La concejal de Los Verdes encausada, Martina Scheurer
Juzgan a una concejal ecologista de Orihuela por adjudicar chiringuitos de playa de forma irregular
Martina Scheurer, de Los Verdes, se enfrenta a una petición de tres años y medio de prisión y 15 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos
Este miércoles, la exconcejal de Costas y Playas del Ayuntamiento de Orihuela en 2013, Martina Scheurer, se sentará en el banquillo de los acusados ante la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche. La edil, que formaba parte del grupo Los Verdes durante el mandato del exalcalde del mismo partido, Monserrate Guillén, está acusada junto a un empresario de cometer irregularidades en la adjudicación de la explotación de los servicios de playas y chiringuitos en la costa oriolana.
Según la Fiscalía, Scheurer y el empresario incurrieron en prácticas ilícitas en el proceso de contratación, entre ellas la inclusión de nuevas condiciones en los pliegos del concurso. Una de ellas fue la obligatoriedad de poseer la certificación 'Q' de calidad turística, requisito que la edil habría comunicado al empresario antes de la publicación oficial del pliego, permitiéndole obtener el reconocimiento con antelación.
El periodo de presentación de ofertas, una vez publicados los pliegos, fue de 20 días. Este plazo resultó insuficiente para que las otras tres empresas interesadas pudieran obtener la certificación exigida, lo que las dejó fuera de la licitación. Ante esta situación, las mercantiles perjudicadas denunciaron los hechos, lo que llevó a la apertura del caso. Posteriormente, el grupo municipal Centro Liberal Renovador (CLR), representado entonces por el exconcejal Pedro Mancebo, amplió la denuncia.
La Fiscalía solicita provisionalmente para Scheurer una pena de tres años y medio de prisión y 15 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, por los delitos de prevaricación administrativa, fraude y revelación de información privilegiada. Para el empresario, el Ministerio Público pide cinco años y nueve meses de prisión, acusado de prevaricación, fraude y uso de información privilegiada.
El caso salió a la luz en 2017, cuando la Policía Nacional detuvo a Scheurer, al empresario investigado y a un técnico municipal del área de Contratación. Tras su arresto, los implicados prestaron declaración ante las autoridades policiales. Ocho años después el proceso judicial determinará las posibles responsabilidades penales de cada uno de los encausados.
