expertos críticos con la deriva del TC.