La falta de funcionarios que quieran trabajar en las cárceles vascas generan un agujero de 2 millones de euros

Más de dos millones de euros, 2.047.350 euros para ser exactos, es el coste que supone para las arcas vascas la falta de funcionarios de prisiones que quieran trabajan en las cárceles vascas. Es lo que ha tenido que pagar por las 136.488 horas extras que han tenido que hacer los funcionarios que todavía resisten en Zaballa (Álava), Basauri (Vizcaya) y Martutene (Guipúzcoa) desde que el Gobierno vasco asumió la competencia de política penitenciaria en octubre de 2021 ante la falta de personal.

Y es que, tras la marcha de 87 funcionarios tras el concurso de traspasos que tuvo lugar la semana pasada, la precariedad se ha adueñado de las prisiones vascas.

El director general del Servicio Penitenciario vasco, Pablo Martínez, pasó por el Parlamento vasco el pasado miércoles para explicar la situación de las cárceles vascas y sus explicaciones no fueron demasiado alentadoras.

Entre las tres prisiones dependientes del Gobierno vasco suman 1.762 presos, 447 presos más que los que calculó el Gobierno Vasco cuando asumió las competencias. Así que, si hay más presos de la cuenta y menos funcionarios de los previstos, el resultado es que el Gobierno Vasco ha tenido que contratar a 200 interinos de los que la mitad ya se encuentran trabajando. Pero son unos trabajadores que tan solo han recibido una formación de 10 días y la tutorización de sus compañeros de prisión una vez que se incorporan.

El problema es que la próximo Oferta Pública de Empleo (OPE) no se prevé hasta el año que viene, por lo que hasta entonces habrá que tirar de interinos, algo que es temido por los funcionarios que actualmente trabajan en las cárceles vascas. «Al fin y al cabo, los interinos, y menos con esa formación tan escasa, no suplen ni mucho menos el trabajo que realiza un funcionario veterano», reconocen.

El propio presidente del PNV, Andoni Ortuzar, reconoció en su día que la transferencia de las competencias penitenciarias había sido una concesión del Gobierno de Pedro Sánchez a Bildu, que con ellos no se había contado a la hora de acordar el traspaso. Y de todos es sabido que la única pretensión de Bildu a la hora de hacerse con las competencias penitenciarias era recibir el acercamiento de los presos de ETA, cosa que ya tienen, para proceder a su excarcelación a través de la concesión del tercer grado, cosa que ya tienen la mitad de los etarras. El resto de problemas que supone el traspaso de las competencias penitenciarias poco le importan a los de Otegi.