Los acampados por la vivienda de Valencia amenazan con ocupar nuevos espacios: «Ya no nos vale solo la plaza»

La acampada por el derecho a la vivienda y contra la turistificación en Valencia cumple seis días en la plaza del Ayuntamiento, con la firme intención de prolongarse al menos hasta el próximo domingo. Los organizadores aseguran que, si no se atienden sus demandas, no descartan intensificar sus protestas con nuevas medidas de presión, como la ocupación de otros espacios públicos, convocatorias de manifestaciones adicionales y hasta una posible adhesión a huelgas de alquileres y consumo.

«No nos rendiremos hasta conseguir nuestros objetivos, porque nos va la vida. La acampada es una estrategia política que se construye día a día. Hemos recuperado la plaza del Ayuntamiento y la hemos hecho nuestra, como símbolo del vecindario en resistencia. Ahora vamos un paso más allá: si no tenemos casa, ya no nos vale solo la plaza. Lo queremos todo y lo lucharemos todo», han asegurado.

Así lo ha expresado en una rueda de prensa Alba Font, una de las portavoces de la acampada, junto a la también portavoz Marta Sanchis y el representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) José Luis González, en rueda de prensa en la plaza del Ayuntamiento. Allí se mantienen decenas de personas acampadas desde el pasado sábado para dar continuidad a las demandas de la multitudinaria manifestación «València s'ofega» (Valencia se ahoga) convocada por el movimiento València no està en venda (Valencia no esta en venta).

Por el momento, los acampados aseguran que continuarán acampados hasta el domingo, aunque han remarcado que «eso no significa» que no continúen más días por que lo seguirán decidiendo «día a día» de forma colectiva en sus asambleas, como hasta ahora.

Sus objetivos pasan por ampliar las demandas de la manifestación del pasado sábado y están dispuestos a «parar» la ciudad' si la crisis de vivienda y la expansión de la turistificación continúan sin medidas efectivas por parte de las autoridades. También contemplan convocar nuevas manifestaciones y sumarse a las propuestas de agrupaciones sindicales de una huelga de alquileres o consumo, sobre todo dejando de comprar en empresas que «destruyen el territorio y especulan con la vivienda».

Se trata de «medidas de presión» que han acordado de forma asamblearia y que llevarán a cabo «si no hay cambios reales y efectivos». Para ello, pretenden entregar este viernes sus reivindicaciones por registro de entrada al Gobierno, a la Generalitat y al Ayuntamiento de Valencia, si bien son conscientes de que no escucharán sus peticiones porque de momento ningún partido político se ha reunido con ellos.

Los acampados también rechazan las declaraciones de los últimos días de representantes políticos abogando por la construcción de vivienda como principal solución. «No podemos comer cemento», ha ilustrado la portavoz Marta Sanchis, quien ha exigido voluntad política a las tres administraciones y ha advertido que «la gente tiene ganas de huelga general» por la crisis de la vivienda.

Además, ha remarcado que todas las acciones que se plantean desde el Gobierno, el Consell y el Ayuntamiento, como la moratoria de apartamentos turísticos, 'tienen una trampa'. 'En el contexto en el que estamos, las medidas tienen que ser drásticas: una moratoria de un año no es nada', ha subrayado Sanchis.

Sus exigencias

Entre las exigencias dirigidas al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los acampados exigen la regularización de todos los alquileres en función de las rentas, la prohibición de compra de vivienda por parte de fondos de inversión y el fomento de modelos cooperativistas, además de la paralización de todos los desahucios sin alternativa habitacional y fondos para crear un parque público de vivienda. También exigen paralizar la ampliación del puerto de Valencia y de otros «proyectos destructivos» con el territorio.

Al Presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, le reclaman aplicar la Ley estatal de Vivienda para regular los precios del alquiler, consolidar un parque de vivienda mediante tanteo y retracto o la absorción de inmuebles de la Sareb y obligar a grandes tenedores a renovar contratos a familias sin recursos. Otras de sus propuestas son poner «fin a la promoción turística», anteponiendo a los vecinos y a los productos de proximidad, y no modificar la protección de la huerta de Valencia.

Y en clave local, urgen a la Alcaldesa de Valencia, Mª José Catalá, que la ciudad se declare como zona tensionada para regular los alquileres, crear un parque público municipal o estudiar la prohibición de los apartamentos turísticos, junto a una moratoria de licencias hoteleras. Piden además revertir la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto a suelo agrícola, mantener la Albufera y la huerta como 'espacios intocables' y paralizar proyectos urbanísticos como los Programas de Actuación Integrada (PAI).