Antifraude investiga el sobrecoste de un contrato deportivo del Ayuntamiento socialista de Rojales (Alicante)

La Agencia Valenciana Antifraude ha abierto una investigación sobre el Ayuntamiento alicantino de Rojales, gobernado por el socialista Antonio Pérez, por presuntas irregularidades en el contrato del servicio de escuelas deportivas. La investigación se origina tras una denuncia del Partido Popular, que alerta sobre un posible pago indebido a la empresa adjudicataria basado en el número de inscritos, sin verificar la asistencia real de los usuarios.

Durante una conversación con El Debate, el concejal del PP en Rojales, Alberto Ros, sostiene que el contrato de gestión de las escuelas deportivas establece que «la facturación será mensual a razón de asistentes». Sin embargo, el Ayuntamiento paga a la empresa adjudicataria en función de las inscripciones iniciales, sin un control sobre cuántos alumnos continúan acudiendo a las actividades.

«Cuando se saca el contrato hay unas tablas que estipulan el pago por usuario: atletismo se paga a 10 euros, baloncesto a 12...», explica Ros. «En atletismo, por ejemplo, hay 120 inscritos, pero si acudes a los entrenamientos ves que asisten unas 30 personas. Estamos pagando a la empresa por 90 usuarios que no van». Según sus cálculos, esto supone un sobrecoste de entre 2.500 y 3.000 euros mensuales.

El concejal 'popular' afirma que la falta de control ha sido reconocida incluso por el equipo de Gobierno. «En pleno nos admitieron que es verdad que no hay control. Pero cuando la cosa se puso fea, dijeron que lo corregirían en el próximo contrato. El problema es que el contrato venció en septiembre, sigue sin renovarse y continúan aplicando el mismo sistema», denuncia.

Ante la falta de medidas correctivas, el PP decidió acudir a la Agencia Valenciana Antifraude. «Pusimos la denuncia el 1 de enero y el 4 de marzo Antifraude envió un requerimiento al Ayuntamiento solicitando información detallada sobre los pagos realizados a la empresa», informa Ros.

La versión del equipo de Gobierno

El concejal socialista de Deportes, Pedro Llopis, niega a El Debate que exista una irregularidad y defiende que el pago a la empresa no se basa en el número de inscritos, sino en las horas de servicio prestado. «Se pagan las horas estipuladas en el contrato. No hay en ningún sitio que ponga que se pague por usuario», afirma.

Sin embargo, el pliego económico del contrato recoge que «el precio del contrato de servicios se fija en unidades de ejecución en función de los usuarios inscritos». Ante esta discrepancia, Llopis argumenta que se trata de «una fórmula para determinar la previsión inicial» y que en la práctica el pago siempre se ha realizado según las horas contratadas.

Respecto a la presencia de usuarios de otras localidades que se encuentran a 20 kilómetros de distancia, el edil socialista minimiza su impacto y lo justifica en el atractivo de la oferta deportiva de Rojales. «Tenemos un pueblo muy acogedor y mucha gente del pueblo participa en estas actividades. Es normal que haya usuarios de fuera», sostiene.

Sobre la investigación de Antifraude, Llopis confirma que el Ayuntamiento ha recibido el requerimiento de documentación y que «se facilitará toda la información solicitada». Añade que «no es la primera vez que Antifraude pide información al Ayuntamiento» y que, en caso de que se detecten aspectos a mejorar, se corregirán.

Diez días para dar la documentación

La Agencia Valenciana Antifraude ha requerido al Ayuntamiento de Rojales que remita, en un plazo de diez días hábiles, toda la documentación relativa al contrato de las escuelas deportivas. En su escrito, la Agencia señala que «el inicio de actuaciones solo se producirá cuando se haya comprobado la existencia de indicios razonables de veracidad de los hechos denunciados».

Entre la documentación exigida figuran certificados de Intervención sobre los pagos realizados a la empresa adjudicataria, facturas emitidas, listados de ingresos por matriculación y asistencia a las actividades, así como copia de la oferta económica presentada por la empresa JR.R.M., adjudicataria del contrato.

El requerimiento subraya que «las entidades públicas deben auxiliar a la Agencia con celeridad y diligencia» y advierte de que «el incumplimiento injustificado del deber de colaboración podrá constar en la memoria anual de la Agencia o en informes extraordinarios elevados a la comisión parlamentaria correspondiente».

La resolución de la investigación de Antifraude será clave para determinar si ha existido una mala praxis y si el Ayuntamiento deberá modificar su sistema de contratación y control de asistencia en estas actividades o, incluso, si hay algún indicio de delito, ya que se podría haber matriculado usuarios de manera ficticia aumentando así la recaudación de la empresa a cargo del erario público.