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El Hotel Guadalpín estaba catalogado con 5 estrellas
Málaga
Auge y caída de uno de los hoteles de lujo más emblemáticos de Marbella
La plantilla del Gran Hotel Guadalpín Banús se ha movilizado para exigir a la Junta de Andalucía que mantenga sus puestos de trabajo ante el posible cierre del establecimiento
Lo que en 2002 parecía otro proyecto estrella, que sumaba un punto más al lujo y la exclusividad de Marbella y su entorno, a día de hoy es un negocio sepultado por las deudas y las irregularidades urbanísticas, con casi 200 empleados a punto de perder su trabajo y con clientes en riesgo de quedarse en la calle en mitad de sus vacaciones.
El Hotel Guadalpín Banús, que esta pasada semana sufrió el cierre parcial de sus instalaciones, abrió sus puertas en 2005, presentándose ante los marbellíes como un complejo de apartamentos de lujo en la Costa del Sol que, en realidad, se levantó ignorando cualquier norma urbanística de la mano de la promotora Aifos, liderada por Jesús Ruiz Casado.
Aifos, que también erigió el Hotel Guadalpín Marbella, empezó a desmoronarse en 2009 y comenzó su liquidación a partir de 2014. Para entonces ya había vendido en torno al 40 % de los apartamentos del exclusivo hotel y lo gestionaba por medio de PSH Guadalpín, una sociedad satélite. Dejó una larga ristra de 5.000 acreedores a los que debía 890 millones de euros, siendo la mayoría de ellos pequeños compradores, que aún a día de hoy continúan pleiteando, y entidades bancarias que habían financiado sus ambiciosos proyectos.
El principal acreedor, sin embargo, es la Agencia Tributaria. Según datos publicados por Hacienda, Aifos le sigue debiendo 90,1 millones de euros; Promotores y Consultores Ziur (el apellido del promotor escrito al revés), 37,7 millones; y Sun Farm, también de Ruiz Casado, 32 millones. Además, él y su mujer, Teresa Maldonado, deben cada uno a la Hacienda Pública la cantidad de 15 millones de euros.
Este proceso, que continúa sin resolverse, está en manos de la Justicia, que determinará si el concurso de acreedores de Aifos fue culpable de lo sucedido. En cualquier caso, la Fiscalía solicitó en enero de 2023 que Ruiz Casado fuese inhabilitado para gestionar empresas durante 12 años y que se le impusiese una multa de 120 millones de euros.
Por otro lado, el Guadalpín tampoco estuvo exento de dudosos trámites urbanísticos durante su construcción. Entre sus compradores más famosos se encontraba Isabel Pantoja, una asidua de Marbella por aquel entonces. Un día después de que la artista adquiriese uno de sus lujosos apartamentos, Julián Muñoz, su pareja de la época, le concedió licencia de primera ocupación al complejo. Toda la tramitación urbanística que rodeó a la construcción del hotel estuvo, además, plagada de irregularidades, pero el proyecto se sacó adelante aún en contra del criterio de seis informes de técnicos municipales que advertían que no se ajustaba al planteamiento. Y es que el Guadalpín se construyó sobre unas casas bajas con una licencia de reforma menor.
No fue hasta diez años después, en 2014, cuando los responsables de estas irregularidades respondieron ante la Justicia. 14 concejales de aquel ayuntamiento, incluyendo a Julián Muñoz, Marisol Yagüe e Isabel García Marcos, fueron condenados a 15 meses de prisión y 3.000 euros de multa tras llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.
A día de hoy, el malogrado complejo, dividido y traspasado por zonas para reducir la descomunal deuda de Aifos y sus entidades satélite, continúa siendo explotado por un organismo cuyo administrador único es, precisamente, Ruiz Casado. Los trabajadores, víctimas de todo este entramado, solicitarán soluciones este lunes a la Junta de Andalucía en una concentración ante la Delegación Provincial de Turismo. Mientras tanto, el hotel, a pesar del cierre de sus zonas comunes, sigue abierto con cerca de doscientos clientes hospedados y con la inminente celebración de varias bodas en las próximas semanas. La continuidad de sus servicios a pleno rendimiento está más en el aire que nunca.
Concentración de los trabajadores
Morales ha señalado que «sus reivindicaciones son claras, la Junta de Andalucía no puede mirar hacia otro lado cuando les corresponde a ellos mantener una planta hotelera en funcionamiento y no troceada por intereses particulares».
Por su parte, Christian González, representante del Comité de Empresa del Hotel Guadalpín Banús, ha reiterado su deseo de que «Turismo cumpla la ley, tenemos un calendario de movilizaciones, que si no recibimos ninguna respuesta que nos diga que esto se va a solucionar, nuestro calendario seguirá adelante».
«Puede haber muchos propietarios, pero nadie tiene derecho a tenerlo cerrado, eso tiene que estar abierto según la Ley de Turismo. Tendrá uno la razón, la tendrá otro, pero no se pueden cerrar instalaciones», menos aún cuando resultan ser «instalaciones comunes», ha recordado González.
Para el representante del Comité de Empresa, la situación es muy complicada para los trabajadores. «Es imposible mantener a todos los cocineros si no hay una cocina, es imposible tener camareros si no tenemos restaurantes, no hay ninguna empresa que pueda soportar eso», ha señalado, temiendo la posibilidad de que empiece a «salir gente a la calle al tener que hacer un ERTE».